Tendencias de la opinión pública
Falta mayor deliberación respecto de la baja confianza institucional y sus efectos políticos. Nteresantes resultados arroja la Encuesta Bicentenario UC 2021. Un 64% de la población piensa que existe violencia en el país y que hay que darle mucha importancia, pues amenaza con destruir el orden institucional. Se replicó así una pregunta equivalente del año 1970, y se indagó también sobre este asunto en 2011: la cifra actual es más elevala que hace una década y aún más que en 1970. Quizás vinculado con esta preocupación es que disminuye —respecto de la última vez quese indagó, en 2012—el respaldo de la violencia para promover distintas causas. La excepción esel caso de enfrentarse a una dictadura, donde es apoyada por un 28% en ambosaños.
En cambio, cae de 20 a 13 por ciento la justificaciónal uso de la violencia enel caso de minorías indígenas que reclaman tierras ancestrales, Las modificaciones quizás están influidas por el relevante aumento en la percepción de que hay grandes conflictos entre distintos grupos de la sociedad (la proporción másalta, 88 por ciento, se refiere al caso de mapuches y Estado chileno). En lo que puede parecer paradójico, también la justificación de queel Éstado haga uso de la fuerza ante saqueos, barricadas y manifestaciones públicas no autorizadas cae significativamente. Esto puede explicarse por la fuerte disminución de la confianza en Carabineros, desde un 33% en 2017 a un 17% última medición. La baja confianza en diversas instituciones —incluida la Convención, con 16 por ciento— debería generar preocupación. Estos fenómenos son habitualmente el resultado de la percepción de que el desempeño de esas instituciones es mediocre o malo. La crisis política que ha vivido Chile desde octubre de 2019 tiene aquí una causa —por cierto, no la única— sobre la que ha habido poca deliberación.
De hecho, lo que más se le pide a una nueva Constitución es una sociedad con instituciones más honestas y confiables (44 por ciento), por encima, por ejemplo, de menos diferencias entre ricos y pobres (23 por ciento). Pero, claro, la nueva Constitución, por su carácter, difícilmente logrará eso. La Encuesta Bicentenario revela también una mayor depor un Estado que ofrezca más garantías sociales.
Así, crece la preferencia por polítias universales (alcanzando un 45 por ciento) respecto de políticas dirigidas hacia los más vulnerables (32 por ciento). Se privilegia asimismo, como determinante del bienestar, la entrega de mayores garantías del Estado (buena educación y trabajo), lo que alcanza un 47 por ciento, respecto del esfuer Zo personal, que se sitúa en 30 por ciento.
Se confirma, además, una inclinación por la igualdad social (62 por ciento) antes que por el crecimiento (18 por ciento). Estas opiniones pueden estar influidas por el shock que generó la pandemia y la poca capacidad de las personas para controlar sus vidas en estas circunstancias.
Pero esas respuestas también pueden estar afectadas por la fuerte caída en la percepción de que el país podrá ser desarrollado en los próximos diez años, expectativa mencionada por solo un 40 por ciento de la población.