¿Una renta básica universal de emergencia es una herramienta más eficiente frente a la crisis?
Ante la necesidad que parte de la población enfrenta como resultado de la crisis sanitaria y su impacto en la situación económica de los hogares, surgen distintas iniciativas para enfrentarla y dentro de ellas, la reforma para hacerle frente con una renta básica universal ante situaciones excepcionales genera debate sobre su equidad y pertinencia. Felipe Balmaceda MIPP, ISCI, UDP-Economía Es la política, no la economía, ni la pandemia as consecuencias de la pandemia en la salud, la economía y la educación han sido enormes. Sin embargo, sus consecuencias son menores a las que tuvieron, por nombrar algunas, la peste negra, la gripe española y la viruela. Esto debido a la rapidez con la que reaccionó el mundo científico. La política, en contraste, ha reaccionado de manera lenta y errática. Por ejemplo, los gobiernos de Bolsonaro y Trump negaron desde un comienzo su existencia y sus consecuencias son conocidas. Cuando falla la política, sufre la economía, la educación y la salud. En Chile, la política daña la educación con el cierre de las escuelas por periodos largos y en forma indiscriminada. La evidencia muestra que los contagios en las escuelas son bajos y los beneficios para los niños de asistir a ellas son enormes. La política lesiona la salud con propuestas erráticas, cuarentenas severas e indiscriminadas, e información contradictoria a la científica. La política perjudica la economía cuando, por ejemplo, destruye el sistema de pensiones por su incapacidad de ponerse de acuerdo, y su deseo de implementar agendas políticas partidarias usando la pandemia como excusa.
Esto a pesar de que Chile es, de acuerdo a los datos del FMI, el undécimo país del mundo en términos de recursos fiscales, como porcentaje del PGB, destinados a aminorar las consecuencias de la pandemia.
La falta de acuerdos políticos y la ola de populismo que azota al país, han resultado en propuestas populistas -impuesto a los súper ricos, la instauración de un ingreso básico universal, el retiro de fondos del seguro de cesantíaen vez de políticas efectivas para ayudar a los más afectados.
Sabemos que los trabajadores que se desempeñan en tareas que pueden hacerse de forma remota y/o tienen empleo sufren menos que aquellos que sus labores exigen su presencia física, sus ingresos dependen de ella, y/o están desempleados. Por ende, es deseable, y a la vezjusto, que la ayuda se concentre en aquellos que están en condiciones, relativamente, más desfavorables.
Así, tanto el ingreso básico universal transitorio para el 90% de la población propuesto por la DC, como el paquete de gobierno, que entre IFE, bono clase media y otras medidas, llegará alrededor del 80% de la población, son malos instrumentos para ese objetivo, dado que ayudan a todos por igual, y no todos sufren por igual.
Después de más de un año de pandemia, deberíamos tener un sistema que permita a los ciudadanos que no pueden trabajar, debido a cuarentas o desempleo, solicitar recursos monetarios de montos predefinidos que se depositen en el Banco Estado (el Estado debe asegurar una cuenta vista a cada chileno mayor de 18 años), previa corroboración por parte de las autoridades correspondientes de la veracidad de la causal aludida para su solicitud. En el evento que no pueda corroborar la causal, lo cual es su responsabilidad, el Estado debería proveer los fondos.
La falta de una política eficiente y justa (el que sufre más, recibe mayor ayuda) se debe en gran medida a que el Estado chileno vive en el siglo pasado y, esto es, sin lugar a dudas, de exclusiva responsabilidad de la política, que casi nada ha hecho para modernizar el Estado en los últimos 20 años.
Cuando la política ignora su noble razón de existir, que es la promoción del bien común, y se dedica exclusivamente a las cuestiones partisanas, el resultado no puede ser otro que el fracaso de ella y, con ello, el deterioro de la calidad de vida para la gran mayoría. luis Eduardo Escobar Economista y consultor independiente Construir convivencia social a bancada de diputados del Partido Demócrata Cristiano ha presentado un proyecto de reforma constitucional que, “en caso de decretarse un estado de excepción constitucional de catástrofe por pandemia”, introduciría como derecho constitucional recibir una renta básica universal. El Presidente estaría obligado a presentar al Congreso, un proyecto de ley que establezca una renta básica y universal de emergencia que no podría excluir a más del 10% de la población. La iniciativa es en respuesta a la evidente incapacidad de nuestro aparato estatal para apoyar adecuadamente a la población frente a una situación excepcional. Las medidas para combatirla pandemia, especialmente las cuarentenas, no permiten desarrollar las actividades económicas habituales y generar los ingresos necesarios para cubrir los gastos de supervivencia y obligaciones financieras. La incapacidad del Estado para apoyar a los ciudadanos, usando los instrumentos tradicionales de apoyo a la población de bajosingresos, ha quedado en amplia evidencia durante estos últimos 12 meses.
Las ollas comunes, el aumento del número de personas viviendo en campamentos y en situación de calle, el ausentismo escolar cuando no la deserción, y la acumulación de impagos por servicios básicos, servicios educacionales, deudas hipotecarias y otras son la prueba palpable de dicha incapacidad.
A estas deficiencias, que es necesario corregir con urgencia, se suma una cierta arrogancia ideológica de los sectores conservadores que parten de la idea que el apoyo a los grupos de menores ingresos constituye una suerte de acto caritativo hacia aquellos que son “merecedores” de recibirla. Esto supone una arbitrariedad ética injustificable para distinguir entre los merecedores y los demás. Por cierto, refuerzan esta visión y comportamiento algunos economistas que apelan a las “restricciones fiscales” para limitar el gasto social. Lo que no dicen estos colegas es que las restricciones fiscales tienen dos caras. Una es el nivel de gasto y otra, que es la que prefieren olvidar junto con el gobierno, es el nivel de ingreso tributario requerido para generar un sistema de protección social adecuado.
El país cuenta con los recursos económicos necesarios para proteger a los menos favorecidos y tiene capacidad de endeudamiento para cubrir las brechas financieras que se generen temporalmente para atender debidamente las consecuencias socioeconómicas de la crisis sanitaria. Los beneficios de un esfuerzo mayor de protección social son evidentes. En primer lugar, evita que las personas queden dañadas económicamente y facilita que puedan pagar sus cuentas. El beneficio en términos de aumento de la actividad económica es evidente.
En segundo lugar, evitamos dañar el futuro económico de las personas y del Fisco ya que no será necesario recurrir a los ahorros de pensiones, al seguro de cesantía y al endeudamiento para alimentarse y poder pagar sus cuentas. En tercer lugar, aumenta el sentido de pertenencia a una sociedad donde los menos favorecidos sienten que sus intereses y preocupaciones son atendidas por el gobierno y los grupos más acomodados.
En resumen, el costo económico de un sistema de ingreso universal es mucho menor que el costo de hacer poco o nada y daña mucho menos el futuro del país que obligar a las personas a recurrira sus ahorros previsionales y seguros de cesantía. Además, el beneficio en términos de convivencia social no tiene precio.