Autor: CRISTIÁN RODRÍGUEZ
Columnas de Opinión: Proyectos económicos: la creatividad tiene un límite
Columnas de Opinión: Proyectos económicos: la creatividad tiene un límite Los diputados chilenos nos tienen acostumbrados a una creatividad deslumbrante en materia legislativa. Hay proyectos de ley costumbristas, otros que buscan visibilizar a las manoseadas minorías y varios con pecados originales de inconstitucionalidad. Los hay para distintos días del año y para promover las más diversas causas; con motivaciones nobles y otros con agendas más espurias. Y también los hay cándidos, espeluznantes e incluso con autorías burdamente plagiadas. Esta semana, los honorables estuvieron inspirados. Y por partida doble.
El mismo día, la comisión de Trabajo de la Cámara aprobó en general la propuesta que elimina el tope de 11 años para las indemnizaciones por años de servicios, mientras que la comisión de Economía de la misma Cámara votó a favor de la iniciativa que elimina la Unidad de Fomento (UF) para el pago de créditos hipotecarios, arriendos, isapres y establecimientos educacionales. Desde la teoría económica, ambos proyectos merecen poco análisis: son simplones, voluntaristas y repelentes a la evidencia.
Desde la mirada política, revelan la desafección que siguen teniendo amplios sectores de la izquierda (incluyendo al Socialismo Democrático, que concurrió con varios votos) a las reglas con las que, le guste a quien le guste, se mueve el mercado. Y desde la perspectiva de la responsabilidad mínima que deben tener de las políticas públicas, demuestran el nulo costo que paga cualquier diputado que propone o promueve proyectos completamente irresponsables.
“No exagero al decir que la eliminación de la UF sería un terremoto para el crédito hipotecario”, fue la reacción inmediata del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en un irónico déjà vu de las mismas advertencias que el mismo economista, entonces liderando el Banco Central, hizo a los mismos parlamentarios que pregonaban las virtudes macroeconómicas de los retiros desde las cuentas de capitalización individual. La historia ya la conocemos, igual que sus negativos efectos. Precisamente por eso, nunca hay que subestimar el poder destructivo de una mala idea.
La UF es la viga maestra sobre la que se desarrolló el mercado inmobiliario en Chile durante las últimas cinco décadas, permitiendo generar créditos a 20,25 o 30 años con tasas fijas, a partir de su anclaje a expectativas de inflación. Ahora, en un revival patético de lo que fue el ofertón electoral de Francisco Javier Errázuriz en la campaña presidencial de 1989, cinco diputados reviven una idea tan peligrosa como regresiva. Hasta ahora, ninguna voz con peso técnico ha salido a validar la propuesta, sino todo lo contrario. Desde la vereda laboral, el proyecto que elimina el tope de años de indemnización va a contracorriente de lo que ha hecho la gran mayoría de los países desarrollados en los últimos años.
Con un agravante: el proyecto no tuvo ningún voto en contra (hubo seis diputados que se abstuvieron o no votaron, entre ellos DC, RN y la UDI). Según un estudio de Pivotes, basado en datos de los países de la OCDE desde 2008 a la fecha, hay una tendencia generalizada a reducir los costos de despido. De los 38 países que forman este grupo, Chile es el octavo con los costos de despido más altos.
“Las contribuciones obligatorias más altas aumentan el costo de crear empleos formales, lo que empuja a muchos trabajadores con baja calificación hacia la informalidad”, dice respecto de Chile el informe Economic Policy Reforms 2023: Going for Growth de la misma OCDE.
“A modo comparativo, para 10 años de trabajo, Chile cuenta con una indemnización de 43,4 semanas de sueldo, mientras que el promedio OCDE es de 13,8 semanas de sueldo”, revela un análisis de la consultora PwC Chile.
En junio pasado, un grupo de 17 economistas muchos de ellos exautoridades del Banco Central, del régimen militar y de los gobiernos de Bachelet y Piñera plantearon una propuesta en sentido contrario: terminar con la indemnización por años de servicio y reemplazar el sistema por una cotización adicional del seguro de cesantía. Esto incentivaría la formalidad y la movilidad laboral, junto con crear un sistema de indemnización a todo evento que financiaría, en promedio, un pago de cinco meses.
La lista de argumentos contrarios a la propuesta parlamentaria podría extenderse por párrafos y párrafos, sin siquiera mencionar que temporalmente cae en un momento en que el desempleo roza el 9%, hay 917 mil personas desocupadas y 2,4 millones de empleados informales. Pero todo eso da lo mismo: en año electoral, los incentivos van por otros lados. El problema es que, incluso en estos períodos, sería deseable que la creatividad tuviera un límite. Y también las propuestas desfondadas de evidencia.. DE PUÑO Y LETRA