Una migración segura para las familias
La migración irregular es una realidad nacional que podrá controlarse, pero no detenerse.
El control de fronteras y las expulsiones que hemos observado no resuelven el fondo del asunto”. Andrés Echeverría, director de la Plataforma Migraciones de la Fundación Horizonte Ciudadano La Ley 21.325 de Migración y Extranjería, de abril de 2021, señala orientarse hacia una migración ordenada, segura y regular. Usa las palabras que se indican en la Agenda 2030 y el Pacto Mundial sobre Migración de 2018, el que sin embargo no ha sido suscrito por Chile.
La seguridad adoptada por nuestro país parece dirigirse al control fronterizo y el enfrentamiento del delito, pero no a la protección de los derechos de las personas migrantes y el abordaje de las vulnerabilidades que les afectan, fundamental en tratados internacionales sobre migración y derechos humanos. Las familias que ingresan irregularmente están en situaciones de riesgo y daño, arrastradas, además, desde los países de tránsito.
La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento, realizada por la OIM Chile a migrantes venezolanos en marzo de 2021, así lo evidencia: inseguridad alimentaria severa, problemas de vivienda, salud y transporte, falta de información, exposición a robos y al tráfico de personas. El impacto de la vulnerabilidad es mayor en el caso de la niñez. Cerca de un 30% de las personas que entran en forma irregular son niños, niñas y adolescentes, sin las condiciones mínimas para su bienestar, y cuyo desarrollo podría verse afectado en forma irremediable. La migración irregular es una realidad nacional y mundial que podrá intentar controlarse, pero no detenerse. El control de fronteras y las expulsiones que hemos observado no resuelven el fondo del asunto, y refuerzan el prejuicio de la asociación entre migración y delincuencia. Es imperativo comprometerse con la seguridad en su sentido más amplio: abordar la protección efectiva de las familias migrantes, y con especial preocupación por la niñez.
En lo inmediato, debe responderse articuladamente a la crisis humanitaria, pero sin perder de vista la generación de respuestas institucionales efectivas y de largo plazo que otorguen seguridad, confianza y oportunidades a las familias y las comunidades.
Resumen
La seguridad adoptada por nuestro país parece dirigirse al control fronterizo y el enfrentamiento del delito, pero no a la protección de los derechos de las personas migrantes y el abordaje de las vulnerabilidades que les afectan, fundamental en tratados internacionales sobre migración y derechos humanos., La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento, realizada por la OIM Chile a migrantes venezolanos en marzo de 2021, así lo evidencia: inseguridad alimentaria severa, problemas de vivienda, salud y transporte, falta de información, exposición a robos y al tráfico de personas., El control de fronteras y las expulsiones que hemos observado no resuelven el fondo del asunto, y refuerzan el prejuicio de la asociación entre migración y delincuencia.
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