Autor: Por Nicolás Álvarez Arrau nicolas. Alvarezíadiarioelsur. cl
El drama de quienes abandonan Arauco por temor a la violencia
Fundaciones estiman que entre 2019 y 2022 unas 200 familias han dejado sus hogares Sectores del cono sur del territorio. Desde el Ejecutivo plantean que las ayudas enmarcadas en este tema apuntan a víctimas de ataques explícitos. Representantes de los grupos afectados piden más compromiso estatal.
On, al menos, 80 las familias del sector Quidico que entre 2019 y lo que va de año han debido dejar sus primeros o segundos hogares a raíz de la violencia que aqueja al cono sur de la Provincia de Arauco.
Tuvieron que abandonar sus inmuebles ubicados en la comuna de Tirúa de manera obligada, ya sea por haber sufrido atentados directos, amenazas o, simplemente, por esa angustia incesante y natural que produce el hecho de nosaber si tal día será su turno, o del vecino. Dejaron atrás sus casas y hoy viven en zonas urbanas alejadas para evitar los efectos de la violencia. A nivel de la Provincia de Arauco, la cifra es mayor.
De acuerdo a estimaciones de la Fundación Víctimas del Terrorismo en Chile y de la Fundación Chilena de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur, serían alrededor de 200 las familias que enese período han tenido que experimentar “desplazamientos forzosos” -como prefieren llamar al fenómenohacia otras comunas de la Región oel país. Amodo comparativo, la cifra representa el 0,2% de la población de la Provincia, según el Censo 2017. Solange Etchepare, directora ejecutiva de la primera fundación, asegura que además de Quidico esta realidad se ha visto en sectores como Lleu-Lleu, Lanalhue, Pocuno o Contulmo. “Recién hablaba con un antiguo trabajador de Forestal Arauco al que le quemaron su casa. Como quedósin nada, va a tener queira vivircon su familia a otro lado, por viendo el tema del traslado y la petición de subsidio. Todo esto es un peregrinaje para la gente, porque no hay una ley de reparación a víctimas rápida en donde puedan ser atendidas de forma inmediata”, lamenta.
Todo este proceso, agrega, puede extenderse un año hasta que recién la familia encuentra un lugar para relocalizarse, solo con recursos propios y viviendo de los favores de losamigos o demás familiares, “lo que es muy complicado”. Tanto Etchepare como Fernando Fuentealba, presidente de la segunda entidad, explican que en este grupo hay personas que tenían sus primeras y segundas viviendas, estas últimas para veranear u ocupar los fines de semana, ayudando de paso a fortalecer el sector económico del territorio. Sostienen que todosesos predios hoy están, literalmente, botados o tomados por los grupos que generan la violencia en lazona. “Los de Quidico son todos de primera vivienda, salvo unas 10 o 15 cabañas. En Contulmo y en todo lo que está de Peleco al sur, también. En Lanalhue, en tanto, la mayoría es de segunda vivienda. El tema está muy repartido, pero legalmente, en la figura de desplazamiento forzoso, que es un delito de lesa humanidad dentro de la legislación internacional de Derechos Humanos, todos caben”, remarca Etchepare. Entrelos principales afectados hay personas que compraron pequeños predios para fines recreativos, aunque también casos de profesoras que con la plata de su jubilación se hicieron de parcelas para pasarlos últimosaños de vida. Hoy, parte de estas docentes viven en Santiago y Los Angeles.
LABOR DE LAS AUTORIDADES El delegado provincial de Arauco, Humberto Toro, revela que existe un catastro elaborado porla Unidad de Violencia Rural que da cuenta sobre el número de personas que se ha marchado de la zona por la violencia.
Aunque prefiere no precisar la cifra, advierte que “no es un número no considerable, ya que varias familias han tomado la decisión, no solo por haber sido amenazadas o habersido víctimas de quemas, sino que algunas lo han hecho de manera voluntaria”. El catastro se categoriza de acuerdo a tres niveles: atentados directos, amenazas y determinación voluntaria por temor. El delegado añade que los datos recogen, en su mayoría, la realidad de quienes habitaban sectores del cono sur de la Provincia y de quienes se fueron en búsqueda de más tranquilidad para evitar atentados. “En el caso de las personas que han vivido violencia directa existe el programa de Violencia Rural. Cada vez que ocurre un hecho tomamos contacto prácticamente en el instante, de tal manera de que las personas se sientan acompañadas por nosotros.
Además, en el transcurso del tiempo, tratan de recuperar lugares de nueva residencia o la propiedad quemada, hay un programa que dirige el Ministerio del Interior y que hoy está en un proceso de mejora para poder colaborar en acompañar y, a lo menos, resolver algún tema material afectado”, detalla Toro, quien enfatiza iniciativas apuntan netamente a desplazamientos por violencia explícita. “Si alguien piensa emigrar por temor, no hay un programa para esas personas. Sí se está discutiendo en términos del Serviu algún tipo de política, pero estamos en ese proceso de discusión y conversación para ver si es posible o no”, subraya. Anivel del Gobierno Regional, el gobernador Rodrigo Díaz anunció a fines de agosto que como órgano contratarían serviAtentados como el perpetrado contra la familia Grollmus son los que más miedo provocan en la zona. Dónde irse y está en un constante trauma con sus niños producto de los disparos y el terror. No se pueden trasladar y ala vez no hay trabajo y los ataques continúan.
En definitiva, no existe la calidad de vida”. 6 Hay gente que no tiene Fernando Fuentealba, sidente Funcdación Chil de Víctimas del Terroris9 9 mo de la Macrozona Sur Sialguien piensa emi6 grar por hay personas.
Sí se está discutiendo en términos del Serviu algún tipo de política, pero estamos en ese proceso de discusión y conversación para ver sies posible o no", Humberto Toro, delegado provincial de Arauco 9 9 Hablaba con un antiguo 6 trabajador de Forestal Arauco al que le quemaron su casa. Como quedó sin nada, va a tener que ir a vivir con su familia a otro lado, por eso está viendo el tema del traslado y la petición de subsidio. Todo esto es un peregrinaje parala gente”. Solange Etchepare, direc9 9 tora ejecutiva Fundación Víctimas del Terrorismo en Chile cios jurídicos para prestar ayudas a las víctimas de violencia, tanto en materia penal como administrativa.
Respecto a este último punto, Díaz indicó aquella vez la necesidad de espacios de inacción de los servicios públicos”. ROL DEL INDH A inicios de septiembre, la comisión contra el crimen organizado que preside la diputada DC Joanna Pérez sesionó en la Región. Además de parlamentarios, en la oportunidad estuvieron presentes representantes del Gobierno Regional -órgano que albergó el encuentro-, policías, Fuerzas Armadas, gremios y autoridades locales. Parte delos asistentes cuentan que en la reunión el tema fue abordado y que se escucharon relatos de personas que se han visto obligadas a desplazarse a causa del miedo.
“Por lo mismo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos(INDH), en la gestión de Sergio Micco, reconociendo y recogiendo aquello, instala un programa junto a un equipo multidisciplinario para recabar información de estos relatosen Arauco y La Araucanía”, precisa la diputada Pérez. Esosí, la legisladora indica que la actual administración del INDH no ha querido entregar el informe asociado. “Lo hemos solicitado parlamentarios de manera individual y como comisión.
Es tercera vez que hemos solicitado el documento, por lo que creo que vamos a tener que tomar otro tipo de medidas, ya que no se quiere entregar, se tiene oculto, y se ha señalado que aún no se termina, en circunstancias en que hay un preinformeemitido porestos profesionales y en dondesele puso término al programa”, agrega Pérez.
Si bien las otras medidas dependerán de la Cámara para acudir, por ejemplo, a Contraloría o generar amonestaciones, la comisión contra el crimen organizado citará en su momento al equipo directivo del órgano en cuestión, según desliza. Lajefa regional del INDH, Carolina Chang, sostiene que en las zonas de conflicto su entidad lleva adelante tres líneas de acción. Una de ellas dice relación con percepción de la violencia en el lugar. “Lo estamos haciendo a través de un estudio que es de larga data.
Esto parte en 2013 con un primer estudio aproximativo y ahora varetomarlo, pero por delitos comunes que ocurren en el marco del conflicto Estado-pueblo Mapuche(... ) Estamosrecién partiendo, y creo que de aquía un año una respuesta y recomendación al Estado”, anuncia.
Frente a la acusación de la diputada, Chang aclara que dentro del primer levantamiento del estudio hay testimonios y otros elementos, “pero esos reportes no han sido aprobados por el Consejo, y mientras eso no ocurra, no son la voz del INDH. Hay que esperar a que eso se apruebe”. MÁS AYUDA El análisis de las fundaciones es categórico respecto a la ayuda que brinda el Estado. Plantean que el aporte recibido es minúsculo y que se da en aquellos casos extremos de violencia.
Allí, opera el Programa de Apoyo a Víctimas de Violencia Rural que, ajuicio de los voceros, y a diferencia de lo planteado por la Delegación Provincial, “no tiene una atención rápida”. Dentro de las peticiones efectuadas y que hasta hoy no tendrían respuesta, según recalcan, está la presentación de un protocolo de atención inmediata que permita, por ejemplo, ejecutar recursos para comprar ropa o alimentos, o buscar un lugar de emergencia durante la primera semana tras abandonar una vivienda siniestrada. A eso se añade la posibilidad de generar un subsidio habitacional especial para hogares liderados por madres solteras de la Provincia, enfocado en mujeres que quieran evitar ser víctimas directas de violencia.
De acuerdo a Fernando Fuentealba, quien desde que se transformó en una víctima ha sido trasladado a otras ciudades, cuenta que ante situaciones graves que requieren de reubicación el gobierno paga tres meses de arriendo para las víctimas en un nuevo inmueble, “aunque después hay que volver a postularlos recursos, por lo que se generan atrasos en el pago”. Porlo mismo, dice que “esangustiante vivir de esa forma, sabiendo que los dueños o inmobiliarias te van a echar para la calle”. Respecto a las madres solteras, dice que hay un grupo de 60 que han solicitado a la fundación su intermediación para que el Ejecutivo pueda generar un subsidio habitacional. Esto, en el entendido de que no poseen mayores recursos para obtener una nueva vivienda fuera de la zona de conflicto en la que viven. “Hay gente que no tiene dónde irse y está en un constante traumaconsus niños producto de los disparos y el terror. Nose pueden trasladar y ala vez no hay trabajo y los ataques continúan. En definitiva, no existe la calidad de vida para ellas”, subraya. La comisión de la Cámara contra el crimen organizado está a la espera de un informe del INDH que aún no es entregado. Desde este órgano dicen que antes debe ser aprobado.
