Juristas venezolanos alertan sobre dificultades para pedir la extradición de sospechosos de caso Ojeda
Juristas venezolanos alertan sobre dificultades para pedir la extradición de sospechosos de caso Ojeda "Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas". Así reza el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela promulgada en 1999 durante el mandato de Hugo Chávez y es el principal escollo que juristas de ese país residentes en territorio nacional ven en las gestiones que pudiera concretar Chile para traer a los sospechosos del asesinato del refugiado político Ronald Ojeda, que se cree regresaron a su nación.
El fiscal Héctor Barros, a cargo de la investigación, reveló que las pesquisas apuntan a que la planificación del crimen del disidente venezolano, secuestrado el 21 de febrero por falsos policías desde su departamento en Independencia y cuyo cadáver fue hallado bajo una losa de cemento el 1 de marzo en una toma de Maipú, fue en Venezuela y con un móvil político.
El Ministerio Público hizo un requerimiento de asistencia penal internacional a Venezuela para ubicar y detener a Maikel Villegas y Walter Rodríguez, imputados de cometer el homicidio, y la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el Gobierno exigirá el cumplimiento del tratado de extradición vigente con Caracas desde 1962.
Pese a que las autoridades venezolanas han dicho que están dispuestas a colaborar en esclarecer el crimen, el juez en el exilio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela, Luis Manuel Marcano, quien es refugiado político en Chile, se mostró escéptico de tales gestiones. "(El gobierno chileno) Actúa de buena voluntad, porque acá hay transparencia, división de poderes y respeto a las instituciones. (... ) Creo que no imagina los niveles de desmontaje de la justicia que hay en Venezuela. Nos tienen aquí a nosotros, como asilados políticos.
Por algo nos persiguió Maduro, porque no puede tener una corte independiente", afirmó el jurista, quien en 2017 se refugió en la embajada de Chile junto a otros tres magistrados, luego de que el mandatario venezolano encargara por cadena televisiva su detención, a cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Hasta ahora, en virtud de la norma constitucional, el Tribunal Supremo de su país ha negado la extradición en otros casos de venezolanos imputados de cometer delitos en Chile que han sido ubicados allá, aunque comprometiéndose a abrir causas, bajo la ley venezolana, con las pruebas aportadas por la justicia chilena.
Pero Marcano plantea la posibilidad de que las autoridades chilenas interpongan un recurso de interpretación de ese artículo 69 de la Carta Fundamental "sobre la base de derechos que han lastimado a la sociedad de su país y, sobre todo, de que los crímenes no pueden quedar impunes". "Ese recurso llegaría a una sala constitucional, como la mía, donde pueda pronunciarse en función de establecimientos morales que deben estar por encima del derecho, porque este no puede ser una camisa de fuerza para la sociedad", adujo. "Pero mientras Maduro siga en el poder y el Tribunal Supremo de Justicia dependa de él, este no va a entregar a los que mataron al teniente Ojeda, porque podrían confesar que alguien del poder político o militar en Venezuela les dio la orden", agregó. El director del programa de Derecho Internacional de la U. Alberto Hurtado, Juan Modolell, también resalta que informes de la OEA y la ONU establecen que el Poder Judicial en su país no es independiente del Ejecutivo.
El jurista venezolano, que se radicó en Chile escapando de la crisis social y económica de su país, plantea además que la Constitución prima sobre un tratado bilateral de extradición, pero que la solución podría encontrarse en el Código Penal venezolano. "Este dice que Venezuela puede aplicar su ley y puede conocer un delito que se comete en el extranjero cuando el autor y la víctima son venezolanos", detalló.
El abogado explicó que el único caso en el cual Venezuela puede entregar a un venezolano al extranjero es cuando se trata de solicitudes de la Corte Penal Internacional, que es una instancia supranacional a la que su país reconoce al suscribir el estatuto de Roma. "Ahí es distinto que la extradición entre países. Sería una cooperación vertical", dijo.
Pero tampoco ve aplicable esto último para requerir a los dos sospechosos, pese a que la familia Ojeda ingresó los antecedentes a la Corte Penal Internacional. "Ello aún está en fase de investigación y recopilación de pruebas. Sería cuando el fiscal de la Corte formule cargos y se acepte en audiencia preliminar. Pero, claro, normalmente se trata de requerir a funcionarios de los estados, que no sería tampoco este caso", concluyó.
Constitución de ese país prohíbe aplicar la medida a sus nacionales: Juristas venezolanos alertan sobre dificultades para pedir la extradición de sospechosos de caso Ojeda Miembro en el exilio del Tribunal Supremo en Caracas cree que Chile no advierte "el desmontaje de la justicia" bajo el régimen de Nicolás Maduro. MAURICIO SILVA PRESUNTA MOTIVACIÓN POLÍTICA. --Las actividades como disidente del régimen de Maduro por parte de la víctima configuran la tesis más potente del fiscal para el móvil del crimen. En la foto, el sector donde fue encontrado el cuerpo de Ojeda. CRISTIÁN CARVALLO `` (La actitud de Chile) es ingenua. Actúa de buena fe, porque acá hay división de poderes. Maduro no acepta una corte independiente".. ............................................................................. LUIS M. MARCANO JUEZ EN EL EXILIO `` Lo más probable es que el Tribunal Supremo niegue la extradición, en virtud de la norma constitucional. Creo que Chile ha de saberlo, al analizar esa norma".. ............................................................................. JUAN MODOLELL PROFESOR UNIVERSITARIO.