Autor: Por Francisco Artaza

Las mujeres invisibles de las mafias venezolanas
Rutas y rastros del Tren de Aragua en Chile 45 Meses en promedio permanecen las víctimas bajo las redes de explotación sexual controladas por bandas de crimen organizado transnacionales, como el Tren de Aragua.
“Nos encontramos con una situación espantosa”. A los funcionarios de la Municipalidad de La Serena se les quiebra la voz al recordar a la joven colombiana a la que en enero de este año tuvieron queproteger, tras escapar de las redes de trata de personas para explotación sexual controladas por las mafias criminales venezolanas que han expandido sus operaciones a Chile. “Con ayuda de la policía dimos con su paradero. Estaba cerca de unas carpas, donde alojan migrantes. Estaba muy desnutrida, tenía evidentes marcas de quemaduras de cigarrillos en sus brazos y una herida en la rodilla. No hablaba prácticamente nada. Y cuando le pasábamos ropa, de inmediato se la sacaba. Había perdido completamente el pudor y se ofrecía a cambio de comida. Estaba en un estado terrible.
Queríamos ayudarla, pero ella estaba siempre a la defensiva, agresiva con todos, con El delito de trata de mujeres para explotación sexual se ha transformado en la principal fuente de ingresos de las organizaciones criminales transnacionales de origen venezolano, como la temida Tren de Aragua, incluso por sobre el tráfico de drogas y armas.
En Chile, en los primeros cuatro meses de 2021, ya se ha rescatado a 21 víctimas y se han abierto seis causas judiciales, lo que da cuenta de un significativo aumento de este delito en el país. una desconfianza enorme que la llevaba a tratar de escapar todo el tiempo”, relatan los funcionarios, cuyos nombres mantendremos en reserva por motivos de seguridad. “Trabajamos con migrantes todos los días, sabemos lo peligrosas que son las bandas criminales transnacionales que están detrás de esto y de lo que son capaces”, recalcan.
Desde el 1 de enero de este año hasta el 8 de mayo pasado, la PDI y Carabineros reportaban 21 víctimas de trata de personas, en su mayoría mujeres venezolanas y colombianas que han sido traídas bajo engaño o coerción y que son obligadas a ejercer la prostitución para estas bandas internacionales.
Sólo en lo que va de este año se han abierto seis causas judiciales por este delito, con 15 formalizados, según los datos proporcionados por la Mesa Intersectorial Contra la Trata de Personas, dependiente del Ministerio del Interior.
La cifra de estos primeros cuatro meses es muy superior a la que se había registrado en el mismo periodo del año pasado: una víctima y ninguna causa judicial, y representa el 10% de todas las mujeres que han sido rescatadas de redes de trata de personas para explotación sexual en Chile desde 2011 (las que suman 215), cuando se promulgó la Ley 20.507 que tipificó y sancionó este delito. Desde entonces se han iniciado 52 causas judiciales, pero sólo en 24 casos se ha logrado una sentencia condenatoria, lo que habla de la enorme dificultad para perseguir este millonario negocio ilícito. “Hay claramente un incremento de casos. Se comenzaron a levantar las restricciones al desplazamiento y eso va a implicar, obviamente, que va a llegar más gente.
Por eso ha sido muy importante para nosotros la información residual que hemos obtenido de las investigaciones que se iniciaron a comienzos de año en Puerto Montt e Iquique para alertar a nuestras unidades”, señala Paulo Contreras, jefe nacional Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Jenanco) de la PDI. Investigaciones que tienen un denominador común: la expansión de las bandas criminales venezolanas en la región.
Tráfico de personas Los Malditos del Tren de Aragua, la megabanda criminal venezolana nacida en el estado de Aragua en 2005 y que, con más de 3.000 integrantes, es una de las organizaciones delictivas más poderosas y violentas de Venezuela, es una de las principales responsables de este aumento del tráfico de personas en Chile.
Desde el 2014, esta mafia liderada por Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias “El niño Guerrero”, desde la cárcel de Tocorón, donde cumple una condena de 17 años de prisión, comenzó a expandir su área de acción por los países de la región.
“Según los reportes internacionales de inteligencia policial, el tráfico de personas para explotación sexual se ha transformado en los últimos años en la principal línea de acción criminal del Tren de Aragua y ha desplazado como principal fuente de ingresos a otros delitos gravosos, como el tráfico de drogas, armas y las extorsiones”, señala a la Unidad de Investigación y Datos de La Tercera el jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía Nacional de Perú, coronel Víctor Reveredo.
El número de casos detectados, sin embargo, debe tomarse con mucho cuidado, advierte la socióloga Carolina Stefani, investigadora asociada del Centro de Estu Conflicto y Cohesión Social (Coes) a cargo del proyecto “Rutas y trayectorias de migrantes venezolanos en América del Sur”, además de ejercer como académica en la Universidad de Tarapacá. “Los datos dependen de las denuncias que se hagan, por lo que la cifra oculta es imposible de medir. Es tal la violencia y el daño que provocan, no sólo en las mujeres que son víctimas directas de trata, sino en toda la comunidad, por la Investigación LT y Datos Lea más en latercera.
Com 48.478 Víctimas de trata de personas para explotación sexual han sido detectadas a nivel mundial en los últimos tres años. forma en que estas organizaciones empiezan a meterse en las comunidades, coaptándolas muy rápidamente, hace que estas no se atreven a denunciar la presencia y accionar de estas bandas”, explica Stefani. Eso es precisamente lo que ocurrió con la joven que fue rescatada en La Serena a comienzos de este año. Tras ser catastrada por la PDI, la joven fue llevada al Hospital de Coquimbo e internada en el área siquiátrica del establecimiento debido al shock emocional que presentaba. Pero a los pocos días se escapó. No sería la única vez.
“La alojamos en casas de mujeres que nos ayudaban a resguardarla, pero era demasiada la desconfianza que tenía de todos y varias veces intentó arrancar”. Con la ayuda de una doctora colombiana lograron ir venciendo en parte la resistencia de la joven. “Le llevaba comida típica colombiana para que pudiéramos acercarnos a ella y facilitar que comenzara a recordar. Nos costó mucho que ella empezara a hablar, que nos contara qué le había pasado”. Recordaba sólo destellos, pequeños retazos de una historia que hasta ahora no ha logrado ser completamente reconstruida. “Ella se vino caminando desde Colombia junto aun grupo de mujeres, a las que conocía de antes, para así protegerse mutuamente durante el largo trayecto que harían hasta Chile.
Ella es una joven de rasgos muy bonitos, es muy hermosa”. No dio fechas exactas, sólo dijo que tardaron varias semanas en llegar hasta la localidad boliviana de Pisiga, a metros de la frontera con Chile, porque evitaban a los “coyotes' y “trocheros' que ofrecen facilitar el cruce de las fronteras por pasos no habilitados a cambio de dinero o de engancharlas para que trabajaran para ellos. “Cuando estaba en Pisiga, se extravió del grupo de amigas con las que viajaba. Por lo que cuenta, da la impresión que fue drogada, porque lo que recuerda después es haber despertado en una habitación. Estaba desnuda y atada.
Allí la mantuvieron cautiva varios días, sin alimento ni agua... ”. Después sería trasladada hasta una casa en Arica, “donde había más chicas extranjeras encerradas que eran explotadas sexualmente”, y más tarde a la Región de Coquimbo. “A veces comenzaba a contar cosas y de pronto decía: esto mejor que no, y se callaba. Costaba mucho sacarle información, porque estaba temerosa y desconfiada”. A inicios de enero, en un momento de descuido de sus captores, la chica huyó. “Se lanzó desnuda, tal como la tenían, por la ventana del departamento en que la mantenían encerrada. Era una altura de dos o tres pisos, por eso la herida que tenía en la pierna cuando la encontramos. Para nosotros era muy importante saber dónde estaba ese edificio, pues había más chicas explotadas. Pero su relato era incompleto”, señalan miembros del equipo que la protegió. El 11 de febrero pasado, la joven regresó a Bogotá en un vuelo financiado por el consulado de Colombia en Chile. Uno de sus parientes viajó a buscarla. El reencuentro fue en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, el mismo día que la joven sería deportada por su ingreso irregular.
“Su familia llevaba muchos meses buscándola desde Colombia, habían presentado meuna denuncia por presunta desgracia luego que perdieran contacto con ella justo antes de que intentara ingresar a Chile”. Modus operandi Por el traslado de una mujer desde Venezuela hasta Chile el precio que cobra el Tren de Aragua va de los cuatro a los siete millones de pesos. Se trata de “la multa” que las jóvenes deben pagar ejerciendo la prostitución una vez instaladas en Chile. Pero ni siquiera con el pago dela “multa” las jóvenes pueden liberarse. “Siempre van a quedar debiendo algo a las mafias”, remarca Denisse Araya, directora de la Fundación Raíces, una entidad dedicada al trabajo con menores de edad explotadas sexualmente. Cuando finalmente logran pagar el traslado, viene el apretón final. Si una mujer quiere seguir trabajando en la zona, debe pagar semanalmente más de $100.000 a la organización a cargo del territorio.
La PDI ya ha recibido denuncias de organizaciones de trabajadoras sexuales chilenas y extranjeras que ejercen la prostitución en el centro de Santiago de manera independiente, sobre las amenazas que han recibido por parte de delincuentes venezolanos que se presentan como integrantes del Tren de Aragua. O trabajan para ellos o pagarán las consecuencias. ILUSTRACIÓN: CESAR MEJÍAS Y no sólo es el Tren de Aragua.
La Fiscalía Regional de Tarapacá tiene antecedentes de la presencia en Chile de a lo menos otros tres grupos: Los Desastres, Los Malditos de Carabobo y Tren del Sur, además de facciones más pequeñas provenientes de las zonas de Petare, un extenso barrio marginal en los extramuros de Caracas y considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo por su nivel de criminalidad. También se ha detectado en el norte de Chile a extranjeros ligados a bandas como Cota 900 y Santa Rita. “El Tren de Aragua es más bien una suerte de confederación. Donde concurren varias células que se identifican como tal, que pagan un tributo o *causa' por el derecho a usar el nombre y a protección, pero que no necesariamente responden a una misma jefatura central. Existe mucha tercerización de los servicios.
Nosotros inicialmente pensábamos que eventualmente la misma organización captaba las mujeres en Venezuela y en Colombia y las traían hasta Tacna, donde las recibía otro equipo que se encargaba de cruzarlas por Desaguadero a Bolivia y desde ahí las llevaban a Pisiga, para pasarlas por pasos no habilitados a Chile. Desde allí eran trasladadas a las capitales regionales, donde eran explotadas sexualmente. Al principio era así. Pero ahora no”, explica el jefe de la Jenanco de la PDI, Paulo Contreras.
Trochas de la esclavitud El 23 de marzo pasado, tras seis meses de investigación, que incluyó el uso de agentes encubiertos, escuchas e interceptaciones telefónicas, la realizó operativos simultáneos en Puerto Montt, Temuco, Osorno y Talca, que permitieron la liberación de seis mujeres, todas ellas venezolanas, que habían sido traídas a mediados de 2021 por pasos fronterizos no habilitados para ser explotadas sexualmente por una de estas bandas locales.
Cinco venezolanos fueron detenidos y formalizados por asociación ilícita para la trata de personas con fines de explotación sexual, otros dos inculpados, una mujer y un hombre, a quienes se les sindica como enlaces con el Tren de Aragua para organizar el envío de mujeres, se encuentran prófugos y con orden de detención pendiente.
“A partir de esta causa se obtuvo información que permitió abrir otras investigaciones que llevan otros fiscales en el norte”, indicó el fiscal de Puerto Montt, Marcelo Maldonado, a cargo de la persecución judicial de este caso, que aún se encuentra bajo reserva.
La Unidad de Investigación y Datos de La Tercera tuvo acceso a parte de los testimonios que brindaron las víctimas en calidad de testigos protegidos y que fueron dados a conocer el 26 de marzo pasado por el fiscal Maldonado, durante la audiencia de formalización, y que han permitido establecer las rutas usadas por las mafias y reconfigurar la forma en que estas operan.
Una extensa cadena que incluye la participación de empresas de transporte de pasajeros, que venden pasajes de manera irregular para el traslado de las víctimas sin pedir documentación, y el uso de hostales en distintas ciudades desde Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, que son usados por el Tren de Aragua y otras organizaciones criminales cómo “casas de seguridad”. Los nombres, datos personales o referencia a las ciudades de origen de las víctimas se mantendrán en reserva, no sólo para evitar su revictimización, también para resguardar su seguridad.
Pa' Chile, allá se gana mejor, le dijeron, al tiempo que le entregaban el número de Whats App de un venezolano que se encontraba irregular en Chile, a cargo de la red de prostitución desbaratada a comienzos de este año en el sur. Fue en junio cuando una de las víctimas decidió contactarlo. “Él ofreció pagar su traslado completo hasta Chile para que pudiera trabajar de escort. Además, se comprometió a brindarle mudas de ropa, comprarle lencería, un teléfono celular, un lugar donde vivir, pagar el costo de peluquería y arreglo de uñas.
También le aseguró que enviaría semanalmente la suma de 100 mil pesos chilenos a sus familiares durante el tiempo que trabajara con ellos”. A. cambio, ella debía pagarle cuatro millones de pesos chilenos una vez que estuviera instalada y trabajando en Chile. Es lo que denominan la “multa” que cobran las mafias venezolanas a las migrantes por su traslado hasta Chile. “A mediados de agosto (de 2021) emprendimos el viaje. Me dijeron que debía llevar sólo mi cédula de identidad, que dejara mi pasaporte venezolano allá y que no llevara más que un bolso muy pequeño, con una muda de ropa, nada más. Dos hombres me pasaron a buscar al lugar que me indicaron. Se presentaron como integrantes del Tren de Aragua.
Antes de partir me exigieron que les contara sobre los miembros de mi familia, dónde vivían, a qué se dedicaban”. Antecedentes policiales obtenidos en Perú por la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional de Perú, creada en 2019 para enfrentar a las bandas venezolanas presentes en su territorio, confirman esa práctica. “Ellas son censadas en Venezuela al momento de ser coaptadas.
Les toman los datos personales y la bitácora familiar, por lo que desde ya comienza este secuestro criminal y el sometimiento de estas mujeres”, recalca el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de Homicidios de la policía peruana. En automóviles con vidrios polarizados partieron hacia Bogotá. “Allí me entregaron un pasaje de bus hasta una ciudad a medio camino de la frontera con Ecuador, donde me entregaron a otros dos hombres que me llevaron a la frontera. Viajaba con otras ocho mujeres, casi todas venezolanas, a las que no conocía”, relata una de las víctimas.
“Nos dejaron en una lancha en la que cruzaríamos de noche el río Guaitara (que marca la frontera entre Colombia y Ecuador). Allí había otras personas que no tenían nada que ver con el grupo en que andábamos y que también querían cruzar la frontera. Al llegar a Ecuador me recogió otro hombre al que le decían Bayron.
Él nos dijo que teníamos que botar el chip del celular que nos habían entregado en Colombia y nos entregó un nuevo chip, esta vez ecuatoriano, para que lo colocáramos en nuestros celulares”, relatan las víctimas. Una operación que se repetiría tras cada cruce de frontera. “En Perú las van ubicando en departamentos y hostales en zonas populosas de Tumbes, Trujillo, Chiclayo, Lima y Tacna, para ir acercándolas a Chile”, señala el coronel peruano Víctor Reveredo.
La mayoría de las víctimas que fueron rescatadas este año desde los inmuebles donde estaban cautivas en Puerto Montt, Temuco, Talca, como también en otros operativos realizados en Santiago, Rancagua, La Serena e Iquique, siguieron el viaje desde Tacna hacia Desaguadero y de ahía Bolivia, donde nuevos trocheros las trasladaron hasta la localidad de Pisiga. Allí, a sólo uno metros de la frontera con Chile, el Tren de Aragua de sus bases de operaciones.
Hace dos meses, la Fiscalía de Tarapacá, a través de los mecanismos de cooperación judicial internacional, solicitaron a las autoridades bolivianas allanar ese inmueble y enviara Chile copia legalizada de las evidencias que fueran encontradas para en las investigaciones judiciales en marcha. Sin embargo, hasta ahora la policía boliviana no ha dado curso a esa importante diligencia. Ya en Chile, las mujeres eran conducidas de inmediato a Huara, donde, de acuerdo con los antecedentes que dispone la Fiscalía de Tarapacá, funciona otra “plaza” importante del Tren de Aragua.
Desde allí algunas eran enviadas a Iquique, otras a Calama y Antofagasta, donde las mantenían ocultas en casas y hostales en zonas controladas por el Tren de Aragua, a la espera de contactarlas con la banda local que se encargaría de explotarlas sexualmente. “No tenía idea de cuál sería mi destino final. Cuando estaba en Antofagasta, me dieron un pasaje a Santiago y me dijeron que en el terminal de buses me esperaría un hombre. Al llegar me contactó por Whats App un joven venezolano, quien me dijo el lugar donde nos reuniríamos. Allí me pasó otro boleto de bus, con destino a Talca”. Fue en esta última ciudad donde la recibió el líder de la banda local con el que había acordado inicialmente su traslado a Chile. La llevaron de inmediato a una casa. “Allí me dijeron que no habían podido enviar los 100 mil pesos semanales a mi familia, como habían prometido, como tampoco pagarían la ropa, de lo que me habían prometido.
Además, me dijo que la multa ya no eran cuatro millones, sino que había subido millones de pesos”. “Aqui las cosas son así”, les respondía el jefe de la banda ante los reclamos de las mujeres, amenazándolas con que la “multa subiría cada vez que no cumplieran sus órdenes”. No sólo eso. Una de ellas relata expresamente que le mostraron fotografías de sus familiares en Venezuela, reiterándoles que ellos “tenían nexos con el Tren” y que sus parientes tendrían problemas si desobedecía. Desde entonces, las víctimas debían trabajar las 24 horas del día, los siete días de la semana, en habitaciones que los líderes de la banda alquilaban en un motel ubicado en calle Benavente 083. Eran los líderes dela banda quienes se encargaban de promocionar sus servicios sexuales en páginas web y de concertar las tarifas con los clientes. “No recibía nada de dinero.
Todo lo que ganábamos teníamos que entregarlo directamente al jefe de la banda para pagar la “multa”, los gastos de alimentación, ropa y por la “llave' (comisión del 25% del valor de cada servicio sexual que exigían los miembros de la banda por hacer el contacto con cada cliente). De esos cobros nos enteramos cuando ya estábamos en Chile, pero no podía hacer nada para evitarles problemas a mis familiares en Venezuela”. Los relatos de las víctimas difieren sólo en algunos detalles, pero todas coinciden en el alto número de involucrados que participaron en su traslado hasta Chile, lo que da cuenta del alto nivel de organización y del control que estas bandas criminales transnacionales han logrado de las fronteras. 21 mujeres han sido rescatadas de redes de trata de personas para explotación sexual en lo que va de este año. Se han abierto seis causas judiciales.