Autor: OLIVER RODRÍGUEZ

TC definiría mañana si recibirá pruebas en causa que busca la cesación en el cargo de senadora Allende
TC definiría mañana si recibirá pruebas en causa que busca la cesación en el cargo de senadora Allende Tras más de un mes sin movimientos, mañana el Tribunal Constitucional (TC) reactivará la tramitación del requerimiento que busca que se declare la cesación en el cargo de la senadora PS Isabel Allende, en el marco de la firma del contrato de compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, que sería adquirida por el Gobierno, lo que vulnera la prohibición constitucional de suscribir este tipo de actos con el Estado. Se trata de dos requerimientos que se tramitan de forma conjunta, uno de Chile Vamos y otro del Partido Republicano.
En la sesión programada paras las 09:00 horas de mañana, el Pleno de ministros debatirá en torno a si hay elementos que probar en el proceso y si, por ende, se abrirá un espacio para ello. Al interior de la magistratura señalan que se analizarán los medios de prueba ofrecidos tanto en los requerimientos como en la respuesta de la defensa de la senadora, ingresada el 6 de febrero pasado.
De abrirse término probatorio, según lo establece la Ley Orgánica Constitucional del TC, este se extenderá por 15 días y, una vez concluido, la causa quedará en condiciones de ser puesta en tabla para un pronunciamiento sobre el fondo, lo que podría realizarse con alegatos de las partes.
Esto último también tendrá lugar en caso de que se decida no abrir un plazo para rendir pruebas. n Oficios y llamado a declarar En el requerimiento presentado por diputados de Chile Vamos se especifican los medios que, de considerarlo el tribunal, podrían incorporarse como prueba. En tanto, en la respuesta de la legisladora, también se incluyen diligencias tendientes a acreditar que no se habría vulnerado la prohibición constitucional.
Por ejemplo, los legisladores piden que se oficie al Ministerio de Bienes Nacionales para que entregue los antecedentes en torno a la "tramitación y aprobación de la compraventa", junto con que se cite a "absolver posición" (declarar) a la propia legisladora, además de oficiar a otros entes como la notaría en que se suscribió el contrato "a fin de que entregue una copia de las instrucciones notariales de pago del precio de la del inmueble", y al Servicio Nacional del Patrimonio para que entregue antecedentes similares a los que se solicitarían a Bienes Nacionales. En su respuesta ante el TC, Gabriel Osorio, en representación de Allende, pide el "completo rechazo" de las acciones.
El eje central de la defensa consiste en desacreditar que el contrato se haya "perfeccionado", lo que podría repetirse en el caso de Fernández. n Según defensa, el contrato no se "perfeccionó" Es decir, "el Decreto Aprobatorio del procedimiento administrativo de compra y adquisición del bien inmueble de Guardia Vieja N 392 por parte del Fisco de Chile-Ministerio de Bienes Nacionales, no se dictó, por lo que el contrato no nace a la vida del derecho en la forma que establece el derecho público chileno", dice el texto.
Con el objetivo de demostrar esto, el abogado solicita que se oficie a la Contraloría para que remita los antecedentes que sirvieron para la toma de razón del decreto respecto de la compraventa, y que "informe si ha ingresado a esa entidad el decreto aprobatorio". En este sentido, pide que se oficie a Bienes Nacionales para que "informe si se ha dictado el decreto aprobatorio", e incluso al Conservador de Bienes Raíces de Santiago para que reporte si se "ha ingresado, para su inscripción en el registro de propiedad, la escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2024, otorgada ante Zarella Elena Camerotto Moraga". Requerimientos por compra de casa de expresidente: TC definiría mañana si recibirá pruebas en causa que busca la cesación en el cargo de senadora Allende De abrirse esta opción, este se extenderá por 15 días y, posteriormente, el Pleno podría pronunciarse sobre el fondo, pudiendo para esto convocar alegatos de los intervinientes. OLIVER RODRÍGUEZ La senadora del PS Isabel Allende, como hija del expresidente Salvador Allende, es una de las herederas del inmueble y tiene la prohibición constitucional de suscribir contratos con el Estado. ATON. El PC —en el que milita la diputada— evaluaba ayer pedir la remoción del persecutor del caso, mientras que desde el Gobierno se volvió a cuestionar la indagatoria. El Ministerio Público defendió su autonomía.
Segunda ola de críticas contra investigadores por divulgación de mensajes privados Penalistas sostienen que como el gobernador atribuyó delitos, debe recurrir a la justicia “Creo que la acusación que hace el gobernador es bastante grave al suponer o dejar instalada la posibilidad de que exista una contraprestación económica para explicar las filtraciones”, comenta el exfiscal jefe de La Serena Marcelo Sanfeliú.
Y añade que al decir “alguien está moviendo plata”, como sostuvo Orrego en referencia a la filtración de conversaciones políticas entre la diputa Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, "es una imputación clara de que alguien, en este caso del Ministerio Público o la policía, recibe dinero a cambio de entregar este tipo de información.
Eso se llama cohecho y si es asi, y el gobernador tiene los antecedentes suficientes para realizar esa afirmación, es su obligación como funcionario público el denunciar estos hechos”. En la misma línea, la penalista Catherine Lathrop sostiene que “asumiendo que el gobernador, como abogado, conoce la ley, sabe que lo que está haciendo es atribuir un delito”. “Las investigaciones son secretas para todos aquellos que no sean intervinientes y la violación de la misma constituye un delito —recuerda—, desde esa perspectiva, lo que corresponde es que haga una denuncia ante el Ministerio Público o presente una querella ante el tribunal competente”. El también penalista Alejandro Espinoza asegura no tener "ningún antecedente de que hayan existido filtraciones de información a cambio de dinero, lo que claramente sería constitutivo del delito de cohecho, por lo que me imagino que el gobernador denunciará y aportará las pruebas pertinentes”. “Lo que sí puedo afirmar categóricamente es que de parte del Ministerio Público no ha existido ninguna voluntad de perseguir seriamente los delitos cometidos por funcionarios públicos al develar secretos, especial - mente cuando pueden haber fiscales implicados”, dice. Por su parte, el académico de la U.
Diego Portales Cristián Riego, estima que Orrego "está hablando en un terreno político, allí se dicen cosas para generar climas”, y que para considerar de manera seria el ante - cedente de que existirían intercambios económicos para publicitar información reservada de las causas de la fiscalía, la información entregada "tiene que ser más concreta, por ejemplo, quién paga y a quién se le paga (.. ), porque es distinto el efecto: un abogado no tiene obligación de secreto, puede ser una violación de la ética, pero no es delito que filtre, distinto a los funcionarios públicos, como policías y fiscales”. Y aunque, dice, "no descartaría nada” respecto de las eventuales motivaciones para estas divulgaciones, cree que en estos casos las razones van por un camino que no es económico y sus responsables serían "personas que tienen algún conflicto con otra, uno de los intervinientes respecto de otro, o alquien que quiera favorecer su posición”. "Está muy vinculado a temas de imagen, de perjudicarla o beneficiarla (... ), o directamente por elementos políticos, como hacer generar un conflicto, desprestigiar a algún grupo o partido (... ), porque en las causas en que se filtra son en las que están involucrados políticos”, plantea el profesor de Derecho Procesal Además, puntualiza, "no tienen tanta trascendencia y Suelen no afectar al proceso de un modo determinante, sobre todo en el largo plazo. El efecto de las filtraciones suele ser más político que judicial” - -