COLUMNAS DE OPINIÓN: oportunidad para corregir
COLUMNAS DE OPINIÓN: oportunidad para corregir Opinión En las redes La Punilla: oportunidad para corregir Jorge Bocaz Expresidente Colegio de Ingenieros A.G.
Zonal Ñuble E l reciente fracaso de la licitación del proyecto Embalse Nueva La Punilla sin oferentes, tras siete postergaciones, ha abierto una nueva posibilidad: que el Estado, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1.123, asuma directamente la ejecución de esta obra largamente esperada, también deseable en términos de soberanía técnica y vínculo territorial.
Sin embargo, cualquier relanzamiento de este proyecto no puede ignorar un hecho fundamental: las más de 100 familias rurales que fueron expropiadas desde 2013 para dar paso al embalse, muchas de las cuales recibieron montos cercanos a los 30 millones de pesos. Esa cifra, en el Chile actual, no alcanza para adquirir un terreno con servicios básicos ni para construir una vivienda que reemplace adecuadamente la que perdieron. Tampoco compensa la pérdida de años de esfuerzo productivo Peor aún, en 2018 se ejecutaron desalojos irregulares, sin procesos adecuados ni reparación efectiva. La Contraloría General de la República ha ordenado a la Superintendencia del Medio Ambiente resolver con urgencia el proceso sancionatorio abierto en 2021 contra el Ministerio de Obras Públicas por estos hechos. Diez cargos se formulan, tres de ellos graves, en una causa que sigue abierta y que ilustra el descuido institucional hacia los derechos de los más vulnerables. La situación se agrava si se considera que la jurisprudencia nacional y los dictámenes de la Contraloría han reiterado que toda expropiación debe ser indemnizada conforme al daño patrimonial efectivamente causado. No basta una tasación fiscal: debe reconocerse el valor real de los bienes y del modo de vida perdido. Cuando eso no ocurre, el afectado tiene derecho a recurrir para exigir una compensación justa, y así ha quedado establecido en múltiples fallos. No se trata de oponerse al embalse. Muy por el contrario: Punilla es una obra necesaria para enfrentar la crisis hídrica y energética, apoyar la agricultura regional y asegurar agua para el consumo humano. Pero no puede seguir avanzando como si aquí no hubiese ocurrido nada. No puede construirse una gran obra pública sobre la base de la injusticia social. La implementación del DFL 1.123 abre la oportunidad de recomenzar con responsabilidad.
El Estado puede y debe establecer un nuevo trato con las comunidades, revalorizando las compensaciones, actualizando el Plan de Desarrollo Social, garantizando la relocalización efectiva y digna de todas las familias afectadas, y reconociendo el daño causado por la mala gestión anterior. Este nuevo proceso debe incorporar criterios de equidad territorial, participación vinculante y transparencia, como lo exigen los tiempos. El desarrollo no puede medirse solo por los metros cúbicos de agua almacenados. También debe medirse por la forma en que tratamos a las personas. La Región de Ñuble merece una infraestructura moderna, pero también merece que sus habitantes sean escuchados, respetados y reparados. Que este embalse no se convierta en una cicatriz social, sino en un ejemplo de cómo el Estado puede rectificar el rumbo y construir no solo obras, sino también justicia..