Autor: Mauricio Bravo
Sin convivencia no hay aprendizajes: radiografía a la violencia escolar en regiones
Sin convivencia no hay aprendizajes: radiografía a la violencia escolar en regiones a evidencia es consistente en mostrar que la convivencia escolar es una condición esencial para el aprendizaje.
Los datos de la Agencia de Calidad de la Educación, a través de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS), evidencian una asociación sistemática entre mejores niveles de convivencia y mayores resultados de aprendizaje en Simce. En otras palabras, los establecimientos que logran generar entornos seguros, con normas claras y relaciones respetuosas, no solo presentan mejores indicadores de bienestar, sino también mejores desempeños académicos.
Dicho lo anterior, es muy preocupante que la violencia en espacios educativos dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en un problema creciente que tensiona la capacidad del sistema para garantizar condiciones mínimas para el aprendizaje. En este contexto, por ejemplo, en 2025 se registraron 22.680 denuncias ante la Superintendencia de Educación, el nivel más alto de la última década, consolidando una tendencia al alza sostenida. Este aumento no es solo cuantitativo, sino que refleja un cambio en la configuración del problema. Del total, 17.076 denuncias corresponden a convivencia escolar (75,3% ), lo que confirma que la conflictividad se ha transformado en un problema mayor.
Dentro de este ámbito, 9.299 casos corresponden a maltrato a estudiantes, es decir, más del 40% del total, lo que revela que no solo existe disrupción en el aula, sino que también formas directas de violencia interpersonal. A ello se suman 2.869 denuncias por discriminación, 1.352 por situaciones de connotación sexual y 881 vinculadas a medidas disciplinarias, lo que da cuenta de un fenómeno diverso y transversal. A nivel regional se observa que la Región Metropolitana concentra el mayor volumen de denuncias, ello responde en gran medida a su tamaño y tal vez a una mayor capacidad institucional para procesarlas.
Sin embargo, no ocurre lo mismo en otras regiones, en Valparaíso, por ejemplo, se registraron 2.169 denuncias en 2024, con un aumento de 9,2%, tendencia que se mantiene en 2025, mientras que en Biobío se observaron incrementos cercanos al 18,5% en denuncias de convivencia, lo que evidencia una presión sostenida sobre el sistema escolar. En el norte del país, particularmente en Tarapacá, el fenómeno adquiere otra dimensión porque allí se registró un aumento de 45,3% en denuncias de convivencia, posicionándose como una de las regiones con mayor crecimiento relativo.
Algo similar ocurre en Antofagasta, donde la proporción de denuncias se mantiene en torno al 70%. En estos casos, el problema central no sería solo debilidad normativa, sino también es posible que esté debilitada la capacidad del sistema para mediar los conflictos.
Por su parte, en regiones como Maule, O'Higgins y La Araucania presenta un volumen total de denuncias menor en comparación con regiones como la Metropolitana o Valparaíso, no obstante, estas mantienen una alta proporción de casos asociados a convivencia escolar, en línea con la tendencia nacional. En el extremo sur, regiones como Aysén y Magallanes presentan un menor volumen de denuncias, pero con alta variabilidad entre años. Lo complejo es que incluso un número reducido de casos podría generar una disrupción significativa, debido a la limitada disponibilidad de equipos especializados y redes de apoyo.
Este panorama permite sostener una conclusión central respecto de que la violencia escolar en Chile no se distribuye de manera homogénea, porque lo que realmente varía entre regiones no es tanto la existencia del fenómeno-que en todas concentra entre el 70% y el 75% de las denuncias en convivenciasino la capacidad del sistema para gestionarlo. En otras palabras, el problema no es solo dónde ocurre la violencia, sino dónde el sistema tiene menos herramientas para responder.
Los datos de la Agencia de Calidad de la Educación muestran que regiones como La Araucanía, Tarapacá y Atacama presentan sistemáticamente menores niveles en indicadores de clima de convivencia escolar, mientras que otras como la Región Metropolitana o Biobío, aun cuando concentran un alto volumen de BINEROS CHILE casos, exhiben mejores resultados relativos en gestión de la convivencia y capacidades institucionales. Esta brecha podría estar asociada a diferencias en disponibilidad de equipos psicosociales, redes de apoyo y capacidad de gestión escolar. A este escenariose complementa otro cambio cualitativorelevante.
Según registros de carabineros, durante 2025 se observó un aumento en eventos de mayor gravedad, incluyendo porte de armas, amenazas y agresiones a docentes, así como la proliferación de avisos de ataque que, aun cuando no siempre se concretan, obligan a activar protocolos complejos y costosos. Esto introduce una preocupación adicional relacionada a la necesidad de gestionar no solo la violencia efectiva, sino también el riesgo percibido. A esto se suma el efecto imitación que está complejizando aún más el fenómeno.
Tras episodios de alta visibilidad, se ha observado una rápida propagación de amenazas de tiroteo en establecimientos a lo largo del país, obligando a activar protocolos de emergencia incluso en casos donde no existe un riesgo real inminente.
Como plantea el académico Carlos Ossa, "los avisos de tiroteo en establecimienINSTITUTO OBISPO SILVA LEZAETA tos escolares son un fenómeno de manifestación de poder social. .. la finalidad, en general, es provocar una reacción social, no necesariamente llevar a cabo una matanza". En esa misma línea, advierte que "los casos de violencia y muerte reales son habitualmente realizados en secreto, para así asegurar dicho objetivo". Por tanto, muchas de estas amenazas operan bajo lógicas de visibilización, imitación y amplificación social, más que como expresiones directas de violencia efectiva. EDUCACIÓN SUPERIOR Por otra parte, en educación superior, aunque el volumen de denuncias es menor, el patrón es consistente. Los conflictos tienden a estructurarse en torno a relaciones institucionales y a canalizarse mediante mecanismos formales, particularmente en ámbitos como la violencia de género.
En este contexto, la promulgacion de la Ley 21.369 resulta ilustrativa porque surgió a partir de las movilizaciones feministas de 2018, que evidenciaron la ausencia de mecanismos adecuados para abordar situaciones de acoso, violencia y abuso de poder al interior de las universidades. La ley, por tanto, no solo recono* PORTOW 2 BASICOS. ALLTUNOS NEWS SOLO EL PRIMER DÍA DESPUÉS DEBERAN INGRESAR POR DONDE LES CORRESPONDA ció la existencia del problema, sino que obligó a las instituciones a desarrollar capacidades formales para prevenir, investigar y sancionar estos hechos.
No obstante, en los últimos días la violencia en la educación superior también ha adquirido formas preocupantes, por ejemplo, la ministra de Ciencia fue retenida, insultada y agredida físicamente durante una actividad en la Universidad Austral de Chile. A ello se suma un hecho ocurrido a la ministra de Energía, Ximena Rincón, que fue insultada durante la inauguración del año académico en la Universidad Técnica Federico Santa María.
Junto con lo anterior, se han registrado ataques con armas blancas en contextos universitarios, así como agresiones a docentes al interior de campus y episodios de amenazas de tiroteo, como el caso reportado esta semana en la Universidad Central de La Serena.
En este contexto, la violencia en la educación superior no está ausente, sino que está más asociada a tensiones políticas, conflictos institucionales y disputas simbólicas de poder que, progresivamente, erosionan el carácter deliberativo propio de la universidad. En definitiva, el sistema educaAP & 2841 CARABINEROS DE CHILE www.carabineros.cl 133 tivo enfrenta una brecha significativa entre la complejidad del problema y la capacidad de sus instrumentos de política.
En un escenario donde tres de cada cuatro denuncias corresponden a convivencia y cuatro de cada diez a maltrato directo, más los casos de agresiones en dependencias universitarias, resulta evidente que los dispositivos actuales son insuficientes.
Desde una perspectiva pedagógica, el punto de fondo es que la convivencia escolar no es un complemento del proceso educativo, sino su condición indispensable donde se configuran las expectativas, la autoridad docentey la disposición al aprendizaje. Cuando ese entorno se deteriora, se debilita la enseñanza, se interrumpe la continuidad de los procesos formativos y se amplifican las brechas entre estudiantes.
Por el contrario, sistemas que logran sostener marcos de convivencia claros y consistentes no solo ordenan el ambiente escolar o universitario, sino que crean las condiciones para que el aprendizaje ocurra de manera significativa y se profundicen las competencias de pensamiento crítico. Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la UDD, analiza a la luz de las cifras las diferencias del fenómeno que irrumpió con fuerza y se instaló en los establecimientos del país.
Autor: Mauricio Bravo. "Según registros de carabineros, durante 2025 se observó un aumento en eventos de mayor gravedad, incluyendo porte de armas, amenazas y agresiones a docentes, así como la proliferación de avisos de ataque que, aun cuando no siempre se concretan, obligan a activar protocolos complejos y costosos". Un tema que dejó de ser un fenómeno marginal Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la UDD, analiza a la luz de las cifras las diferencias del fenómeno que irrumpió con fuerza y se instaló en los establecimientos del país. Los establecimientos que generan entornos seguros llevan a mejores desempeños académicos. Vicedecano Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. En Valdivia, la ministra de Ciencia debió salir corriendo mientras era golpeada, empujada y rociada con agua de la U. Austral.
