Autor: Hermann González Clapes UC

Aporte del litio al país: la política nacional en funcionamiento

D portas de que el gobierno presente una nueva estrategia nacional del litio, conocimos los enormes aportes a los ingresos fiscales que generaron las empresas que operan en el país.
De acuerdo con cifras recientemente publicadas, solo una de esas compañías que tiene una parte significativa de sus operaciones en la región de Antofagasta, aportó más de U$ 5 mil millones de dólares al Estado el año 2022, una cifra que, para poner en contexto, equivale a cerca de la mitad de lo que se espera recaudar anualmente con la reforma tributaria que se tramita en el Congreso. Es importante destacar que la estrategia vigente contempla que, si bien el Estado no participa directamente de la explotación, el país se beneficia a través de impuestos y regalías que debe pagar el sector privado. Este es un camino virtuoso y sería conveniente reforzarlo en la nueva estrategia que se espera sea lanzada durante este mes. Las razones son múltiples, pero en lo esencial, el sector privado es quien invierte los recursos financieros y humanos, pone sus conocimientos, asume los riesgos, pero comparte los beneficios de su gestión con el Estado.
A su vez, el sector público recibe estos ingresos que utiliza para financiar la política social y no desvía esfuerzos de otras funciones que son esenciales y para las cuáles tiene claras ventajas comparativas, como la seguridad, la atención de salud, la educación pública o la provisión de viviendas. En definitiva, es una estrategia que funciona y de muy buena manera.
Con todo, es necesario seguir avanzando y hacerlo rápido dentro de lo que la complejidad de la industria lo permite, porque nuestro país se ha ido quedando atrás en el desarrollo de esta industria, perdiendo participación de mercado a costa del avance de Australia, China y Argentina, entre otros países y dejando sobre la mesa oportunidades de desarrollo y recursos que podrían haber tenido un invaluable impacto social.
No se trata solo de los ingresos que van al Gobierno Central, sino que las empresas de litio tienen una fuerte vinculación con las comunidades donde se emplazan y con las Universidades locales, aportando conocimientos y tecnología para el desarrollo de innovación y para la formación de profesionales.
De hecho, en el marco del contrato con Corfo, es decir la política delitio vigente en el país, las compañías aportaron cuantiosos recursos directamente al gobierno regional y alas municipalidades de la región de Antofagasta, además de transferencias destinadas exclusivamente al desarrollo sostenible de las comunidades del Salar de Atacama. En consecuencia, con todo el resguardo medioambiental necesario, es urgente impulsar la exploración y acelerar la explotación de litio en nuestro país. Esto no se trata solo de llegar a tiempo a ser un actor protagónico del proceso de cambio de la matriz energética global y de la electromovilidad. Se trata también de incrementar los beneficios que el país, y sobre todo las regiones mineras, pueden obtener del boom del nuevo “oro blanco”.

“Es urgente impulsar la exploración y acelerar la explotación de litio en nuestro país”.