Autor: RICHARD GARCÍA
Que frenan la conectividad digital
Que frenan la conectividad digital “PERMISOLOGÍA”, INVERSIÓN Y ÚLTIMA MILLA: LOS NUDOS CRÍTICOS A medida que las ciudades y zonas rurales demandan mayor conectividad en América Latina, aparecen con más fuerza las barreras estructurales que dificultan ese crecimiento. Operadores y gremios han advertido que la acumulación excesiva de trámites para instalar antenas, tender fibra óptica o acceder a espacio público se ha transformado en uno de los principales frenos a la expansión digital. En México, por ejemplo, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) denunció demoras de hasta 18 meses en autorizaciones municipales. En Colombia, el gremio Asomóvil solicitó al Gobierno una ventanilla única digital para reducir la tramitación dispersa entre entidades locales. En Argentina, la Cámara Argentina de Internet (Cabase) identificó que más del 60% de los municipios carece de normativas actualizadas para infraestructura. Y en Brasil, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Conexis) advirtió que la sobreburocracia municipal afecta directamente las metas del plan nacional de banda ancha. En Chile, debido a la llamada “permisología”, el tiempo requerido para obtener autorizaciones ya supera el lapso estimado para ejecutar la propia obra. La Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam) considera fundamental avanzar en condiciones regulatorias y operativas que permitan posicionar la conectividad como pilar del desarrollo sostenible.
Rodrigo Ramírez, su presidente, destaca que a través de dicho gremio los actores han canalizado su preocupación sobre las dificultades que genera la “permisología”, la sobreburocracia y la tramitación excesiva en el despliegue de redes de telecomunicaciones. “La industria ha realizado esfuerzos significativos en inversión y despliegue de infraestructura, ofreciendo niveles de servicio competitivos a nivel regional”, plantea Ramírez. “Sin embargo, sigue siendo necesario establecer un nuevo acuerdo para extender esa conectividad a quienes aún están excluidos, particularmente en áreas rurales y suburbanas”, agrega.
Esa transformación, según Ramírez, requiere una estrategia decidida del Estado; una política pública sostenida que incentive la inversión regional, establezca nuevos mecanismos de subsidio a la oferta y a la demanda, y articule a los gobiernos locales, las industrias verticales y las comunidades. “Hay que pasar de los discursos a los incentivos concretos. Se necesita una nueva generación de estímulos tributarios, partidas ministeriales específicas y plataformas públicas interoperables que agilicen permisos y despliegues”, sostiene. Y reconoce que “el principal problema no es solo la demora, sino la falta de criterios homogéneos, la duplicidad de trámites y la inseguridad jurídica.
Esto encarece, ralentiza y a veces frustra proyectos clave para la inclusión digital”. Otro factor estructural que complica el avance es la llamada “última milla”, es decir, la conexión final entre la red troncal y el usuario. En zonas de baja densidad o alto costo operativo, esta fase suele ser la menos rentable para las empresas, lo que hace imprescindible un esquema de subsidios, coinversión o concesiones diferenciadas para garantizar cobertura efectiva. Frente a esa realidad, Idicam propone armonizar regulaciones municipales, habilitar un régimen concesional único para operadores de telecomunicaciones y fomentar esquemas de compartición de infraestructura.
La idea central es separar los servicios de infraestructura que tienen largos plazos de maduración y grandes economías de escala de los servicios de valor agregado, más sujetos a la obsolescencia y al dinamismo del mercado.
A DIFERENCIA DE GENERACIONES ANTERIORES, el despliegue de las redes 5G requiere una densidad de infraestructura sin precedentes, con la instalación de pequeñas celdas (small cells) hasta cada 100 metros en zonas urbanas, debido a su baja capacidad de penetración. DESARROLLO SOSTENIBLE. Actores gremiales estiman necesario establecer un nuevo acuerdo que reduzca las trabas burocráticas, permitiendo extender los beneficios del avance tecnológico a toda la población.