Autor: Lorenzo Parra Ramírez

Superintendencia de Medio Ambiente suma 123 procesos sancionatorios locales
A pesar de las 2.287 fiscalizaciones y las 12.412 ,5 UTA en multas, a nivel local se considera que el trabajo de la SMA está al debe en su rol de protección.
Ese a las 2.287 inspecciones y alas 12.412 ,5 UTA (Unidades Tributarias Anuales) -más de $9 mil millones a dinero de hoyque la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ha cursado en los ro años de trabajo fiscalizador que lleva en la Región, la evaluación local que hay de la institución no es positiva.
En 2010 la SMA inició sus actividades administrativas, sin embargo, el 28 de diciembre de 2012 la entidad comenzó con facultades fiscalizadoras, acción que ha llevado a iniciar 123 procedimientos sancionatorios en la Región del Biobío, de los cuales 53 concluyeron; 23 con multa, dos archivadas, 4 absoluciones y 23 con programas de cumplimiento satisfactorios.
Durante este periodo son 12.412, 5 UTA, siendo la más alta -y lasegunda mayorsanciónanivel nacional-, la cursada en 2013 ala Central Termoeléctrica Bocamina, con un valor de 8.640 UTA, más de $6 mil millones a dinero de hoy. AL DEBE Pese a las estadísticas, localmente se considera que la entidad fiscalizadora está al debe en de protección del medio ambiente. “Hay poca presencia de parte de la Superintendencia en Coronel.
Solo en los últimos 3 años hemos ingresado más de 70 denuncias, y la verdad es que no tenemos resultados”, declaró el alcalde de La central Bocamina está cerrada desde octubre pasado. 123 son los procedimientos sancionatorios que se han iniciado en la Región del Biobío, de los cuales, 53 concluyeron y 23 son con multa. En diez años de funcionamiento 7 son las personas que actualmente ejercen funciones de fiscalización en la SMA. Un estudio indica que la entidad debe aumentar en 2.2 veces su dotación a nivel nacional. coronel, Boris Chamorro.
La crítica del jefe comunal, de una de las zonas de sacrificio del país, la realiza pese a que desde la SMA, el jefe regional, Juan Pablo Granzow, contó que han inspeccionado las 134 unidades fiscalizables que hay en la comuna. “El equipo de la Delegación de Coronel ya tiene más del 90% de las denuncias fiscalizadas, y el 100% de las denuncias nuevas abordadas”, sostuvo Granzow.
Sinembargo, Chamorro enfatizó que la evaluación no es positiva y que la entidad actúa como “una buzonera, donde la ciudadanía deja sus denuncias y al final no queda en nada”. Aseguró que uno de los problemas es la poca presencia que tiene en el territorio por la falta de personal y de móviles para realizar fiscalizaciones, por lo que aseguró que las sanciones cursadas son en virtud delas denuncias ciudadanas y no por la inspección programada que realiza la SMA. “No puede ser un órgano solamentereaccionario respecto alas denuncias que le llegan, sino que tienen que cumplir con su rol fiscalizador”, enfatizó Chamorro.
Una evaluación similar es la que tiene el presidente nacional de la Codeff y del consejo consultivo de la Reserva Nacional Nonguén, Luciano Pérez, quien expuso que la entidad se niega a caducar RCA de proyectos que nunca se han ejecutados y que cuyas condiciones ambientales cambiaron.
“Siguen vigentes por actos administrativos como ingresar una cartita sin que en realidad se estén ejecutando en forma sistemática, continua y permanente, tal comolo establece el propio Reglamento de caducidad de las RCA”, contó Pérez, sosteniendo que sólo se favorece a los titulares, como lo que ocurrió con el fallido Proyecto Pacyt, que “salvó su caducidad con una simple carta”. Asimismo, enfatizó que la entidad fiscalizadora debe detectar con mayor diligencia los proyectos fraccionados y que las reclamaciones deben ser resueltas en plazos razonables. “Noes posible que frente a la salud de las personas o al deterioro de la naturaleza tengamos largas esperas de casi un año.
Acá se ha perdido completamente el sentido de urgencia y surge la pregunta natural ¿ a quién se favorece con estas declaró Pérez MÁS DOTACIÓN Pesealas críticas que existen en torno al trabajo de la SMA, el jefe regional de la entidad, Juan Pablo granzow, expresó que han tenido avances y en donde destacóel trabajo que han realizado con las municipalidades de Hualpén y Concepción, además de la Delegación Presidencial Regional del Biobío y la Seremi de Salud en tema de humedales en Hualpén y de ruidos molestos, asociado a locales nocturnos en Concepción. “Ahí la municipalidad de Concepción ha negado patentes de alcoholes en los casos que tenemos denuncias. Á su vez, estamos trabajando con todos los locales que buscan regularizarse e implementar buenas medidas de insonorización. Tenemos casos exitosos donde con algunas inversiones, logran aislarel ruido hacia su vecindario cercano”, sostuvo Graznow.
Sobre la falta de personal, el jeferegional de la SMA expuso que un estudio de la consultora PWC dio cuenta que la institución requiere multiplicar 2.2 vecessu dotación a nivel nacional para cumplir con la actual demanda. En la Región se inició con un fiscalizador y desde 2020 son 7.
Anivel local, Graznow informó queestánenconversacionesconel gobernador Rodrigo Díaz, y con la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, Ana Araneda, para presentar un proyecto que pueda expandirla capacidad fiscalizadora de la SMA y asíatender másrápido lasdenuncias y las demandas ciudadanas. “Esto nos permitiría contarcon más dotación y equipamiento. Es un proyecto en el que estamos trabajando como oficina regional y conel nivel central”, contó el jefe regional de la entidad. La multa cursada en 2013 a la Central Termoeléctrica Bocamina fue la más alta, con un valor de 8.640 UTA, más de $6 mil millones a dinero de hoy.