PORTADA EL MERCURIO (C) - CHILE
PORTADA EL MERCURIO (C) CHILE Revisión de correos, viáticos, liquidaciones de sueldos, entre otros, son parte de las primeras diligencias en torno al también destituido por el Congreso, exministro supremo Diego Simpértigue. Ello, por la exjueza Ángela Vivanco, quien no es la única imputada en torno a la trama bielorrusa.
Simpértigue perdió su cargo a manos del Congreso por sus vínculos y viajes en cruceros con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, hoy en prisión preventiva por, supuestamente, haber comprado el voto de Vivanco en el marco de una serie de recursos que favorecieron a la empresa Belaz Movitec en perjuicio del patrimonio de Codelco, donde el otrora exministro también participó de algunas resoluciones.
Por el mismo motivo, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer confirmó que Simpértigue está imputado en la trama bielorrusa, y aunque su nombre no apareció en las formalizaciones que ha tenido el caso, ya se han realizado diligencias en torno a una eventual participación. Para dilucidar lo anterior, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el levantamiento del secreto bancario del imputado, entre otras diligencias. De prosperar la investigación hacía una eventual responsabilidad, Simpértigue podría enfrentarse a una querella de capítulos.
Diego Simpértigue y sus viajes con abogados En el marco de una indagatoria por eventual tráfico de influencias relacionada con nombramientos judiciales, personal de la Policía de Investigaciones llegó el pasado 9 de enero hasta el hogar de la recién retirada exministra de la Corte Suprema María Teresa Letelier. Los indagadores pesquisan irregularidades en su designación al máximo tribunal en 2021. La exjueza, quien tiene calidad de imputada, entregó su computador y abrió sus cuentas corrientes en abril de 2025 al momento de declarar por el caso en su oficina de la Corte Suprema.
Sin embargo, testificó que su celular había sido robado, lo que ha sido descartado por el Ministerio Público tras revisar las cámaras de seguridad del lugar donde habría ocurrido y sus cercanías, así como la hora en la que Letelier aseguró que ocurrió el hurto. Además, se detectó que la tarjeta SIM del teléfono de Letelier se habría usado en puntos cercanos a la localización de la ministra de la Corte de Rancagua, Bárbara Quintana Letelier, su hija.
Sin embargo, ante lo anterior, su defensa ingresó un escrito al Séptimo Juzgado de Garantía con el fin de solicitar la nulidad del allanamiento, donde acusa que "la fiscalía entregó información falsa al tribunal", relacionada con el presunto uso de la tarjeta SIM. María Teresa Letelier y las dudas por su teléfono La formalización de Verónica Sabaj, destituida ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, sería inminente. Esas son al menos las pretensiones del Ministerio Público, el cual la investiga a partir de una esquirla del caso Audio. Sabaj salió mencionada en los chats de Luis Hermosilla, quien la ayudó a llegar al tribunal de alzada en 2020. La fiscalía le imputa haberse acercado a Hermosilla --a través del abogado Mario Vargas, hoy en prisión preventiva en el marco de la trama bielorrusa-para su nombramiento y posteriormente haber estrechado una relación de amistad.
Según los investigadores, en retribución, Sabaj ayudó a Hermosilla en diversos ámbitos, por ejemplo, en la redacción de recursos, dándole información de la composición de salas e incluso influyendo en un abogado integrante para que votara a favor de las pretensiones de Hermosilla. Lo anterior en el contexto del caso Dominga y del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, hoy condenado por malversación de fondos, lavado de activos y falsificación de instrumento público.
Por ello, Sabaj enfrentó una querella de capítulos que fue acogida por sus antiguos pares de la Corte de Apelaciones y que hoy se encuentra a la espera de la revisión de la Corte Suprema, mismo órgano que la destituyó el año pasado por sus chats con Hermosilla.
Verónica Sabaj, a la espera de apelación en la Suprema El 10 de noviembre Antonio Ulloa fue destituido de su cargo como ministro de la Corte de Apelaciones, luego de que el Senado aprobara una acusación constitucional.
El libelo acusó a Ulloa de vulnerar el deber de reserva y confidencialidad al filtrar "sistemáticamente resoluciones y acuerdos reservados, enviando minutas, proyectos y votaciones" a Hermosilla, quien lo ayudó a llegar a la Corte de Apelaciones de Santiago. Ello, además de incumplir el deber de imparcialidad y abstención, entre otras acusaciones. A pesar de que la Corte Suprema descartó días antes su destitución, el Poder Legislativo selló el fin de su carrera judicial. No obstante, Ulloa también se encuentra imputado en una indagatoria que encabeza la Fiscalía Regional de Valparaíso, la cual aborda las irregularidades en nombramientos judiciales.
El nombre de Ulloa volvió a aparecer en el contexto de las imputaciones del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, imputado por lavado de activos en la trama bielorrusa y quien transfería $1 millón mensual a Ulloa, totalizando más de $70 millones. Aunque Ulloa descarta irregularidad y asegura que Yáber es un amigo. Ante dicha situación penal, Ulloa podría enfrentar una querella de capítulos y posterior formalización. Antonio Ulloa y una eventual querella de capítulos La crisis que, desde finales de 2023 se instaló sobre el Poder Judicial, está, aún, lejos de acabarse.
Si bien varios de sus integrantes han sido removidos por distintas vías al estar involucrados en presuntas irregularidades, las consecuencias que enfrentan actualmente estos, indirectamente, siguen afectando la imagen del organismo encargado de impartir justicia en el país.
Un ejemplo elocuente de ello es la situación de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, quien fue removida en octubre de 2024 por sus entonces pares, de forma unánime, tras descubrirse conversaciones con el abogado imputado en el caso Audio Luis Hermosilla, pero además por distintas irregularidades detectadas en la tramitación de causas al interior del máximo tribunal, siendo una de ellas el juicio entre el consorcio bielorruso Belaz Movitec y Codelco, que derivó en una investigación penal, hoy denominada trama bielorrusa.
En ella, Vivanco fue definida por la propia fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, como la persona "más importante" de la "estructura" que, según las imputaciones, conformaba con su pareja, Gonzalo Migueles, y los abogados de Belaz Movitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos, todos actualmente bajo la cautelar más intensa.
A la exsuprema se le acusa de haber recibido pagos, a través de Migueles, por parte de los abogados que representaban a la empresa extranjera, a cambio de favorecerlos en diversos fallos que terminaron con Codelco pagando un monto superior a los $17 mil millones. Sin embargo, Vivanco no es la única exintegrante del Poder Judicial que se encuentra siendo investigada penalmente, aunque sí es quien cuya situación se encuentra más avanzada y en un punto más crítico.
A ella se suman al menos otros cuatro jueces que están siendo indagados en distintas causas vinculadas tanto a la trama bielorrusa, en el caso del exsupremo Diego Simpértigue, como a otras relacionadas con presuntas gestiones en nombramientos judiciales, como es el caso de la exmagistrada del máximo tribunal María Teresa Letelier, y los extitulares de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa y Verónica Sabaj. Se suman a la exsuprema Ángela Vivanco, actualmente en prisión preventiva Eventuales nuevas formalizaciones: el complejo escenario de cuatro exjueces de la Suprema y la Corte de Santiago E. CANDIA, O. RODRÍGUEZ y C.
CARVAJAL Los exintegrantes del máximo tribunal María Teresa Letelier y Diego Simpértigue, y los exmagistrados del tribunal de alzada Antonio Ulloa y Verónica Sabaj, son indagados en diversas causas relativas a nombramientos y trama bielorrusa.. - -