Distorsión de la función militar
Distorsión de la función militar L a desesperación ante el dramático aumento de la inseguridad ha movido a alcaldes y dirigentes de la sociedad civil a solicitar al Gobierno el apoyo militar para enfrentar la criminalidad.
La petición es un formidable testimonio de la gravedad de la crisis, las limitaciones que enfrenta la policía uniformada y la insuficiencia de las medidas para responder a la que es la principal demanda ciudadana y primera obligación del Estado: garantizar la seguridad de la población. No se trata de una situación de peligro sorpresiva. El problema se agravó en la última década por el descontrol migratorio, fronterizo y del narcotráfico, junto con el surgimiento de una nueva criminalidad organizada con poder de fuego, violencia y recursos.
Esto, sin ignorar la incidencia de fenómenos como el deterioro en la educación o las repercusiones generadas por la proliferación de tomas de terrenos, con la conformación de extensas áreas que se desarrollan al margen del Estado y la legalidad. Ante la grave situación, parece inútil enrostrar las contradicciones, debilidades y ausencia de postulados rectilíneos del oficialismo, que le restan autoridad en esta materia. En cambio, procede recordar las dilaciones que han agudizado el problema, a fin de corregir y lograr acciones oportunas y eficaces. Cerca de ocho años demoró, por ejemplo, el despacho del estatuto migratorio, con evidentes deficiencias en las normativas para la expulsión de indocumentados y criminales extranjeros. Permanece una débil fiscalización de la extranjería por los servicios públicos migratorio y del trabajo, a lo que se agrega la renuncia a la reconducción en la frontera con Bolivia. En paralelo, aparecen señales conducentes a una eventual normalización masiva de residentes ilegales, que alienta nuevos ingresos de esta categoría, y subsisten serias deficiencias para un efectivo control de las fronteras y aduanero. Las causas, fenómenos y falencias que inciden son, pues, múltiples y desatendidas por los poderes públicos.
En este contexto, en vez de revisar las políticas y medidas relacionadas con la delincuencia, y de potenciar y modernizar las policías, se pretende recurrir a las fuerzas armadas, ajenas a estas tareas, salvo por sus capacidades para la protección de la frontera y de la infraestructura crítica; esto último, siempre que cuenten con certeza jurídica para no quedar expuestas a debilitar su poder disuasivo e incurrir en responsabilidades penales cuando operan cumpliendo con las reglas de uso de la fuerza, normativa compleja y polémica, en proceso de definiciones. La abismante diferencia de propósitos, capacidades, entrenamiento y responsabilidades entre las policías y las fuerzas armadas es evidente. Distorsionar las funciones de estas agravará la situación y debilitará a esas instituciones, agregando elevados riesgos y costos tanto políticos como prácticos, con mínimos beneficios para el combate a la delincuencia. Así lo demuestra la experiencia mundial, con efímeros resultados, previsibles repercusiones y altos costos para la institucionalidad democrática y los derechos humanos. El mandato constitucional de las instituciones está claramente delimitado y diferenciado. El orden y la seguridad pública corresponden a las policías. El problema es que estas carecen de los medios y de una organización moderna y eficiente. Se sabe que su dotación está muy por debajo de los estándares mundiales, incluidos tanto países de menor como de mayor desarrollo. Asimismo, hay evidencia, a lo menos en el caso de Carabineros, de que son variadas las causas que desalientan el interés para llenar las vacantes disponibles, por lo demás escasas. Las autoridades y legisladores deben resistir a las presiones para incorporar a las fuerzas armadas en la lucha en contra de la criminalidad. Acogerlas y ceder sería eludir su propia responsabilidad de enfrentar este flagelo seriamente, atendiendo a sus causas y utilizando los instrumentos pertinentes. En vez de revisar políticas y medidas frente a la delincuencia, y de potenciar y modernizar a las policías, se pretende recurrir a instituciones ajenas a esas tareas..