CPLT refuerza en Tarapacá el derecho a saber: capacitaciones con foco en solicitudes, transparencia activa y brechas municipales
CPLT refuerza en Tarapacá el derecho a saber: capacitaciones con foco en solicitudes, transparencia activa y brechas municipales La transparencia dejó de ser, hace tiempo, un concepto abstracto reservado para debates jurídicos o informes técnicos.
En regiones como Tarapacá, donde la ciudadanía exige explicaciones sobre inversión pública, contratación de servicios, ejecución presupuestaria, licitaciones, programas sociales y decisiones sanitarias o educativas, el acceso a información se vuelve un instrumento concreto para comprender cómo se gestiona el Estado.
En ese marco, el Consejo para la Transparencia (CPLT) desplegó en la región una agenda de fortalecimiento del derecho a saber, con actividades de capacitación y acompañamiento que reunieron a equipos públicos y habitantes interesados en ejercer, con mayor eficacia, la Ley de Transparencia. El despliegue se realizó en dos momentos consecutivos, ambos en Iquique y con liderazgo directo de la presidenta del CPLT, Natalia González. La primera instancia tuvo lugar el jueves, en un taller abierto tanto a funcionarias y funcionarios como a personas de la comunidad, orientado a aterrizar el funcionamiento real del marco normativo, sus herramientas y límites.
El segundo hito se desarrolló el viernes, cuando se efectuó una jornada de formación destinada a encargadas y encargados de transparencia de diversos servicios de Tarapacá, con énfasis en prevención de incumplimientos, estandarización de criterios y corrección de fallas que se repiten en fiscalizaciones. La agenda no se explicó como una visita protocolar. La señal del Consejo fue explícita: la región enfrenta retrocesos relevantes en transparencia activa y, si no se corrigen prácticas internas, el derecho de acceso queda debilitado en la práctica diaria.
De allí que las actividades se concentraran en aspectos operativos: cómo redactar solicitudes de manera precisa, cómo responder sin omisiones, cómo justificar causales de reserva sin errores, cómo distinguir requerimientos de información de trámites administrativos, y cómo cumplir los plazos que establece la normativa.
Un taller para traducir la norma a situaciones reales El jueves, el CPLT realizó un taller en el Servicio de Salud de Tarapacá, dirigido a funcionarios y ciudadanía, con el propósito de profundizar conocimientos sobre la Ley Nº 20.285 y explicar el modo en que operan las herramientas que habilita para solicitar antecedentes a organismos públicos.
La sesión se efectuó en el edificio de la Seremi de Salud de Tarapacá, en Iquique, y puso el foco en la comprensión práctica del sistema: qué se puede pedir, a quién, bajo qué requisitos, en qué plazos y qué hacer cuando la respuesta no llega, aparece incompleta o se invocan reservas sin sustento. Lejos de limitarse a una exposición teórica, el encuentro incorporó análisis de casos y ejercicios aplicados. Uno de los ejes fue la redacción de solicitudes, un punto clave porque, en la experiencia cotidiana, la calidad del requerimiento incide en la respuesta. El taller revisó cómo formular preguntas que apunten a documentos, contratos, resoluciones, informes, bases administrativas o datos presupuestarios, evitando ambigüedades que suelen derivar en contestaciones parciales o en derivaciones internas que alargan el proceso. Otro componente fue la revisión de transparencia activa de servicios públicos, es decir, la obligación de publicar información mínima y actualizada en portales institucionales.
Allí se abordó qué ítems son exigibles, cómo se organizan, qué periodicidad ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE se requiere, y cuáles son los errores que más suelen detectarse cuando se fiscaliza, desde enlaces rotos y planiIlas incompletas hasta datos vencidos o formatos que impiden el acceso efectivo.
El objetivo declarado de estos ejercicios fue dotar a las y los participantes de capacidades para conocer antecedentes sobre gestión pública, contratos y uso de recursos fiscales, reforzando la transparencia como herramienta de control social y rendición de cuentas. En otras palabras: que el derecho a saber no dependa de "saber moverse" dentro del Estado, sino de procedimientos claros, replicables y garantizados. En el trasfondo del taller se instaló un mensaje simple, pero de alto impacto: la Ley de Transparencia no es un favor que concede una institución, sino una obligación legal. Desde esa perspectiva, la ciudadanía que pregunta y el funcionario que responde forman parte de un mismo circuito POZO CORE TARAPACÁ democrático: uno ejerce un derecho; el otro cumple un deber, con estándares definidos.
Capacitación regional: prevenir incumplimientos antes de que se vuelvan sanciones El viernes, la agenda continuó con una jornada de capacitación sobre la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, dirigida a encargadas y encargados de transparencia de servicios públicos de la región. La actividad fue liderada por la presidenta del CPLT y se realizó entre las 10:00 y las 13:30 horas en el Salón Jorge Iturra del Gobierno Regional de Tarapacá, en Iquique. El propósito fue fortalecer capacidades técnicas de los equipos regionales y prevenir incumplimientos, en un contexto donde los indicadores muestran deterioro. La lógica preventiva no es menor: cuando los servicios término, la desconfianza ciudadana. En cambio, cuando existe claridad de criterios, el sistema funciona con menos fricción y con mejores tiempos.
Durante la jornada se abordaron errores que el CPLT detecta de manera recurrente en procesos de fiscalización, problemas que, aunque parezcan adacumulan fallas, se multiplican los ministrativos, impactan directamente reclamos, los amparos ante el CPLT, el derecho de las personas a saber. los reprocesos internos y, en último Entre ellos se analizaron respuestas incompletas a solicitudes de información, aplicación incorrecta de causales de reserva, confusiones entre solicitudes y otros trámites, y dificultades para cumplir los plazos legales. La diferencia entre una respuesta completa y una contestación parcial no es un detalle. En la práctica, una entrega incompleta puede invisibilizar el elemento clave que la persona buscaba: el anexo de un contrato, la.
Con la presencia de la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, el organismo desarrolló en Iquique dos jornadas de trabajo orientadas a funcionarios y ciudadanía para mejorar el uso de la Ley Nº 20.285, prevenir incumplimientos y revertir la caída del desempeño regional: en la Administración Central, el promedio bajó de 84,9% en 2023 a 78,7% en 2024; y en municipalidades persisten diferencias marcadas, con comunas sobre 90% y otras bajo el estándar nacional. CPLT refuerza en Tarapacá el derecho a saber: capacitaciones con foco en solicitudes, transparencia activa y brechas municipales resolución que autoriza gasto, el acta de evaluación, el informe técnico o el listado de pagos. Del mismo modo, invocar reserva sin fundamentos o con una causal mal aplicada puede terminar transformándose en un bloqueo improcedente, obligando al solicitante a recurrir y extendiendo el conflicto.
La capacitación también se enfocó en la trazabilidad del proceso: cómo registrar ingresos de solicitudes, cómo derivar correctamente cuando un organismo no es competente, cómo ordenar la búsqueda documental, y cómo construir respuestas que permitan verificar el cumplimiento. En una región con múltiples servicios descentralizados, programas intersectoriales y ejecución de recursos desde distintos niveles del Estado, la coordinación interna adquiere un rol decisivo. Transparencia activa: la señal de alerta en Tarapacá y el escenario nacional La preocupación que contextualiza el despliegue del CPLT se sustenta en datos de fiscalización.
Según las últimas fiscalizaciones publicadas del Consejo, el promedio de cumplimiento en transparencia activa de los organismos de la Administración Central en Tarapacá cayó de 84,9% en 2023 a 78,7% en 2024, lo que equivale a una baja de 6,2 puntos porcentuales. A nivel país, el descenso fue aún más pronunciado en el mismo universo institucional: el promedio nacional de la Administración Central pasó de 87,2% a 78,1% en el período comparable.
El dato nacional no relativiza la situación regional; más bien la enmarca en un fenómeno mayor que tensiona la gestión pública en distintos territorios: exigencias crecientes de información, plataformas que requieren actualización permanente, rotación de equipos, brechas de capacitación y un cumplimiento que muchas veces compite con urgencias operativas. Sin embargo, en Tarapacá la caída adquiere relevancia por la composición y complejidad del territorio. La región concentra dinámicas de frontera, demandas migratorias, proyectos de infraestructura, servicios estratégicos ligados a salud y educación, y un ecosistema municipal que enfrenta presiones múltiples.
En ese contexto, la transparencia activa opera como "primera puerta": cuando la información obligatoria está publicada y vigente, disminuye la cantidad de solicitudes individuales; cuando está desactualizada, se dispara la demanda por vía formal, saturando canales de respuesta.
La transparencia activa, además, tiene un efecto pedagógico: permite que cualquier persona, sin necesidad de saber cómo presentar una solicitud, pueda revisar organigramas, remuneraciones, actos y resoluciones con efectos sobre terceros, compras, transferencias, programas, auditorías o mecanismos de participación. Si esos contenidos se presentan incompletos o inaccesibles, la norma se cumple sólo en apariencia. Municipalidades: dispersión, brechas y riesgos para el acceso ciudadano El panorama comunal mostró, según la información presentada, un mapa dispar. En el rendimiento de municipalidades en 2024, el promedio de las siete comunas de Tarapacá llegó a 74,1%, con una dispersión significativa. Mientras Pozo Almonte y Pica superaron el 90% de cumplimiento, comunas como Colchane (65,9% ), Iquique (64,5% ) y Huara (55,6% ) se ubicaron muy por debajo del promedio nacional comunal. La diferencia no es sólo un número. En términos prácticos, implica que habitantes de distintas comunas acceden a niveles muy desiguales de información básica sobre decisiones municipales: contrataciones, licitaciones, patentes, programas comunitarios, gastos, concesiones, permisos, PORTADA uso de inmuebles, convenios o transferencias. Cuando el estándar varía tanto, el derecho se vuelve territorialmente asimétrico. En comunas rurales o con alta demanda de servicios, la falta de información pública clara puede profundizar barreras de acceso, especialmente para personas que no cuentan con conectividad estable, asesoría legal o tiempo para insistir.
A su vez, en ciudades con alto flujo de visitantes y necesidades de gestión compleja, como Iquique, el rezago en publicación obligatoria puede derivar en una mayor carga de solicitudes formales, que se acumulan y tensionan a los equipos responsables.
La dispersión de resultados sugiere, además, que no se trata de un problema imposible de resolver: si algunas comunas logran superar el 90%, significa que existen prácticas, rutinas y modelos internos que pueden replicarse, adaptarse y estandarizarse. La pregunta, entonces, se desplaza hacia la capacidad de implementación: dotación de personal, formación, continuidad de equipos, respaldo de autoridades y prioridad institucional. El corazón del sistema: solicitudes, plazos y calidad de respuestas Uno de los puntos centrales del Transparencia consejo para la QUIÈNES SOMOS. Solicitar información organismos públicos consejo para Transpar Buscar CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIV PUBLICACIONES. ATENCION CIUDADANA O despliegue del CPLT fue insistir en que el derecho de acceso no se agota en la existencia de una ley; depende de cómo se ejecuta.
El proceso, en términos simples, tiene un inicio claro -una solicitudy una exigencia de salida -una respuesta dentro de plazo, fundada y completa -. En el medio, lo que define el resultado es la calidad de la gestión documental, el criterio jurídico y la capacidad administrativa. Las fallas abordadas en las capacitaciones se repiten por una razón: suelen originarse en confusiones operativas. Un caso típico es tratar una solicitud de información como si fuera un reclamo, una denuncia o una petición administrativa distinta. Eso provoca respuestas que no entregan lo pedido, sino que derivan la situación a otra unidad, o informan un procedimiento ajeno. El resultado: la persona no obtiene el antecedente solicitado, y el organismo termina expuesto a un amparo.
Otro problema frecuente radica en responder "a medias". A veces se entrega un documento, pero se omite su respaldo; o se remite un link general, sin apuntar a la fuente específica; o se entregan datos sin el período consultado; o se responde con explicaciones, cuando lo pedido era copia de un acto administrativo. En transparencia, una respuesta incompleta no se corrige con buena voluntad: se corrige con exactitud. La aplicación de causales de reserva constituye un capítulo especialmente sensible. La Ley contempla límites para proteger, por ejemplo, datos personales, seguridad de la Nación, debido cumplimiento de funciones, derechos de terceros u otros bienes jurídicos relevantes. No obstante, la capacitación subrayó que esas reservas deben ser excepcionales, no automáticas, y requieren fundamentación. Usarlas sin sustento o de modo genérico erosiona la legitimidad del sistema y multiplica la conflictividad. Finalmente, están los plazos. La oportunidad es parte del derecho.
Una respuesta tardía puede ser, en términos reales, una denegación: si una persona pide información para participar en una decisión pública, presentar observaciones, postular a un programa o comprender un gasto en curso, recibir la respuesta fuera de plazo equivale a perder la posibilidad de incidir. ¿Por qué importa en Tarapacá ?: control social, recursos fiscales y confianza pública En una región donde conviven iniciativas de inversión, políticas territoriales, programas de seguridad, planes sanitarios, educación pública en transición y desafíos de frontera, el acceso a información no es un tema accesorio. Incide directamente en cómo la ciudadanía evalúa la gestión estatal, cómo participa, cómo fiscaliza y cómo exige correcciones. La transparencia, en este sentido, cumple una doble función. Por un lado, protege a la comunidad: permite revisar antecedentes, contrastar anuncios con documentos, verificar contratos, conocer destinatarios de transferencias, entender criterios de asignación de recursos. Por otro, protege a las propias instituciones: cuando publican de manera adecuada, reducen suspicacias, evitan rumores y ordenan la conversación pública con hechos verificables. El despliegue del CPLT se entiende también como un intento de anticipar tensiones. Cuando los indicadores muestran descensos, se abren espacios para interpretaciones: "se oculta información", "no se quiere responder", "hay desorden". La capacitación busca reemplazar esa sospecha por procedimientos consistentes que permitan demostrar cumplimiento. Una agenda que combina ciudadanía y Estado: dos puertas para el mismo derecho El valor de las actividades realizadas en Iquique radica en su composición. No se trató sólo de entrenar equipos públicos, ni únicamente de explicar derechos a la comunidad: se intentó trabajar ambos lados del circuito. El taller del jueves, con presencia de ciudadanía, apuntó a empoderar a quien pregunta. La jornada del viernes, enfocada en encargados de transparencia, se dirigió a profesionalizar a quien debe responder. Esa doble puerta es esencial para que el sistema funcione. Si la ciudadanía desconoce cómo pedir información, se desincentiva el uso de la herramienta. Si los servicios no responden bien, se deslegitima la norma. El derecho queda, entonces, formalmente vigente, pero materialmente debilitado. Al entregar herramientas de redacción, revisión de casos prácticos y criterios de transparencia activa, el CPLT apuntó a un objetivo mayor: que el acceso a información sea un mecanismo cotidiano, no un conflicto permanente. En una región con brechas comunales notorias, la tarea se vuelve urgente. El desafío que queda: revertir la caída y sostener mejoras en el tiempo Los indicadores entregados muestran un retroceso que no se soluciona con un único taller. La mejora exige continuidad: rutinas de actualización, controles internos, capacitación periódica, guías comunes y respaldo de autoridades para priorizar la transparencia como parte de la gestión, no como un trámite secundario. Tarapacá, con su diversidad de comunas, servicios y realidades territoriales, enfrenta el desafío de estandarizar sin perder pertinencia local. Pozo Almonte y Pica, por ejemplo, muestran que altos niveles de cumplimiento son posibles. El resto del mapa comunal evidencia que existen brechas que requieren intervención específica, ya sea por dotación, procesos, capacitación o soporte tecnológico. En paralelo, la Administración Central en la región debe detener la tendencia a la baja. Pasar de 84,9% a 78,7% en un año significa que contenidos obligatorios están quedando atrás, y cada punto porcentual perdido se traduce, en la práctica, en información ausente o difícil de encontrar.
Con la presencia de su presidenta, el Consejo para la Transparencia dejó una señal en Iquique: la transparencia no es un anexo de la gestión pública; es una condición para que la ciudadanía evalúe, participe y confíe. Y cuando los números advierten retrocesos, el trabajo territorial deja de ser una opción para transformarse en una necesidad democrática.
Si quieres, puedo adaptar esta nota al estilo de "diario de papel" (con entradilla más breve, mayor densidad informativa por párrafo y cierres con contexto regional), manteniendo el formato de 50 minutos y el enfoque explicativo..