Autor: PAULA GALLARDO S.

Las claves de la derogación del DL 3.500, que pone fin al sistema de capitalización individual
LA PROPUESTA ESTÁ CONTENIDA EN LA REFORMA PREVISIONAL QUE SE DISCUTE EN EL CONGRESO: Analistas estiman que se eliminan las alternativas de ahorro previsional voluntario, como son los depósitos convenidos y la Cuenta 2. O hay dos lecturas respecto de que el proyecto de reforma previsional que se encuentra en discusión en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados es amplio y complejo. También se ha señalado que se trata de un nuevo sistema de pensiones, más que una reforma.
Lo anterior, apuntan, tiene que ver con una disposición hacia el final de las casi 400 páginas de la iniciativa, donde se señala que “a partir de la fecha indicada en el artículo primero transitorio (es decir, dos años después que se publique la norma en el Diario Oficial si fuera aprobada), derógase el Decreto Ley N9 3.500, de 1980”. Las implicancias de ello —señalan expertos— involucran a las pensiones, pero también alcanzan ala seguridad social a través delas cotizaciones de salud; se abre el escenario a derogaciones tácitas de normas que responden al DL 3.500 e involucra riesgo de vacíos legales e interpretación normativa, respecto de un cambio que —coinciden— no es inocuo. El riesgo de vacíos legales Para Cristina Fernández, managing director de KPMG Law en Chile, un primer aterrizaje apunta a que “elimina las alternativas de ahorro previsional voluntario, como son los depósitos convenidos.
Asimismo, se elimina la Cuenta 2, que es una cuenta de ahorro voluntario”. Esto, pese que a se mantiene el Ahorro Previsional Voluntario (APV) y da énfasis al Ahorro Previsional Voluntario Colectivo(APVO), con el crédito contra el Impuesto de Primera Categoría al empleador con un tope de UF 14 por cada trabajador.
Para APV y el APVC, se mantendría el beneficio de “deducir de la base imponible hasta 600 UF al año, pero no se refiere a la bonificación fiscal, pudiendo entenderse que operaría una derogación tácita” y alcanza a la cotización de salud, ya que se considera la cotización del 7% sobre el tope imponible que “sería destinado a Fonasa o a alguna institución o entidad que otorgue al trabajador prestaciones de salud. De esta manera, reconoce la existencia de un sistema público y privado de salud”. Ignacia López, socia de Cariola Díez Pérez-Cotapos, advierte matices respecto de la libertad de elección en salud.
Así, se propone que las pensiones del nuevo régimen “estén afectas a una cotización uniforme de salud ascendente a 7% con tope de 60 UF, la que debe ser descontada y enterada en Fonasa, sin dar la opción para el caso de los pensionados que estén afiliados a isapre, que puedan elegir el destino de su cotización, lo que significaría que tendrían que pagar por su cuenta su plan de salud”, explica.
Esto “implicaría un cambio de paradigma respecto de las libertades de las personas, en cuanto a elegir en qué sistema quieren aportar su 7% y definitiva— a cuál sistema quieren pertenecer”. Esto es profundizado por Pilar Hazbun, coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Ly D, quien sostiene que la norma establece que todas las pensiones “estarán afectas a una cotización uniforme del 7% en la parte que no exceda de 60 UF el día de su pago”, pagada a Fonasa, con una redacción “cuestionable”. “Esto abre dos flancos: primero, al señalar que todas las pensiones estarán afectas a una cotización del 7%, la norma pareciera dejar fuera —o al menos pone en duda— la exención de obligación de cotizar que existe hoy día para determinados pensionados; y, segundo, el tenor expreso de la norma indicaría que dicha cotización solo podría enterarse en Fonasa”, lo que “podría configurar un caso de derogación tácita de normas que hoy se aplican y que están contenidas en leyes posteriores al DL 3.500, de 1980”, explica.
Este debate —dice Hazbun— “deja en evidencia la complejidad de la reforma de pensiones ingresada por el Ejecutivo, especialmente al haber optado por derogar el DL 3.500, en vez de reformarlo”, lo que “dificultará la tramitación del proyecto de ley en el Congreso”, subraya. Y es justamente eso lo que han abordado los economistas Rodrigo Valdés y Paula Benavides: lo que implica en términos de técnica legislativa.
Para el exministro de Hacienda —-en una reciente exposición en el Centro de Estudios Públicos (CEP)—, “derogar el (DL) 3.500 puede haber sido más fácil para escribir este proyecto, pero también tiene una parte de darse un gustito, que no ayuda mucho.
Puede haber muchos puntos ciegos y abre discusiones que uno podría no querer abrir: aquí se va a tener que votar todo el sistema de seguridad social”, agregando que “lo más grave es que hace muy difícil negociar bloques” de disposiciones de la reforma.
“Tiene mucha similitud con el “todo o nada” que hemos visto antes”. Paula Benavides señala que la reforma en discusión “no es sustancialmente distinta a las reformas de 2017-2018”, pero sí en la técnica legislativa que se eligió.
“Derogar el DL 3.500 no me parece que haya sido el camino más adecuado para una tramitación expedita, porque implica discutir todos los artículos del sistema de pensiones, no solo lo que se modifica”, explica, y “dificulta la negociación cuando no se tiene mayoría, y esto es especialmente relevante en un Parlamento que está fragmentado”. Según expertos, no solo implica la instalación de un nuevo sistema previsional, sino que incide en la cotización en salud y abre riesgos de vacíos normativos si el proyecto no se aprueba completo.