En un giro ante crisis de Putre, Ejército llama a retiro a principales mandos militares del norte
En un giro ante crisis de Putre, Ejército llama a retiro a principales mandos militares del norte Una serie de maltratos, verbales y físicos, que habrían sido efectuados por los superiores de los conscriptos de la Brigada Motorizada N 24 "Huamachuco" en la comuna de Putre, Región de Arica, recoge la querella por apremios ilegítimos, contra quienes resulten responsables, presentada la noche del martes por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ante el Juzgado de Garantía de Arica. La acción fue admitida a trámite ayer y se fijó para el 30 de mayo la audiencia donde se revisará la competencia de tribunales civiles en el caso.
El escrito recoge cinco testimonios de jóvenes que realizaban el servicio militar en la brigada en el sector de Pacollo desde el 21 de abril de este año en adelante y surge luego de conocerse la muerte del conscripto Franco Vargas (19) ocurrida el 27 de abril.
Se describe que el 21 de abril unos 250 jóvenes conscriptos se trasladaron hasta Pacollo, en el cual un último grupo de 45 soldados "fueron sometidos a golpes de pies y puños por parte de sus superiores a cargo", lo cual, según la querella, fue "en cualquier contexto y momento: mientras se desarrollaba la instrucción, cuando dormían, comían o durante las caminatas". "Privación de sueño" El INDH afirma que no se permitía usar ropa adecuada para las caminatas de noche, con temperaturas bajo cero, y que en el día no se contaba con la protección solar mínima, como gorro o lentes oscuros.
En esta línea, detallan que si bien tenían las prendas, no se les permitía utilizarlas, y advierten "privación de sueño durante varias noches". Se añade que al interior del recinto existía un "contexto de maltrato verbal permanente, con frases homofóbicas, tales como: "eres niñita, m.. .", y otras frases de connotación sexual, incluidas referencias a las novias o familias de los conscriptos. Además de los golpes y los maltratos verbales descritos en la querella, los conscriptos relatan haber convivido con "pésimas" condiciones sanitarias, incluido compartir letrinas grupales, donde además se les negaba el acceso a papel higiénico.
En una ocasión, según el escrito, uno de los conscriptos le manifestó a un teniente que no se sentía apto y que tenía "pensamientos de morir", quien le habría respondido, según señalan: "Acompáñame a mi oficina, te paso un cuchillo y mátate"'. En esta línea, también se menciona que los superiores, constantemente, les decían: "Un pelado menos es mejor". El documento resalta que a uno de los conscriptos le llamó la atención la actitud con la que algunos oficiales afrontaron la muerte de Vargas: "Cuando les hablaban al respecto, lo hacían en tono de burla; como si la muerte de él no fuera nada. Era irrelevante para ellos; había una actitud muy fría y distante en relación con su muerte". Lo anterior se repetía respecto de quienes se mantienen internados producto de intoxicaciones.
Entre las solicitudes del INDH, se encuentra que se practiquen "todas aquellas diligencias para la investigación de delitos de apremios ilegítimos", junto con despachar una orden de investigar a la PDI para identificar y tomarles declaraciones "a los (ex) soldados conscriptos que conformaron el `último grupo de 45' de los 250 soldados" que se encontraban en Pacollo; identificar a los funcionarios del Ejército a cargo de la instrucción de esos conscriptos; los protocolos al interior del Ejército relativos a salidas a terreno con conscriptos y entrenamientos en altura, y que se "informe detallada y documentadamente acerca de la cadena de mando" en el recinto militar, entre otras. Uno de los debates actuales es si el caso debe quedar solo en la justicia militar o en la justicia ordinaria.
Tanto en el comunicado conocido ayer como en la querella, el INDH defiende lo segundo, pues el instituto "plantea al Juzgado de Garantía de Arica que convoque a una audiencia con el Ministerio Público y la Defensoría Penal para que la Fiscalía Militar se inhiba de realizar indagaciones por estos hechos". "Un pelado menos es mejor": Admiten a trámite querella del INDH que recoge crudos testimonios Han pasado 12 días desde que falleció Franco Vargas (19), uno de los conscriptos de Putre.
ATON "(Conscriptos) fueron sometidos a golpes de pies y puños por parte de sus superiores a cargo, en cualquier contexto y momento: mientras se desarrollaba la instrucción, cuando dormían, comían o durante las caminatas". EXTRACTO DE LA QUERELLA PRESENTADA ESTA SEMANA POR EL INDH Golpes de pies y puños, además de burlas y maltratos verbales de connotación sexual y con referencias a novias o familiares, son parte del relato de cinco jóvenes sobre el ambiente en la Brigada Motorizada N 24 "Huamachuco", a la cual pertenecía Franco Vargas (19). Llegar a la ciudad de Arica y luego dirigirse hacia Putre para iniciar las primeras diligencias.
Esos fueron los primeros pasos del itinerario que espera realizar la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book, tras ser designada ayer por el Pleno de la Corte Suprema como ministra en visita para indagar los hechos ocurridos en la Brigada Motorizada número 24 del Ejército, a la cual pertenecía el conscripto Franco Vargas (19), quien falleció el 27 de abril pasado. La elección de Book se hizo en un pleno extraordinario.
Días atrás, la ministra de Defensa, Maya Fernández, había solicitado la designación de dos ministros en visita (al Ministerio Público Militar y a la Corte Suprema), además de pedirle al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que evalúe hacerse parte.
En un video difundido ayer por el Poder Judicial, la magistrada Book apuntó que "efectivamente, la idea es poder viajar hoy mismo (ayer miércoles), con destino a Arica, y mañana (hoy) constituirme en Putre en el lugar de los hechos con el fin de practicar aquellas primeras diligencias, y ojalá también poder tener alguna reunión con la familia de los conscriptos. Esas son las primeras diligencias que podría efectuar en esta visita". Agregó que "esta es una causa de justicia militar, por lo tanto es un procedimiento penal antiguo, escrito y secreto.
Por lo mismo, no podemos informar las diligencias a cabalidad o con mucha precisión". En este sentido, explicó que "básicamente", las primeras pesquisas que desplegará se relacionan con la acción concreta de "constituirse en el lugar de los hechos, tomar declaraciones, practicar careos y, lo más importante, hablar con los conscriptos que se encuentran allá en el regimiento". Suma cerca de 40 años en el Poder Judicial Como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrando sala, Book ha conocido causas como la indagatoria por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, el caso Yarur y el alza de planes de salud por GES.
La abogada de la Universidad de Chile --magíster en Derecho por la misma casa de estudios-lleva cerca de 40 años en el Poder Judicial, al que llegó en 1984 como secretaria del Primer Juzgado de Letras de Buin. También fue secretaria del 22 Juzgado Civil de Santiago hasta 2002, momento en que pasó a ser jueza titular del 7 Juzgado Civil de Santiago. Casi una década después, en diciembre de 2013, mediante un decreto supremo del Ministerio de Justicia, asumió en la Corte de Apelaciones de Santiago. En la actualidad integra la Tercera Sala de ese tribunal. Además, desde 2023 es miembro de la Corte Marcial, cuyo período legal termina en 2026. Ministra en visita viaja a Putre para iniciar diligencias La ministra Book dijo que espera tomar testimonios y realizar careos. PODER JUDICIAL. Fue designada ayer por el Pleno de la Corte Suprema para instruir la indagatoria.
En un giro ante la crisis que generó la marcha de instrucción del 27 de abril en Putre, altiplano de Arica y Parinacota, en la que murió el conscripto Franco Vargas (19), el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, llamó ayer a retiro a los principales mandos militares de la zona: el comandante en jefe de la VI División, general de brigada Rubén Castillo Herrera, y el comandante de la Brigada Motorizada N 24 "Huamachuco", coronel Sebastián Silva.
En su tercer día en la zona, a donde viajó para reunir información sobre el caso que también dejó a cuatro reclutas hospitalizados, el general Iturriaga reconoció que los antecedentes entregados por la institución sobre lo ocurrido no fueron los adecuados. "Es doloroso constatar que la información preliminar entregada adoleció de falta de precisión y ello llevó a las diferentes contradicciones de público conocimiento", recalcó (ver infografía). La indagación continúa, añadió, "para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió". La autoridad militar admitió tener "una duda razonable" respecto de la correcta ejecución de la instrucción y de los protocolos de régimen interno y sanitarios, y que "de comprobarse, en las investigaciones, deberán asumirse las responsabilidades que se determinen". Según el general Iturriaga, "hubo falta de diligencia y omisiones para pesquisar adecuadamente, y en un tiempo prudente, falsedades y tergiversaciones que conducen a la responsabilidad de mando de las máximas autoridades de la zona". Reacción tardía y rol de la madre del soldado El anuncio de ayer marca el momento más complejo de Iturriaga desde su llegada a la Comandancia en Jefe, en 2022.
Solo unas horas antes, el Presidente Boric había expresado "mi dolor, consternación y preocupación" por la muerte del soldado Vargas, "porque los jóvenes que sirven a la patria están bajo el cuidado del Ejército de Chile y tienen que ser tratados con dignidad". El mandatario convocó al jefe castrense y a la ministra de Defensa, Maya Fernández, para que mañana viernes le entreguen en La Moneda un informe sobre lo ocurrido y las medidas que se adoptarán para que esos hechos no se repitan. "Verdad y justicia", pidió ayer Boric.
Quienes conocen detalles del episodio estiman que tanto el Ejecutivo como el Ejército reaccionaron tardíamente a la muerte del conscripto --su deceso fue el mismo día del triple homicidio de los carabineros en Cañete y por varias jornadas la atención estuvo casi totalmente centrada en el sur-y que, además, se vieron sobrepasados por la tenaz actitud de la madre del conscripto, Romina Vargas, cuyos reclamos contra la institución castrense fueron encontrando cada vez más eco en medio del silencio oficial inicial. Este martes, por ejemplo, ella expuso en la comisión de Derechos Humanos del Senado, cuya presidenta, Fabiola Campillai, exigió la renuncia de Iturriaga. Este cuadro se potenció por la línea que siguió el Ministerio de Defensa cuando el caso ya estaba en los titulares. El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), viajó a Arica para reunir antecedentes.
Y cuando fue consultada por la continuidad de Iturriaga en la Comandancia en Jefe, la ministra Fernández (PS) no le dio un respaldo explícito. "Lo más importante ahora es la tranquilidad de las madres y los padres. Queremos que la investigación esclarezca todos los hechos, que no quede ninguna duda y que se apliquen las sanciones correspondientes", respondió.
En lo interno, el llamado a retiro de Castillo y Silva es un remezón para el Ejército, pues se trata de dos oficiales que estaban a cargo de una jurisdicción estratégica --fronteriza con Perú y Bolivia--, justamente por sus cualidades y buenas calificaciones.
No obstante, su salida también era algo que en las filas se comenzó a vislumbrar por el curso que tomaban las decisiones del comandante en jefe, que entre el lunes y martes apartó de sus funciones a tres oficiales y cinco suboficiales ligados a la marcha del 27 de abril. Si bien Castillo y Silva no tuvieron un rol directo en ese ejercicio, dado el contexto que se fue creando tuvieron que asumir la responsabilidad de mando.
Iturriaga dijo ayer que el Ejército "tiene la obligación y el compromiso de ser garante del resguardo y protección de nuestros soldados", y que las investigaciones determinarán "si el soldado Franco Vargas, que en paz descanse, debió o no haber marchado, de acuerdo a los protocolos", y que, de igual modo, "habrá que determinar las causas que mantienen a dos soldados graves en el Hospital Militar y a otro grupo que fue afectado por complicaciones de salud". General Iturriaga propuso salida de los comandantes de la VI División y de la Brigada Motorizada "Huamachuco": En un giro ante crisis de Putre, Ejército llama a retiro a principales mandos militares del norte V. FUENTES, M. VEGA, T. CELEDÓN e I. MARTINIC Comandante en jefe admitió "contradicciones" internas sobre la muerte del conscripto Franco Vargas.
Aseguró que ahora se busca precisar "si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió". n Oposición valora decisión de Iturriaga y desde el oficialismo la califican como tardía La decisión del general Iturriaga tras la crisis que generó la muerte del conscripto Franco Vargas fue valorada en el mundo político.
Pese a indicar que la resolución debería haber sido tomada antes, los parlamentarios destacaron la resolución e indicaron que la investigación debe seguir los cauces correspondientes para aclarar los hechos y darle "tranquilidad" a la familia del fallecido conscripto.
El presidente de la comisión de Defensa de la Cámara, Francisco Undurraga (Evópoli), valoró "el reconocimiento que hace el comandante en jefe del Ejército a lo tardía que fue la reacción durante la primera semana de esta tragedia. En segundo lugar, es importante que se deje fuera del mando a toda aquella persona que pueda ser responsable, ya sea por acción u omisión, en la misma tragedia.
Y desde ese punto de vista, lo que nosotros creemos, y yo en lo particular creo que se debe hacer es que, con transparencia, la fiscalía actúe para que podamos finalmente encontrar la verdad y dar `algo' de tranquilidad a la familia del conscripto fallecido". Su par de la comisión Camila Flores (RN) dijo que "la muerte de este soldado conscripto no puede quedar en impunidad, es por eso que me parece acertado que desde ya el comandante en jefe, el general Iturriaga, haya dado de baja dos altos mandos, esto, más allá de lo que la justicia militar pueda determinar como alguna pena aparejada a delitos". En el oficialismo, el diputado PS Tomás de Rementería calificó la decisión de "tardía", pero "correctamente el general Iturriaga ha tomado medidas para pasar a retiro a un general y a un coronel que estuvieron relacionados con la situación gravísima que se vivió en el regimiento Huamachuco.
Las versiones han sido disímiles por parte del Ejército y el general se demoró un poco en salir, pero más allá de pedir renuncias, lo que esperamos es que acá haya una investigación". Por su parte, el diputado ecologista Félix González advirtió que "si el general Iturriaga no es destituido, juntaré las firmas para una acusación constitucional en el Congreso. Las prácticas al interior de los regimientos y la falta de transparencia tras la muerte del joven Franco Vargas son inaceptables"..