Autor: DAVIED JAIME

Declaraciones de exfuncionarios de la Fuerza Aérea revelan reuniones desde enero para traficar drogas
Declaraciones de exfuncionarios de la Fuerza Aérea revelan reuniones desde enero para traficar drogas whisky, solo una de ellas llena.
En una audiencia de cerca de ocho horas realizada en el Tribunal de Garantía de Iquique fueron formalizados los cinco exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) dados de baja tras su presunta responsabilidad en el traslado ilícito de más de 4 kilos de ketamina.
Todos quedaron en prisión preventiva por tráfico de drogas y en el caso de los excabos Elías Villalonga Martínez, sindicado como el líder de la organización; Mauricio Ponce Dinamarca y Danilo Rivas Pulgar, también por asociación ilícita con fines de tráfico.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos quedaron al descubierto a la medianoche del 3 de julio, en la losa de la base aérea Los Cóndores, luego que uno de los miembros de la tripulación preguntara por la maleta que, minutos antes, el mecánico de cancha Rodrigo Silva Fuentes le había entregado a la jefa de cabina María Fernanda Rebolledo. Esto, con motivo de un presunto favor al cabo Ponce, que hasta ese minuto consistía en ropa que se le habría quedado en Iquique y unas botellas de whisky. El suboficial inició el protocolo al no tener mayores respuestas, por lo que se envió a RX.
La valija, en realidad, contenía 4 kilos con 80 gramos del poderoso anestésico en tres paquetes ovalados, además de dos botellas de Encuentros para coordinar envíos previos En los antecedentes dados a conocer en la audiencia de formalización por el fiscal Gonzalo Valenzuela, Villalonga declaró que ya “desde el mes de enero de este año comenzamos a hablar con el cabo Ponce, quien me señalaba que tenía problemas económicos, que le habían embargado su vehículo por no pago”, una delicada situación financiera que atravesaban ambos, según se planteó. De hecho, en su declaración del 10 de julio ante la Fiscalía de Aviación, Ponce afirmó que ganaba $1,1 millones de sueldo, pero que el dinero se le iba en pensión alimenticia y préstamos.
Dentro de la investigación, Villalonga y Ponce relatan los hechos del verano: “A fines del mes de enero, Ponce viajó en comisión de servicio en el (avión) Hércules por cinco días a la ciudad de Iquique”, leyó el fiscal, quien dijo que fue ahí cuando Villalonga inició las primeras coordinaciones para que Ponce se comunicara con los dueños de la droga para transportarla.
Se reunieron en el sector de Cavancha en un auto, “donde había un chileno y un extranjero”. Uno de ellos, se detalló en la audiencia, le hizo una videollamada por WhatsApp a Villalonga y le mostró el rostro de Ponce para verificar que era la misma persona. Si bien no se dieron más detalles del envío, ayer se relató cómo dejaron una mochila con un kilo de ketamina en el Hércules y coordinaron el retiro en Santiago. Por este traslado ambos recibieron $400 mil, dinero que le fue transferido por el mismo Villalonga a Ponce mediante una cuenta digital.
Dentro del relato de Ponce también se señala que la banda traía la droga desde Perú por el paso Chacalluta, con “burreros” que la pasaban en las plantas de los zapatos, tránsito que hacían varias personas, para luego acopiarla en Arica, y que solo la llevaban a Iquique una vez que se hacían las coordinaciones para un vuelo. En mayo según la investigación fueron contactados por la banda para un nuevo envío, momento en que comienzan a recibir amenazas de tipo verbal en el caso de no continuar con el ilícito.
“Sabemos que tienes una hija”, le dijeron a Villalonga, según lo divulgado, y tras varias excusas decidieron un nuevo envío a fines de mayo, también de cerca de un kilo de droga, por lo cual recibieron $450 mil cada uno de la misma forma.
La maleta del frustrado traslado En el caso del tráfico de cuatro kilos de ketamina, el persecutor sostuvo que Ponce se coordinó con sus camaradas para llevar la maleta con la misma excusa de que era ropa que se le había quedado en Iquique en sus vacaciones y botellas de whisky.
Ahí es donde según lo expuesto en la audiencia entraron los funcionarios Rivas, quien llevó la maleta a la base aérea, donde el mecánico Silva la recibe y se la entregaría finalmente a Rebolledo, jefa de cabina del vuelo 737 y amiga de Ponce. Las defensas de los últimos tres imputados rechazan los cargos del Ministerio Público y dan cuenta de que nunca estuvieron en conocimiento de qué tenía la maleta. “Pecó de confiado, pero eso no lo convierte en autor del delito de tráfico”, aseguró el defensor de Rivas, Claudio Roe.
En un tono similar, el defensor de Rebolledo, Gabriel Pérez, se opuso a la prisión preventiva y acusó que “no existió un ánimo de ocultación de ánimo de traficar una sustancia (... ). No tenía idea de la sustancia que tenía la maleta.
A lo más, una omisión de una formalidad de un traslado de bienes al avión, es una infracción administrativa, no un delito”. Entre los antecedentes presentados se incluyeron fijaciones fotográficas de los cuatro paquetes incautados y los respectivos análisis de campo que confirmaron que contenían ketamina, así como imágenes de conversaciones extraídas desde los celulares de los imputados, declaraciones de testigos y de los propios involucrados.
El juez Mauricio Chía aseguró que los antecedentes presentados por el Ministerio Público daban por acreditados los delitos que se les imputaban a los cinco exfuncionarios, al menos “para esta etapa procesal”. A juicio del magistrado, existen datos suficientes para determinar que Rivas, Silva y Rebolledo tienen participación en el tráfico en calidad de autores; que en el caso de Rivas queda clara con mensajes como “el águila llegó a su nido”. Chía dictó 180 días de investigación y la prisión preventiva por dicho período, tanto por el peligro para seguridad de la sociedad como por el hecho de delitos que se cometieron en un recinto del Estado y por funcionarios públicos. “Ni siquiera el arresto domiciliario total podría asegurar que no se pudiera cometer el mismo delito”, sostuvo el juez. La fiscal regional Trinidad Steinert destacó que “se logró establecer la existencia de una estructura criminal integrada por funcionarios de la FACh.
Estos, abusando de su calidad de servidores públicos, se dedicaban al almacenamiento y traslado de drogas desde la Región de Tarapacá a la Metropolitana”. Para la persecutora, “hay más personas involucradas; por lo tanto, no hemos terminado nuestro trabajo”. “Se logró establecer la existencia de una estructura criminal”. De acuerdo con la Fiscalía de Tarapacá, “hay más personas involucradas” que los cinco imputados. Juzgado de Iquique decretó prisión preventiva: “Se logró establecer la existencia de una estructura criminal”