PDI, el impacto institucional
PDI, el impacto institucional E n junio de 2021 asumió su cargo como director general de la Policía de Investigaciones Sergio Muñoz, quien presentó el viernes pasado su renuncia, después de que se revelaran diversas filtraciones efectuadas a Luis Hermosilla, abogado del llamado caso Audios; no alcanzó a completar la mitad de su período. Los antecedentes se conocieron luego de que, a propósito de esa investigación, se incautara y periciara el teléfono de dicho profesional.
Hay que recordar que Hermosilla defendía al ex director general de la institución, Héctor Espinosa, en una causa por malversación de gastos reservados; en particular, se acusa a Espinosa de haber desviado fondos de esta partida a sus cuentas personales. La filtración constituye, en principio, un delito "gravísimo", como lo ha calificado el ministro de Justicia. El abogado del exjefe policial ha declarado que los hechos, más que negarlos, requieren de una explicación y un contexto. Pero, si son efectivos, como sugiere este planteamiento, la situación no se puede minimizar. En efecto, no corresponde que la máxima autoridad de una repartición revele información a la que accede en función de su cargo. Tampoco, que mantenga un trato privilegiado con un penalista de la plaza o que incluso por esa vía solicite gestiones en su favor. De ahí que su renuncia inmediata era absolutamente necesaria, toda vez que los hechos efectivos no parecen estar en disputa. Sin duda, el que los dos últimos directores generales de Investigaciones se encuentren cuestionados representa un severo problema para el prestigio y credibilidad de la institución. Esta desarrolló en las últimas décadas un esfuerzo enorme por renovar su imagen, mejorar sus procesos y asegurar un buen servicio a la comunidad. Antes, durante mucho tiempo, había recaído sobre ella la percepción de corrupción o la imagen de ser una policía de menor categoría. Sin embargo, ello cambió radicalmente. En la última encuesta del CEP (septiembre-octubre 2023), entre las instituciones indagadas, la PDI era aquella donde, en opinión de la población, menos extendida estaría la corrupción. Y en la encuesta anterior (junio-julio 2023), aparecía como la institución más confiable: un 56 por ciento tenía mucha o bastante confianza en ella. En las encuestas Cadem de los últimos meses, en tanto, la aprobación a su gestión se ha situado en torno al 85 por ciento, superada solo por Bomberos. La reputación alcanzada seguramente será ahora afectada por la situación de su exdirector. Ello, además, en un momento en que el país vive una crisis de seguridad pública, frente a la cual es fundamental contar con una policía civil prestigiosa y proba.
Urge, entonces, revisar el proceso de modernización de la institución que se realizó durante varios gobiernos y las inversiones relevantes que la acompañaron, para extraer lecciones que puedan ayudar a detener daños a la imagen y asegurar transformaciones adicionales. Entre los aspectos a indagar, resulta pertinente evaluar si la Inspectoría General es suficientemente fuerte para realizar su tarea de modo apropiado y con un grado razonable de autonomía. Cabe recordar que esta Inspectoría es el organismo contralor de todas las tareas que cumple dicha policía. Así, fiscaliza el buen uso de los recursos públicos que le son asignados (US$ 520 millones en 2024), la pertinencia de los procedimientos policiales y la disuasión de conductas indebidas, entre otras dimensiones. Los instrumentos y acciones que lleva adelante para concretar estas labores son poco conocidos y distan de estar sometidos a un escrutinio apropiado. Si bien hay algunos contactos internacionales para aprender de la experiencia comparada, los procesos utilizados no están alineados con las mejores prácticas existentes. De aplicarse estas, habría sido menos probable que hubiesen emergido los acontecimientos que han afectado a los dos últimos directores. En efecto, los gastos reservados obedecen a una lógica que es comprensible, pero ella no excluye que la institución pueda ejercer algún procedimiento razonable de verificación de su uso. Asimismo, en diversas instituciones de las características de la Policía de Investigaciones no se descartan supervisiones razonables de las comunicaciones de sus autoridades y otros funcionarios. En el caso de nuestra PDI, el control interno, si bien ha experimentado algunos cambios, no parece haberse modernizado de acuerdo con los estándares que existen actualmente en instituciones de otras latitudes.
Hay aquí una necesidad que urge abordar, no solo por razones de prestigio institucional, sino porque el combate a flagelos como el crimen organizado demanda la existencia de una policía civil fuerte y capaz de detectar y enfrentar cualquier atisbo de corrupción en sus filas. Este fuerte golpe a su credibilidad y prestigio hace evidente la necesidad de fortalecer los actuales mecanismos de control interno..