Autor: Carlos Said
Las causas por malversación que están bajo investigación
Á “seuary UBS ON HAPe IP 8] Z67'TT S OP So ESOYUBNO Seu 8] SOPUOJ IP 10d SESNEI TJ? OPRISH [OP IP TH I hacer educación a distancia en esta pandemia es complicado, en la desértica localidad de Tierra Amarilla ha sido casi imposible. Los colegios dela comuna no tienen internet y tampoco hay dinero para imprimir guías para los niños, lo que ha sido solventado, en lo posible, propios profesores.
Pero esto no es a causa del Covid, sino de variasirregularidades y malversaciones en los últimos años con las subvenciones escolares y que han provocado que esta comuna tenga hoy los peores indicadores educacionales del país. El caso está en tribunales.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) es parte de 41 causas penales vigentes por malversación de platas educacionales, por $ 40.830 millones gastados y no justificados, de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), Fondo de Apoyo a la Educación Pública (Faep) y del Programa de Integración Escolar (PIE). De ese monto, nada menos que $11.292 millones se perdieron entre 2014 y 2017 en Tierra Amarilla, una comuna que tiene apenas 2.500 escolares. Es decir, desaparecieron en promedio $ 4,4 millones por alumno en el período investigado. La defraudación de dineros públicos no es novedad en esta comuna de Atacama, y para la comunidad se trata de un problema endémico.
El alcalde electo en 2016, Osvaldo Delgado (PRO), cayó en 2017 acusado de cohecho y soborno en un convenio operacional firmaInvestigación y Datos] Lea una versión extendida de este reportaje enla web de LT Investigación y Datos, en latercera. Com LAS CUENTAS PENDIENTES DE SAN BERNARDO Saldos no ejecutados $14.276. 483.762 $14.842. 631.931 2019 SE LT Investigación do con la Minera Candelaria. El alcalde quelo suplió en 2017, Mario Morales (PS), fue destituido en 2020, junto a 12 funcionarios, cuando se descubrió que cobraba coimas a empresas contratistas a cambio de adjudicarles los proyectos. Actualmente está procesado por fraude y la fiscalía pide para él 40 años de cárcel. El caso de las subvenciones escolares está en investigación, pero es claro que existen irregularidades. En 2018, la Contraloría realizó una auditoría al Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem) de la comuna, hallando giros injustificados de dinero porel monto ya mencionado. En concreto, no había documentos que respaldaran los giros desde la cuenta que recibía los dineros de la SEP los que eran transferidos a cuentas de fondos comunes de la municipalidad, donde finalmente desaparecían. También había capacitaciones y compras sin justificar.
“El Daem carece de un procedimiento que garantice que las transferencias y giros de cheques que se cursan estén asociados a un acto administrativo y/o decreto de pago”, dice el informe, lo que fue confirmado por el entonces director del departamento, Claudio Pacheco, quien dijo “no poseer antecedentes que sustenten o bien aclaren los egresos”. Por esta situación, en diciembre de 2020 la Contraloría aplicó un sumario administrativo contra funcionarios de la Daem porno haber resguardado el buen uso de los dineros —no se pudo descubrir dónde fueron a parary, en febrero de este año, las nuevas autoridades de Tierra Amarilla acudieron a la fiscalía para denunciar la malversación.
En su presentación ante la Fiscalía de Atacama, el alcalde subrogante de la época y ahora edil electo, Cristóbal Zúñiga (PC), dice que esto hace suponer queesas platas, que estaban destinadas al plan de mejoramiento escolar, “pudieron ser destinadas a otros fines y la acción puede constituir un delito penal”. El fiscal Luis Miranda, encargado de delitos económicos de la Fiscalía Local de Copiapó, cuenta quese encargó a la Bridec de la PDI realizar diligencias para encontrar el destino de los más de $ 11 mil millones, pero que la causa no está formalizada ni hay acusados todavía.
“Lo que se puede señalar por el momento es que, tal como se dice en el informe de la Contraloría, existe una serie de ausencias de respaldos, dobles pagos a funcionarios y otras irregularidades que, nose descarta, redunden en una imputación penal”, afirma.
Proyectos con sobreprecio Pese a que la investigación está en curso, funcionarios y fuentes consultadas por La Tercera dicen que el “modus operandi” porel cual desapareció el dinero de las subvenciones fue el mismo por el cual se cometieron los delitos que mantienen a los dos exalcaldes procesados, es decir, inflando precios de proyectos y cobrando coimas.
Por ejemplo, el exalcalde Mario Morales está acusado de asociarse con una empresa para que esta aumentara en 40% el valor de un proyecto de mejoramiento de infraestructura urbana, incrementando su valor de $ 49 millones a$87 millones, para luego cobrar una coima. Una lógica similar habría operado sobre la defraudación de subvenciones, lo que llevó a que, después de varios años, no hubiera cómo justificar los gastos. Una situación así vivió Alicia García, directora de la Escuela Víctor Manuel Sánchez Cabañas, que con 472 escolares es una de las más grandes de la comuna. Cuenta que, en el período de Osvaldo Delgado, asesores municipales la querían obligara firmar proyectos que claramente tenían sobreprecios, a lo que se negó. Afirma que, por ello, le hicieron la vida imposible: la acusaron de robarse un televisor, le aplicaron un sumario y la sacaron del colegio.
Ella y su esposo, que era profesor de Educación Física del mismo colegio, iniciaron una batalla legal contra el alcalde, por injurias contra el docente, lo que terminó con una condena contra el entonces alcalde de 700 días de presidio. Tras ese episodio, García volvió a ser la directora del colegio.
Rogelio Pizarro, director de la Escuela Básica Marta Emiliana Aguilar, y que por años fue dirigente del Colegio de Profesores, dice que “nunca supimos realmente cuánto debeAM A ANA AE EE Saldos no ejecutados $4.912 [ J | EE] 2019 LAS SUBVENCIONES PERDIDAS EN PUNTA ARENAS Saldos por acreditar Saldos no ejecutados E]. 603 2018 2018 2019 2019 Investigación E y Datos ríamos recibir por escuela por la SEP, porque aveces llegaban los recursos y a veces no”. Cristián Rojas, director de la Escuela Luis Uribe Orrego, cuenta que hace un par de años “con mi familia tuvimos que hacer colectas para juntar hojas para las fotocopias.
Esto se arrastra hace años y estos son sectores muy vulnerables, pero tenemos las manos vacías”. Que se arrastran desde hace al menos siete años -aunque varias fuentes consultadas afirman que el escándaloes de más larga datahan tenido, como era de esperarse, un profundo impacto educacional en los niños de sus 12 colegios. Según el Simce 2017 de 8” básico, Tierra Amarilla obtuvo el cuarto peor resultado en Matemática detodoel país, con 208 puntos, y el sexto peor resultado en Lenguaje, con 210 puntos. En 2019 lograron remontar, pero siguen teniendo el peor indicador de la región. Las autoridades han aplicado varias sanciones frente a estas irregularidades. En 2017, la Superintendencia de Educación intervino la Daem y colocó a un administrador provisional durante un semestre, para intentar ordenar el desastre. Y el año pasado, los colegios de la comuna fueron multados con rebajas en sus subvenciones SER luego de que la Daem no pudiera justificar los gastos. Así, el colegio de la directora García perdió hasta el 60% de sussubvenciones, y el plantel del director Pizarro no recibió ningún peso de subvención.
Loreto Luengo, presidenta del Colegio de profesores de Tierra Amarilla, cuenta quetodas estas carencias explotaron en los últimos meses, con la pandemia y la educación a distancia, cuando la empresa que les proveía internet les cortó el suministro por las deudas que se arrastraban. La comunidad espera que la situación cambie pronto, pues en enero de este año la municipalidad entregó la administración de los colegios al Servicio Local de Educación de Atacama, dentro del proceso de desmunicipalización. Este organismo no contestó las consultas de La Tercera sobre la situación en que está la educación de la comuna. La investigación de la Contraloría culminó en un amplio sumario administrativo, al que accedió La Tercera, donde se dan cuenta de algunas de las irregularidades que hoy están en investigación de la fiscalía.
Por ejemplo, el exjefe de la Daem Alan Alquinta, quien en el sumario fue absuelto, relató que en junio de 2017 solicitó al Consejo Municipal un aumento de presupuesto de$100 millones para pagar las deudas quearrastraban. La petición fue aprobada y los fondos fueron entregados el 14 de julio de ese año. Pero a los minutos de hacer el depósito, estos fueron girados y devueltos a una cuenta de fondos ordinarios de la municipalidad, por la encargada de finanzas de la Daem, Francisca Zuleta.
Según relató ella, lo hizo luego de recibir un llamado telefónico de Jaime Bahamondes, administrador municipal, quien le dijo que el dinero haComo era de esperarse, todo esto ha tenido un profundo impacto en la educación de los niños de los 12 colegios de la región. Alicia García, directora de la Escuela Víctor Manuel Sánchez, cuenta que en el período del alcalde Delgado asesores municipales la presionaban para firmar proyectos con sobreprecio. Cuando se negó, terminaron sacándola del colegio. CS AS ACA E O EA E EA E E IAE NS (PIE). De estas, 17 suman más de $100 millones.
Montos y tipos de subvención involucrada por organismos E FAER PIE O EA | 5 11.291. 634,431 o E E PEE AAA E E E A EAN Municipalidad de Punta AE A A E A BI O E AE EE Municipalidad de Villarrica EEN) $ 507.668. 737 A $5 412.293. 632 A AA $ 305.156. 869 A Ad 15 CEE AA] OEA] AS A ET Fuente: Consejo de Defensa del Estado bía sido transferido por error a la Daem.
El sumario de la Contraloría sancionó a Zuleta, y también a Luis Gajardo, administrador de finanzas de la municipalidad; Roxana Guerra, encargada de la Oficina de Intermediación Laboral, y a Nelson Vieytes, exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación, por ser los encargados de cuidar las subvenciones y responsables de los giros realizados. Actualmente, la nueva administración municipal tiene que encargarse del desastre financiero. Según les informó la Seremi de Educación hace unas semanas, la municipalidad debe reintegrar al Mineduc $ 448 millones por fondos Faep por no haber sido justificados. Otros escándalos Pero el caso de Tierra Amarilla no esúnico. El CDE mantiene otras causas penales vigentes por dineros cuyo uso no se ha justificado. En Arica, $ 9.068 millones de la SEP no han sido justificados; en La Florida falta justificar $ 2.224 millones del Faep, y en Linares hay $ 1.798 millones de la SEP sin acreditar. Adicionalmente, el CDE mantiene otras 25 causas civiles vigentes, también por irregularidades con las subvenciones, que suman $ 1.748 millones. En el último tiempo, la Superintendencia de Educación ha detectado cinco casos de anomalías que podrían constituir delitos, y que derivó al Ministerio Público para su investigación.
El más reciente de ellos es el de San Bernardo, por hechos ocurridos en el período de la exalcaldesa y hoy diputada Nora Cuevas (UDI). Según la superintendencia, los problemas vienen ocurriendo desde 2015, cuando la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo no acreditó el uso de $10.711 millones, lo que le valió una multa del 5% de la subvención durante cuatro meses. El desajuste volvió a ocurrir en 2016, con $ 13.598 millones sin acreditar; en 2017, con $17.139 millones sin justificar, y en 2018, con $ 15.806 millones sin hallar.
En 2019, el saldo no acreditado ascendía a $ 10.560 millones, por lo que hay otra multa en curso, pero además la superintendencia señaló que en dicha rendición de gastos se habían rendido también gastos de años anteriores, lo que va contra la normativa. otra comuna complicada es la de Recoleta, donde la superintendencia detectó que los montos no acreditados eran mucho mayores a los que informaba la municipalidad. Por ejemplo, en la rendición de 2014 declaró que había $ 57 millones sin justificar, pero luego que eran $1.129 millones. En los siguientes, la historia serepitió, por lo quese multó al municipio por entregarinformación inexacta. En 2016 faltaban $ 2.739 millones de la subvención PIE, y de la SEP fueron declarados $ 3.146 millones, pero solo pudieron ser acreditados $ 495 millones.
Es decir, entre 2014 y 2017 ha habido una diferencia creciente entre los saldos que deberían estaren la cuenta corriente de la SEP de la Municipalidad de Recoleta y los que realmente tiene, lo que ajuicio del organismo podría reflejar un desvío de recursos para otros fines, por lo que los antecedentes fueron entregadosal fiscal nacional, Jorge Abbott, el19 denoviembre de 2020.
La Superintendencia de Educación añade que, en el caso de Recoleta, se ha entregado “información no ajustada a la realidad en reiteradas oportunidades, tanto en el proceso de Rendición de Cuentas, como en el de Acreditación de Saldos, dejando de rendir más de $4.236 millones en el proceso de Rendición de Cuentas de recursos del año 2019”. Uno de los casos más recientes derivados a la fiscalía es el de Punta Arenas, municipio pronto a desmunicipalizar su educación: el 26 de marzo pasado la superintendencia entregó antecedentes que muestran que en la corporación de dicho municipio hay $ 331 millones sin justificar.
Pero además este monto disminuyó deunaño a otro -en 2018 era de $1.270 millones-, lo que significa quela municipalidad debería haber reintegrado la diferencia a la cuenta corriente, y además haber ejecutado ese dinero, pero no está claro que eso haya ocurrido.
En marzo, la superintendencia también derivó al Ministerio Público el caso de Valparaíso, que es similar al de Punta Arenas: entre 2018 y 2019 el saldo no acreditado disminuyó de $ 4.582 millones a $ 2.344 millones.
Esosignifica que la municipalidad debería haber reintegrado diferencia de $ 2.238 millones, y además haber ejecutado esos dineros, lo que no está claro, porque el sostenedor no respondió a la solicitud de la superintendencia de transparentar los movimientos bancarios. En la rendición de cuentas 2020, el monto no acreditado subió a $ 3.924 millones.
El municipio dirigido por Jorge Sharp ya estaba bajo el ojo de la Contraloría, organismo que el año pasado inició un juicio de cuentas por el mal uso de $ 931 millones que tenían fines educacionales.
La Superintendencia de Educación dice que en los incumplimientos de estos cinco sostenedores se “involucran montos elevados de subvención que no se encuentran en las cuentas bancarias respectivas, por lo que podríamos evidenciar un posible mal uso o desvío de recursos a otros fines. Por tanto, remitimoslos antecedentes al Ministerio Público, con la finalidad de que puedan investigar y tomar las medidas que la ley contemple”. O
