Detective vive hace 3 años en la Escuela de la PDI con su familia y se niega a abandonarla
L a orden "verbal" del exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, para que la detective Danitza Araya se recuperara y viviera junto a su familia al interior de la Escuela de Investigaciones "Presidente Arturo Alessandri Palma", luego de sufrir severas lesiones en medio del estallido social, se transformó en una contienda legal que hoy la tiene enfrentada con su institución.
Ello, luego que el 23 de mayo pasado su abogado presentara un recurso de protección contra el actual director de la PDI, Sergio Muñoz, por una serie de actos "intimidatorios" que dice haber sufrido por parte de funcionarios de esa policía.
La historia de cómo llegó a vivir en una escuela de formación y el tiempo que ha pasado allí (lleva 3 años), se enredó aún más el viernes pasado, cuando la propia institución tuvo que darle explicaciones a la Corte de Apelaciones de Santiago, que le solicitó antecedentes para saber "las circunstancias por las cuales la recurrente se encuentra residiendo en dependencias de la Escuela de Investigaciones, quién ordenó dicha medida, plazo y condiciones de la misma". La insólita medida de Espinosa y cómo lo explica la PDI En un escrito de 31 páginas, la PDI señala una serie de circunstancias de por qué se tomó la decisión de que la detective Araya, que aún es funcionaria activa, viviera junto a su padre y a su madre en dos habitaciones del piso 5 del establecimiento.
La orden "verbal" de Espinosa, tal como consta en la respuesta de la PDI, se dio cinco meses después de que Araya sufriera un atropello y el impacto de una bala de parte de uno de sus colegas en medio de un operativo el 21 de octubre de 2019, en la comuna de Pudahuel.
Pese a que en el documento se especifica que se trataba de una medida "exclusivamente como una circunstancia transitoria y temporal", ya pasaron tres años desde que el Alto Mando de ese entonces habilitara habitaciones para ella y su familia. La decisión coincidió con la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud producto de la pandemia del coronavirus.
La explicación de la PDI por la medida inédita de que una funcionaria activa resida en una escuela de formación junto a su familia, fue la siguiente: "La aludida funcionaria, en dicha época, tenía su residencia en Rengo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, y el tratamiento al que debía someterse tras su operación se llevaba a efecto en Santiago, en la Mutual de Seguridad, recinto de salud que se encontraba muy cerca de la Escuela de Investigaciones Policiales, lo que también se tuvo en consideración a la hora de adoptarse dicha medida". De acuerdo a la PDI, el tratamiento por las gravísimas lesiones que sufrió y las intervenciones quirúrgicas corrieron por cuenta de la institución, como lo establece el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones del Ministerio de Defensa, pues se trató de un acto de servicio. El caso de Araya ha complicado a la PDI no solo a nivel interno, sino que también públicamente. En 2021, la detective decidió hablar con el canal La Red para denunciar los hechos que describe en su recurso. Quien fue a explicar los detalles del caso en ese momento fue el perito forense Carlos Gutiérrez, primo del periodista Víctor Gutiérrez, exdirector ejecutivo de ese canal, quien ha prestado asesorías a la detective. Se queja de trabas con la clínica MEDS En el recurso de protección de la detective se describen los hechos desde que sufrió las lesiones que hoy la tienen en silla de ruedas. Dentro de sus quejas hacia la institución afirma que ha recibido visitas de distintos funcionarios con un ánimo que su abogado califica de intimidatorio.
También relata los problemas que tuvo para asistir a un recinto privado (Clínica Meds) para continuar con su tratamiento de kinesiología y las trabas que la PDI le puso por no ser un recinto con el que la institución tuviera un convenio.
Sin embargo, la PDI se defiende y dice que prestó apoyo psicológico a la funcionaria y "ha efectuado a la fecha gastos por conceptos de reembolsos y pagos de prestaciones médicas en favor de la recurrente, los que ascienden a la suma de $198.645.490". El documento señala también que "se autoSe le dieron dos piezas y se acondicionó una tercera como gimnasio Detective vive hace 3 años en la Escuela de la PDI con su familia y se niega a abandonarla La Corte de Apelaciones de Santiago recibió durante mayo un recurso de protección de Danitza Araya, funcionaria que resultó gravemente herida en un operativo durante el estallido social. La PDI respondió al requerimiento legal. Por Pablo Basadre G. Danitza Araya, desde el atropello en 2019, ha tenido una compleja recuperación.
Las lesiones de la detective Araya se produjeron en octubre de 2019, cuando junto a otros funcionarios de la PDI asistieron a un operativo al supermercado Mayorista 10, en Pudahuel, para evitar los saqueos que se estaba realizando en la zona.
La noticia recorrió todos los canales de televisión luego que se conocieran las imágenes donde se puede ver cómo un automóvil con sujetos al interior, uno de ellos Cristián Cayupan, atropella a la detective Araya y si no hubiese sido por el socorro oportuno, le habrían provocado la muerte.
Adicional al atropello, la funcionara recibió un disparo de parte de uno de sus colegas, lo que compliCristián Cayupan, el indultado por Boric Detective vive hace 3 años en la Escuela de la PDI con su familia y se niega a abandonarla. "Se quejan por el ruido de la instrucción policial en las mañanas, peleando entre ellos a viva voz, a altas horas de la madrugada, exigiendo que los trasladen en vehículos fiscales para realizar compras personales". "Tanto la recurrente como sus padres utilizan las dependencias del plantel educacional de forma recreativa, como si fuera su propiedad privada, utilizando la piscina destinada a los alumnos". actualmente ocupa la citada funcionaria y su grupo familiar, para destinarlos a los fines propios de ese plantel educacional". Y enumera una serie de hechos que consideran "desproporcionales" y "abusivos": "Tanto la recurrente como sus padres, utilizan las dependencias del plantel educacional de forma recreativa, como si fuera su propiedad privada, utilizando la piscina destinada a los alumnos, interfiriendo en la formación de los futuros oficiales policiales, al quejarse por el ruido propio de la instrucción policial en las mañanas, peleando entre ellos a viva voz, a altas horas de la madrugada, exigiendo que los trasladen en vehículos fiscales para realizar compras personales, llegando, incluso, al extremo de invitar a pernoctar a familiares que no tienen relación con el tratamiento de la recurrente, como es el caso de un hermano de ésta, increpando e insultando a Oficiales Superiores, entre muchas otras situaciones". A eso se suman las visitas del excarabinero formalizado por el caso de Gustavo Gatica, Claudio Crespo, y de parlamentarias como Ana María Gazmuri y Claudia Mix.
La PDI señala, en respuesta al recurso, que Araya se ha negado "infundada y caprichosamente a abandonar el recinto, aun cuando existe un departamento fiscal a su disposición, especialmente equipado para ella y su núcleo familiar". rizó la intervención quirúrgica en la Clínica MEDS, por el trauma raquimedular, cuyo valor ascendió aproximadamente a la suma de $26.574.830", aunque la detective Araya denuncia en el recurso las supuestas trabas que tuvo en ese punto.
También explican que además de dos habitaciones para vivir, se acondicionó otra habitación "como gimnasio, junto a la compra de mobiliario para dichos efectos". En el escrito, la detective dice que en uno de los traslados que debía realizar para su recuperación, la institución le dijo que no tenía autos ni choferes disponibles para realizar el viaje.
Aunque la propia PDI reconoce en la respuesta a la Corte de Apelaciones que "serían de cargo fiscal los gastos de transporte del enfermo o herido, desde el lugar en que se encuentre y hasta el centro hospitalario en que sería atendido, como los causados con ocasión de controles y exámenes médicos". Mapocho versus el sector Oriente Uno de los puntos polémicos que develan los documentos son las condiciones que existen para los detectives. La PDI cuenta que se acondicionaron dos inmuebles fiscales, ambos colindantes, en un block de calle Mapocho en la comuna de Santiago Centro para Araya y su familia.
Según el relato, los trabajos se realizaron conforme a las exigencias y observaciones realizadas por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, con un gasto total de $32.910.611. "La Mutual de Seguridad emitió un Informe de Terapia Ocupacional, con fecha 17.
FEB. 023, otorgando conformidad a las mejoras realizadas por la Institución sobre dicho departamento fiscal, certificando el cumplimiento de las normas sobre habitabilidad para "Investigaciones tiene departamentos fiscales adecuados y ubicados en sectores que dan seguridad a mi representada, pero la propia institución decidió dejarla en la Escuela". personas con capacidad reducida". A las remodelaciones hechas en los departamentos destinados a ella y su familia, se sumó "la adquisición de mobiliario para alhajar las dependencias, lo que incluyó: camas de dos plazas, camas de 1 plaza, clóset, mesa de comedor para cuatro personas, sillas, sofás, mesas de centro, sitiales, cortinas, entre otras especies, bajo el registro de inventario correspondiente". En una reunión con Araya y su jefe directo, se le informó sobre el departamento para que hiciera "devolución de las dependencias fiscales de la Escuela de Investigaciones, debido a que, como ya se ha dicho, su ocupación fue autorizada en forma temporal, específicamente, durante el periodo de recuperación", pues "los dormitorios ocupados por ella no cuentan con los elementos mínimos de habitabilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida, o para el uso de su grupo familiar, ya que se trata de un recinto policial, que además, posee características propias de un establecimiento educacional para los Aspirantes a Oficiales Policiales de la Institución". La reunión fracasó cuando la detective Araya y sus padres manifestaron "su negativa a trasladarse, haciendo alusión a que ellos exigían un inmueble ubicado en una comuna del sector oriente de la capital, y que, de no existir la posibilidad de un inmueble fiscal en ese sector, mantendrían su permanencia en las habitaciones de la Escuela de Investigaciones Policiales por el tiempo que ellos consideren necesario". En su recurso, el abogado de Araya dice que "se hace necesario indicar que la Policía de Investigaciones tiene departamentos fiscales adecuados y ubicados en sectores que dan la seguridad en las condiciones que se encuentra mi representada y de acuerdo a su condición de oficial de la Policía de Investigaciones, herida en acto de servicio, pero la propia institución decidió dejarla en la Escuela por las razones expuestas". La molestia de los aspirantes y la piscina recreacional La PDI señala en su escrito que debe regularizar "el uso de las dependencias que La detective, en silla de ruedas, el día de la reconstitución de escena. "Primero (viernes 19 de mayo) se presentan más de 7 funcionarios para generar intimidación y presión, luego se informa del desalojo y hoy ya no hay más transporte para sus visitas médicas". "En la mañana del 23 de mayo varios funcionarios de la Brigada de Inteligencia de la PDI concurren nuevamente a la pieza de la funcionaria, para amedrentarla a ella y su familia". ESCRITO DEL ABOGADO DE ARAYA "Llegan al extremo de invitar a pernoctar a familiares que no tienen relación con el tratamiento de la recurrente, increpando e insultando a Oficiales Superiores". ESCRITO DE LA PDI có el caso y produjo una serie de desencuentros entre Araya y la PDI.
Cayupán había sido condenado como autor del delito de homicidio frustrado a un funcionario de PDI, hasta que a fines del año 2022, se conociera la polémica decisión del Presidente Boric de indultar a 13 detenidos del estallido social argumentando que no eran jóvenes delincuentes. Detective vive hace 3 años en la Escuela de la PDI con su familia y se niega a abandonarla.