Autor: DIERK GOTSCHLICH
Suspensión en evaluación docente hasta 2024 tensiona discusión del proyecto “misceláneo” del Mineduc
Propuesta de ley se está debatiendo en la Cámara de Diputados: DISCUSIÓN. — Ayer se escuchó a voceros de federaciones de trabajadores de la educación, en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados. El martes y ayer continuó la discusión del proyecto de ley “miscelánea” que presentó el Ministerio de Educación (Mineduc), la semana pasada, a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados. La iniciativa busca abordar distintos aspectos del sistema educativo, mientras se preparan reformas para modificar los plazos de la desmunicipalización y la evaluación docente.
El proyecto plantea, entre Especialistas cuestionan que “debilita” la institucionalidad del instrumento extender su voluntariedad, mientras trabajadores de la educación valoran la iniciativa. otros, postergar en un año el traspaso de los seis Servicios L cales de Educación Pública (SLEP) que debían comenzar su instalación este año. Por otro lado, considera suspender la evaluación docente de 2022 y 2023, al igual como ocurrió en los meros dos años de pandemia, y hacerla voluntaria para quienes quieran rendirla.
La postergación de la ley 21.040, más conocida como “desmunicipalización”, genera consenso, ya que trabajadores de Ja educación reclaman una “masacre laboral” de seguir con la implementación de la ley tal cual está, pues aseguran dejaría a cientos de funcionarios sin empleo. Asimismo, especialistas valoran que haya más plazo para su implementación en medio de los problemas detectados en los 11 SLEP que están funcionando. Por el contrario, la suspensión de la obligatoriedad de la evaluación docente ha generado debate: especial tas reclaman que no se justifica su traspaso, y que hay una influencia del Magisterio en el Mineduc.
“Es evidente que detrás hay una clara agenda gremial del Colegio de Profesores, que es totalmente excesiva y fuera de toda razonabilidad”, crítica Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, quien expuso el martes ante la comisión.
“No se justifica la suspensión de la evaluación porque no hay un problema que esté impidiendo la operación del sistema, sino que es una concesión política a una agenda gremial, y me parece muy delicado que el Gobierno tenga que plegarse a eso”, afirma. Similar opinión tiene Karin Roa, académica de la Facultad de Educación de la U.
De los Andes, quien dice que, además de la posibilidad de dar más tiempo para una reforma a la medición, “la postergación de la evaluación docente respondeal deseo de hacer un guiño al gremio de profesores”. En esa línea, la académica considera que “no es una buena idea, ya que puede debilitar la institucionalización del instrumento, que desde 2005 venía siendo obligatorio”, y agrega que “los últimos años de pandemia y estallido social se justificaba, pero creo que la postergación de los dos años que vienen ya debilita la continuidad de un proceso que venía institucionalizándose con éxito”. Porel contrario, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, dice que “síse justifica la suspensión, porque este año estamos con serios problemas, no obstante que estemos en presencialidad, porque la pandemia continúa.
La realidad ha demostrado que desde marzo ha sido muy agotador llevar adelante todo lo que es la problemática al interior de los espacios escolares”. En ese sentido, Díaz añade que “losniveles de agobio, deestrés, de problemas por salud mental que se han detectado este año han sido muy por sobre la norma, y eso lo han dicho diversos estudios.
Entonces, la evaluación docente tal como está planteada hoy significa másagobio para el profesorado y una si tuación de estrés mayor”. Por su parte, Carlos Valdés, director de la Coordinadora Nacional de Funcionarios DEM, DAEM y Corporaciones fudaem), pide “que se apoye este proyecto de ley, para avanzar en la desmunicipalización, pero incluyendo a todos”. Hoja de ruta A los cuestionamientos se sumó el factor de que esta semana el Mineduc publicó un documento con su “Hoja de Ruta 2022-2026", con la intención de crear un “nuevo paradigma” educativo de la mano del fortalecimiento estatal. Conello, se ha discutido quesi la planificación legislativa se concentra en fortalecer la ción pública, resulta “contradictorio” que se busque postergar la implementación de la desmunicipalización.
El senador Gustavo Sanhueza (UDI), miembro de la comisión de Educación, señala que “el mi nistro de Educación está cayendo en los mismos errores en que cayeron los constituyentes al redactar la Constitución; cae en errores de principios, ya que no se le puede echar la culpa a lo malo de la educación pública al que exista educación subvencionada o particular. Entonces se parte de un concepto erróneo”. CELERIDAD La tramitación del proyecto de ley del Gobierno fue calificada con "suma" urgencia.