Autor: Por Sergio Sáez F.

El abogado que resucitó a Minera Dominga
Patricio Leyton, socio de Ferrada Nehme Quieren iniciar faenas en segundo semestre Tras el fallo favorable del Primer Tribunal Ambiental, la compañía Andes Iron, propietaria de Minera Dominga, celebró el dictamen y manifestó su intención de iniciar faenas pronto. “Confiamos en que este nuevo fallo favorable de un tribunal de la República permita dar inicio prontamente a la fase de construcción de este proyecto. Esperamos que esto ocurra el segundo semestre de 2021, una vez que se hayan cumplido los requerimientos establecidos por el tribunal”, sostuvo la firma tras el fallo.
Sobre el dictamen, expresó que “la sentencia del tribunal ambiental establece inequívocamente que los antecedentes aportados por el titular del proyecto son suficientes y completos”. Éste, agregó, es un “proyecto anhelado por la inmensa mayoría de los habitantes de la región y especialmente de la comuna de La Higuera, en la que tendrá un impacto económico y social sumamente relevante, generando cerca de 10.000 empleos directos en su etapa de construcción”. N septiembre de 2016, el abogado Patricio Leyton (49) asumió la representación judicial de Minera Dominga, controlada por la familia Délano Méndez.
El profesor de Derecho de la Universidad de Chile y socio de Ferrada Nehme ha jugado un rol clave en la resurrección del proyecto minero-portuario de hierro y cobre que fue rechazado en la segunda administración Bachelet, pero que el 16 de abril recibió el espaldarazo del Primer Tribunal Ambiental, que manifestó que los antecedentes aportados por la empresa en el proceso de evaluación ambiental son completos y “permiten definir y abordar adecuadamente sus impactos sinérgicos”. Si bien este dictamen puede ser apelado ante la Corte Suprema por los opositores a la iniciativa, que pretende levantarse en la comuna de La Higuera (Región de Coquimbo), Leyton cree que es un avance pues reconoce los elementos técnicos por sobre las opiniones políticas que han pesado sobre el proyecto.
Leyton recuerda que desde un comienzo, el Servicio de Evaluación Ambiental (en febrero de 2017) recomendó aprobar el proyecto dado que cumplía con la normativa, sin embargo el GobierRelata su experiencia con las comunidades de la localidad de La Higuera y cómo revirtió el rechazo al proyecto que fue detenido por el gobierno pasado.
El abogado ambiental debe estar en terreno, hay que ver el proyecto, hay que ver a la gente, conocer a las personas” no Regional de Coquimbo lo rechazó en una polémica votación dividida en marzo del mismo año. Cinco meses después, el Comité de Ministros liderado por el extitular del Medio Ambiente Marcelo Mena rechazó el proyecto, según Leyton por una decisión política sin un sustento técnico.
Ello gatilló la renuncia de todo el equipo económico de la administración Bachelet: Rodrigo Valdés (Hacienda), Alejandro Micco (subsecretario) y Luis Felipe Céspedes (Economía) “Acá no me pueden decir que la discusión no terminó siendo política, siendo que debió haber sido técnica. El ente técnico recomendó aprobar el proyecto y luego, tras lo sucedido en el Comité de Ministros, renunció el equipo económico completo y más adelante el ministro del Medio Ambiente”, expone el abogado. Sistema de trabajo El caso Dominga es uno de los más complejos que ha enfrentado el estudio Ferrada Nehme. Tanto así que han participado en distintas instancias los socios Luis Cordero, experto en derecho público, y Nicole Nehme, desde el derecho económico. Leyton y su equipo ambiental, conformado por las abogadas Carolina Salamanca y María Pilar Domínguez, se enfocaron en los detalles técnicos, pero también comunitarios en la zona. “El abogado ambiental debe estar en terreno, hay que ver el proyecto, hay que ver a la gente, conocer a las personas.
Recorrí las siete localidades cercanas, conversé con gente que se oponía, también con gente que estaba a favor y algo que me quedó muy marcado: En una zona llamada Caleta Chungungo, había varios pescadores que estaban preocupados porque pensaban que el proyecto tal vez podría generar impactos. También vi a señoras llorar cuando lo rechazaron. Ahí es donde la institucionalidad ambiental debe darles la tranquilidad de que los riesgos están cubiertos”, relata.
Cuenta que a pocos días de tomar el caso, debió asumir el Proceso de Participación Ciudadana (PAC), instancia donde el gobierno, las empresas y las comunidades del área de influencia de una iniciativa de inversión se reúnen y analizan sus observaciones.
“Por eso me encantan las PAC, el abogado ambiental debe ser un puente para propiciar el diálogo entre la empresa, la comunidad, las autoridades y también los opositores. colegio pensó en ser psicólogo, luego barajó ser tributarista, pero al final se inclinó por el área ambiental.
Leyton ha asesorado a otras mineras, como El Morro, de la canadiense Goldcorp, a Corfo en litigios contra SQM, a Norte Abierto en el proyecto Casale, y actualmente trabaja junto a la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham) para la aplicación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).