Advierten que penas para menores deben aumentar, pero también las sanciones para adultos que los reclutan
Advierten que penas para menores deben aumentar, pero también las sanciones para adultos que los reclutan Fue un hecho que conmocionó a la ciudadanía en las últimas semanas, no solo porque se trataba de un secuestro, sino porque tras la liberación del empresario retenido se detuvo a seis personas y dos de ellas eran menores de edad, extranjeros, de 16 y 15 años. Los arrestados fueron formalizados por la fiscalía y poco después se sumaron otros cuatros imputados por el caso, aunque todos adultos.
Este es uno de los tantos casos que han involucrado a jóvenes en delitos recientemente, preocupando su nexo con el crimen organizado y abriendo la interrogante sobre si es momento para una reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que aumente las sanciones. n ¿ Cambio de contexto justificaría una reforma? Para algunos expertos, por el entorno distinto en que se creó, "ha llegado el momento" de hablar de su actualización. "El fenómeno criminal bajo el cual se dictó, en 2005, ha cambiado por completo. Hoy existe una importante presencia del crimen organizado y de bandas que captan a menores de edad para cometer delitos", sostiene el penalista Alejandro Espinoza.
Y, añade, "en las condiciones actuales, adolescentes que cometen delitos gravísimos, como homicidio, robos con violencia o violación, deben afrontar penas más severas, que sean efectivas, para desincentivar la criminalidad o, al menos, impedir que continúen su carrera delictiva". En la misma línea, la también penalista Catherine Lathrop afirma que "la ley se creó en un contexto muy diferente, cuando la criminalidad organizada no usaba a menores como lo hace hoy.
Ahora observamos a adolescentes que son manipulados por redes delictivas, precisamente, porque saben que las sanciones son mínimas". Así, cree, "hay que endurecer las penas, pero también hacerse cargo del problema (... ), basta analizar un par de audiencias para cerciorarse de que el sistema está obsoleto". "Reformar la ley penal juvenil mientras está en curso una puesta en marcha de esta envergadura constituye un serio error", plantea el exdirector del Servicio Nacional de Menores (Sename) Francisco Estrada, en referencia a la próxima aplicación de la Ley 21.527, con el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil --del cual es miembro el Consejo de Estándares y Acreditación-e instituciones.
En enero comenzará su implementación en la zona centro del país. "El empleo de menores por bandas organizadas comenzó a principios del siglo pasado, no es un fenómeno nuevo, y los constantes aumentos de penas han tenido efectos limitados en su enfrentamiento", recuerda.
Aunque la exdirectora del Sename, Rosario Martínez, piensa que el aumento de penas "por sí solo no detiene la participación de adolescentes en delitos ni en el crimen organizado", reconoce el problema en torno a las bandas que reclutan a menores, entre otras razones, porque "saben que enfrentan sanciones más bajas". La estrategia debe ser, dice, "combatir el reclutamiento, endureciendo las sanciones para quienes utilicen o induzcan a menores en delitos graves". Es básico, explica la también profesora de la U. del Alba, "fortalecer la empleabilidad juvenil, para que esos jóvenes tengan opciones reales fuera del delito.
Sin ese equilibrio, cualquier reforma (... ) corre el riesgo de ser simbólica y no efectiva". Para Lathrop, en cambio, se debe bajar la edad de responsabilidad penal "en casos muy graves" y, en paralelo, "aumentar significativamente las penas" si un menor ha sido utilizado para cometer delitos, pero, advierte, "debe hacerse con criterios claros y bien definidos, para que la acreditación no se preste a arbitrariedades ni a un uso excesivo que comprometa garantías fundamentales". n Críticas a eficacia de mecanismos de rehabilitación "No existen políticas adecuadas, no hay recursos suficientes, no hay voluntad política", comenta Espinoza, y precisa que "las estadísticas muestran que, al 2020, cerca del 25% de los adolescentes que cumplieron una condena reincidieron en los 24 meses". Martínez, en tanto, plantea que "el crimen organizado recluta a menores porque conoce las brechas del sistema: falta de oportunidades, programas de prevención social de baja cobertura y un modelo de reinserción social que no logra sostener cambios en el tiempo". A lo que Lathrop añade que, "en la práctica, muchos jóvenes atraviesan el sistema sin adquirir herramientas efectivas para escapar del ciclo delictivo. Si realmente queremos que una reforma tenga impacto, es fundamental que venga acompañada de un fortalecimiento genuino de la rehabilitación". No obstante, es contrario a reformar la ley.
Estrada asegura que "sí es razonable que la Cámara de Diputados fiscalice la implementación y pida cuentas, no solo al Servicio de Reinserción, sino a la Comisión Coordinadora Nacional de Reinserción Social Juvenil, de los avances y desafíos, y de los ajustes programáticos ante fenómenos de criminalidad organizada con sujetos en contextos de movilidad". Expertos ante mayor incidencia de niños y adolescentes involucrados en el crimen organizado: Advierten que penas para menores deben aumentar, pero también las sanciones para adultos que los reclutan ALEJANDRA ZÚÑIGA La actualización a la ley que regula esta materia genera debate y hay quienes también recuerdan que está en marcha el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, por lo que una reforma sería un "serio error". PLAGIO. -En el secuestro a un empresario, ocurrido el 7 de agosto en Quilicura, participaron al menos dos menores de edad. Una adolescente venezolana --al igual que la mayoría de los restantes involucrados-de 16 años y un joven colombiano de 15 años. CRISTIAN CARVALLO.