Autor: • MARÍA JOSÉ TAPIA

Intervenir servicios críticos, agencia de datos y mejorar la Dipres... EL ESTADO 2.0 QUE PROPONEN EL CEP, U. CATÓLICA Y LA CPC
Intervenir servicios críticos, agencia de datos y mejorar la Dipres... EL ESTADO 2.0 QUE PROPONEN EL CEP, U.
CATÓLICA Y LA CPC ZEABEPILEF SEBASTIÁN SOTO INVESTIGADOR DEL CEP “Dar luces al nuevo gobierno respecto a iniciativas viables que se pueden emprender en un plazo relativamente breve y en ámbitos acotados de intervención”. Esta fue la tarea que hace meses se impusieron la CPC, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y el CEP para abordar una temática que lleva décadas buscando solución: la modernización del Estado. La CPC participa en el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado creado en 2018. Y al acercarse el final del período, se percataron de que en el programa del Presidente Kast el tema estaba implícitamente. “Creímos que era importante hacerlo presente”, señala el director de Políticas Públicas de la Confederación, Cristóbal Gamboni. Contactaron al vicepresidente del Consejo y director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval. Y luego se sumaron los investigadores del CEP: el expresidente del CFA Jorge Rodríguez Cabello y el abogado Sebastián Soto. Elaboraron un documento de 90 páginas “Modernizar el Estado: Una agenda prioritaria de corto plazo”, que se presentará el 27 de abril en la UC, tras lo cual gestionarán entregárselo al Gobierno. “Muchas veces, en los primeros meses de un nuevo gobierno el tema de la modernización del Sebastián Soto, Cristóbal Gamboni, Ignacio Irarrázaval y Jorge Rodríguez Cabello. Hoy hay cosas absurdas desde el punto de vista del ciudadano en que el mismo Estado le pide datos que tiene. Además, entre servicios a veces no se comparten la información”. JORGE RODRÍGUEZ EX-CFA E INVESTIGADOR CEP Estado entra en una espiral de lo imposible. Pese a existir consenso técnico en muchas áreas, la decisión política no llega porque las necesarias reformas aparecen como imposibles. Y entonces se dejan para el último año, cuando las propuestas son testimoniales”, dice Soto. “La única forma de salir de la espiral es que los gobiernos se comprometan con una agenda lo más temprano posible”, agrega. Son quince propuestas estructuradas en seis capítulos: Eficiencia regulatoria; Institucionalidad; Presupuesto, control del gasto y responsabilidad fiscal; Gobierno y transformación digital; Profesionalización del empleo público y fortalecimiento directivo, y Transparencia y Probidad. “Sujeto al vaivén económico y político que enfrente el Gobierno y las prioridades que tenga, creemos que lo que está aquí podría ser compatible con una agenda de 100 días”, subraya Gamboni. “Nuestras propuestas, habiendo muchos temas, tratan de dialogar con la agenda política del actual gobierno”, agrega Irarrázaval. De hecho, los investigadores se han centrado en aquellas medidas que requieren trámites administrativos o leyes que ya están en el Congreso.
Plan para servicios públicos esenciales Elegir entre cinco y diez servicios públicos y someterlos a un plan de mejora de su gestión, para resolver problemas que limitan su eficiencia, es una de las primeras propuestas del informe. Los investigadores señalan que se debiera priorizar aquellos que tienen mayor incidencia en la tramitación de permisos. Y una alta relación con usuarios. Dentro de ese listado estarían las seremías de Salud, las direcciones de Obras, la DGA, el Consejo de Monumentos Nacionales, entre otros. A ellos se podrían sumar Fonasa, Compin, el SII, el Sernac, Registro Civil, entre otros. Un equipo determinado vía un instructivo presidencial que los respalde debiera instalarse en el servicio público y elaborar un diagnóstico que identifique los nudos críticos. “En algunos casos, los nudos estarán radicados en ciertas oficinas; en otros, serán determinados procesos; y en no pocos, en conductas inerciales arraigadas en prácticas internas”, se lee en el reporte.
A esta medida se suman mejoras a procesos administrativos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde se incluye la simplificación de las Declaraciones de Impacto Ambiental para evitar exigencias propias de una Evaluación de Impacto Ambiental; al igual que los permisos sectoriales, donde se apunta a reemplazar permisos por declaraciones juradas.
Un análisis de la CPC a 382 Empleo público: régimen de contrata y causal de despido El análisis considera que las normas que rigen el empleo público son un elemento fundamental para la gestión del Estado. Hoy, señalan, hay desafíos en materia de ingresos por desigualdad en regímenes de contratación, en desarrollo de carreras y en el egreso por, entre otras cosas, la inamovilidad de funcionarios de planta. “Sin duda que estos desafíos van más allá de una agenda corta de modernización”, subrayan, aunque destacan propuestas que sí pueden abarcarse en un plazo menor. El estudio también propone fortalecer los convenios de desempeño, ya que advierten que hoy estos bonos son más que un incentivo a mejorar la gestión, parte del sueldo.
Para ello, recomiendan dotar de mayor capacidad de gestión y facultades a la Dirección Nacional del Servicio Civil, para que en forma conjunta con Dipres, pueda mejorar la formulación de estos convenios. n CRISIS DEL PODER JUDICIAL también es parte del estudio. El análisis apunta a reformar el gobierno judicial y el nombramiento de jueces.
Se propone impulsar el proyecto que ya está en el Congreso, donde se crea un nuevo Consejo de Nombramientos de unos cinco miembros que reúna a personas capaces de ponderar adecuadamente los méritos de los distintos postulantes. n MODERNIZAR SISTEMA DE CONTRATA, que se considere un período inicial a plazo fijo, con extensión sujeta a evaluación y con la posibilidad de adquirir carácter de indefinido después de cinco años.
Asimismo, para los indefinidos posterior a cinco años considerar como posible causal de desvinculación “las necesidades de la institución”. Se plantea también la creación explícita de un estamento de personal de confianza política, que entraría sin concurso y cuya duración en el cargo no sería superior a la de la autoridad que lo nombró, y sin derecho a indemnización. n Y POR ÚLTIMO, RETOMAR UNA AGENDA CORTA DE PROBIDAD MUNICIPAL e incentivar el uso eficiente de los subsidios por incapacidad laboral. Hoy, de los siete puntos que se cotizan obligatoriamente para salud, el sistema de licencias médicas absorbe en torno a 3,2 puntos. “El mal uso del beneficio de los SIL debe combatirse con una mayor fiscalización para evitar fraudes. Pero dicho esfuerzo no será suficiente si el diseño del sistema genera incentivos perversos”, dicen.
Dentro de las medidas están poner un límite a la duración de las licencias que dan derecho a pago plantea un período de carencia de dos días, disminuir la cobertura del beneficio para que el paciente tenga mayores incentivos a retomar su trabajo, y el empleador asuma parte del costo de la licencia, junto con homologar la regulación del sector público con el privado, “que actualmente es más generosa para el primero en cuanto a la remuneración a pagar por día de licencia”. n TODO ELLO, JUNTO A FORMALIZAR UN PROCESO DE PROMOCIÓN vía concurso, y potenciar la movilidad horizontal. Además de establecer que los cargos de planta se extinguen en la medida en que vayan quedando vacantes cuando su titular cese sus funciones. “Además, tenemos que mejorar las capacidades digitales de los funcionarios”, subraya Irarrázaval.
Para alcanzar todo ello, los investigadores proponen enviar un proyecto de ley que se acote a las medidas antes señaladas, que “tienen un mayor consenso técnico”. “Modernizar el Estado: Una agenda prioritaria de corto plazo” será entregada al Gobierno: Autor: MARÍA JOSÉ TAPIA. Se trata de una agenda corta —“compatible con los primeros 100 días” de gobierno, dicen—. Son 15 propuestas que van desde la profesionalización del empleo público hasta los bonos y subsidios por incapacidad laboral. Y que presentarán públicamente el 27 de abril. Ante un escenario de estrechez fiscal, plantean que un consejo asesor independiente haga un análisis externo a la Dirección de Presupuestos. Pese a existir un consenso técnico en muchas áreas, la decisión política no llega porque las necesarias reformas aparecen como imposibles. Y entonces se dejan para el último año”. “Modernizar el Estado: Una agenda prioritaria de corto plazo” será entregada al Gobierno: