Desafíos en educación superior

Nteresante resulta la entrevista que recientemente brindara el nuevo superintendente de Educación Superior a “El Mercurio”. Es valioso el reconocimiento de que se necesita un modelo de fiscalización y supervigilancia flexible y efectivo; a ello habría que agregar la importancia de que ese modelo sea también predecible. Hasta ahora, resulta difícil aquilatar cómo la Superintendencia aspira a realizar las funciones específicas que le entrega la Ley de Educación Superior. En ella se establece una serie de instrumentos y posibilidades para llevar adelante los procesos de supervisión encargados, pero también hay restricciones razonables en su funcionamiento, para impedir abusos por parte de este organismo. De ahí la importancia de las palabras de la autoridad respecto de cómo vislumbra su labor.
El equilibrio no es fácil, porque se debe respetar la autonomía de los planteles de educación superior, pero al mismo tiempo evitar los costos de no anticipar oportunamente las falencias financieras que pueden afectar el desarrollo de los estudiantes. El propio superintendente deja ver que este equilibrio escomplejo.
Anticipa un estrés financiero de algunas instituciones y revela la existencia de una vigilancia especial hacia ellas; sin embargo, al momento de postular los orígenes, ofrece solo hipótesis, pero que no hacen referencia a indicadores precisos. Si se quiere modelo de vigilancia, sería interesante que se diera a conocer qué indicadores objetivos considerará el organismo público para definir estrés financiero o riesgo de ocurrencia de este fenómeno. Ello sería beneficioso tanto para los regulados como para los reguladores. En caso contrario, se trataría solo de una mera intuición que no se hace cargo de las complejidades de las decisiones que toman estas instituciones.
Es cierto que el modelo de educación superior vivió durante gran parte de los últimos 30 años una situación extremadamente positiva, a propósito del crecimiento de la matrícula, pero en la última década esta se ha estabilizado. Ha habido, además, una reorientación de esa matrícula hacia la educación técnicoprofesional.
En este último desarrollo han influido diversos factores, que incluyen las dificultades de algunas universidades para acreditarse, la poca rentabilidad de algunas carreras universitarias y la transición demográfica, que en los próximos años debería hacer disminuir los postulantes a la educación superior.
Son aspectos que el superintendente recoge, pero tampoco se puede olvidar que la nueva Ley de Educación Superior elevó los costos para las instituciones por la vía de una serie de regulaciones y esto es especialmente cierto para las universidades, a las que obliga, más temprano que tarde —y más allá de que la legislación da un plazo largo para aquello—, a ser instituciones con un nivel relevante de investigación. Hay países donde casi todas las universidades tienen este carácter, pero en todos ellos la cobertura de educación superior es baja. En Chile, en cambio, se optó por un sistema masivo. En estos modelos no tiene sentido que todas las universidades tengan algún grado de complejidad mínimo. Por supuesto, se podría intentar modificar ese desarrollo, pero eso requiere de políticas consistentes. En este sentido, es curioso que el sistema de acceso a la educación superior haya rebajado de forma tan significativa losrequisitos para ingresar a las universidades.
En el proceso de admisión 2022, menos del 60% de quienes rendían la prueba de admisión podían postular a las universidades; en el último se incrementó hasta casi 90%. Eso le inyecta, en la práctica, nuevos recursos financieros al sistema universitario (no necesariamente al sistema de educación superior) y envía señales muy contradictorias.
Antes, durante la tramitación de la Ley de Educación Superior, muchos expertos hicieron notar que no dejaba de ser extraño que una norma de esta envergadura no diera mayores orientaciones respecto de las aspiraciones que el Estado tiene sobre el sistema. En ausencia de ellas, se generan estas contradicciones. Por supuesto, la Superintendencia no tiene injerencia en esas decisiones, pero sin duda la situación dificulta su tarea.
En este sentido, es conveniente que desarrolle con mucha transparencia su labor, de modo que se vaya generando una actuación predecible orientada a darle más solidez al sistema y donde las diversas instituciones puedan anticipar qué se espera de ellas.

Sería interesante conocer qué indicadores objetivos se considerarán para definir estrés financiero o su riesgo de ocurrencia.