Autor: Paulina Modiano

“Los empresarios involucrados en colusión deberían ser expulsados de los gremios”
Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente A primera entrevista que dio en su vida fue en este diario. Simplemente porque en 1999 obtuvo puntaje nacional en lo que entonces se conocía como la prueba específica de historia. Cuando le preguntaron cuál era su meta respondió que quería ser presidente de la república. Pero los derroteros de la vida lo llevaron por otros caminos. Hoy Alberto Precht, abogado, está a la cabeza de Transparencia Internacional en Chile, una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional.
El área de esta institución está extremadamente vigente en el país por las acusaciones de corrupción que se han levantado contra altos mandos de una parte de las Fuerzas Armadas, ex funcionarios relacionados a ellos y con funcionarios gubernamentales y ahora en contra el propio presidente de la república, Sebastián Piñera, por su supuesta vinculación con el desarrollo del gran proyecto minero Dominga, anclado en la región de Coquimbo, una zona que múltiples ambientalistas considera una reserva natural irrepetible en el mundo. También en los últimos días han surgido ligazones de la familia del mandatario en un proyecto de hierro y escandio en las cercanías de Vallenar.
La cosa ha pasado de castaño oscuro y hoy el mandatario se ve enfrentado a una acusación constitucional por parte del Congreso y a una nueva investigación penal de la Fiscalía Nacional, en una situación que él considera zanjada por un dictamen anterior de la Corte Suprema. —Chile siempre se consideró, o al menos así se decía, que era uno de los países que presentaba menos problemas de corrupción en la región. ¿Sigue siendo así o la situación ha cambiado en los últimos años? —Lo primero que hay que señalar es que medir los niveles de corrupción en los países es una de las complejidades más grandes que tenemos. Revisar esto en términos cuantitativos es muy difícil. Creo que tú no puedes llegar nunca a la primera fuente, que son los corruptos. Por lo mismo, los estudios de mejor calidad son los que realizamos desde Transparencia Internacional, que tienen que ver, en general, con percepciones. Desde ahí que El abogado lidera una organización que a través del mundo pone el ojo en la probidad de organizaciones públicas y privadas. Para él, la falta de transparencia es la madre de las desigualdades. nosotros hace muchos años elaboramos el índice de corrupción, que mide 180 países. En esto, Chile ha sido uno de los países que ha tenido una mayor caída en los últimos años, sin embargo, sigue estando en una buena posición con respecto al resto del mundo. Hoy día estamos en el lugar 27 con respecto a los países con menor nivel de corrupción. Esto significa que no estamos dentro de aquellos con menor nivel de corrupción, pero tampoco estamos en el peor de los mundos. Sin embargo, con respecto a la región, seguimos teniendo, junto con Uruguay, un nivel muy avanzado.
Pero eso es más que nada porque vivimos en una región donde la corrupción es sistémica y el deterioro institucional es mayor y más histórico. —¿ A qué se debería el nivel de deterioro en Chile? —Tiene que ver con el proceso de apertura digital, pero también con la aplicación de políticas públicas de transparencia que han ido haciendo que la información sea de mucho mayor interés para la ciudadanía. O sea sabemos más y también entendemos que los delitos de corrupción no son contra los patrimonios menores, sino contra la institucionalidad y contra el estado derecho.
Y eso hace que también haya mayor persecución y más interés como país. —¿ Y tú crees que se han tomado medidas concretas que puedan abordar esos temas? —Luego del caso Penta, relacionado principalmente con el financiamiento ilegal de la política, se tomaron medidas importantes en cuanto al aumento de sanciones, disminución de atenuantes y el cambio en el estatuto anticorrupción. Pero hay forados en la legislación. Se va viendo en la política, en el repechaje, nuevos escándalos.
Lo vemos ahora con un registro de beneficiarios finales en cuanto a lo que tenemos de los reales y verdaderos de las empresas y de la autonomía del Servicio de Impuestos Internos (SII). Se podría avanzar, pero mucho más rápido. —Estas semanas se habla de la investigación contra el Presidente; del caso de Javiera Blanco, por haber recibido pagos irregulares como subsecretaria de Carabineros; también hemos sabido de supuestos aportes irregulares al candidato Sebastián Sichel, en 2009. ¿Está permeada toda la sociedad chilena por estas irregularidades? —Respeto al presidente, y ocupando la frase de otro presidente, el tema es que las instituciones funcionen. Si el Ministerio Público cree que hay meritos para hacer una investigación y que es menester que la pueda formalizar, así debe ser. También es importante que se utilicen los mecanismos establecidos en la Constitución, eso sí haciéndolo de manera correcta desde el aspecto jurídico y político.
Por eso mismo se debe proceder con firmeza, por supuesto, con apertura total y llegando las instancias que correspondan. —¿ Y qué pasa con los otros casos? Dominga es una inversión que estéticamente no se ve bien”. Chile ha sido uno de los países que ha tenido una de las bajas más altas en probidad y transparencia en los últimos años, pero no estamos en lo peor del mundo”. —En Chile tenemos un modelo que está ya muy claro desde dictámenes de la Contraloría hasta decisiones del propio gobierno, que establecen la prescindencia y eso no sólo significa no hacer campaña, sino también no utilizar medios públicos estatales para ello. —¿ Y en qué se podría avanzar? —Nosotros le planteamos al Presidente las semanas posteriores al estallido social, una serie de medidas en las que se incluía la generación de un registro final de beneficiarios, que es un estándar mundial bueno para combatir el lavado de activos. Lamentablemente, se ha avanzado bien poco. Hay un proyecto de ley que crea este registro solo para los que transan en el mercado público. Pero desde Chile Transparente pensamos que las políticas son todavía un poco laxas. Y uno ve dónde van quedando forados porque es una legislación incompleta.
“Las pruebas tienen que estar absolutamente claras” —Dices que se lo plantearon directamente al presidente Piñera, pero el mismo aparece involucrado en el caso de la minera Dominga a propósito de los Pandora Papers, aunque aún no hay una resolución del tema. —Las cosas han ido cambiando. Pero una de las cosas de las que se habla poco tiene que ver con la incertidumbre de las inversiones en Chile.
No puede ser que un proyecto tenga tanta incertidumbre como la que estamos viendo con Dominga y que, más allá de que uno pueda estar a favor o en contra, las pruebas tienen que estar absolutamente claras.
Hay reglas que han cambiado, pero es una inversión que estéticamente no se ve bien y uno tiene que actuar siempre desde el principio de la buena fe y entender que hubo una investigación en su momento y, bueno, que esa investigación se vuelva a revisar.
Nosotros lo encontramos positivo porque, evidentemente, antecedentes como los que tenía la aprobación del proyecto también dependen de una administración política y en eso también tiene que haber una evaluación con el negocio. —Aparte de que el caso se reabriera judicialmente por parte de la Fiscalía, ahora se aprobó una acusación constitucional que podría terminar anticipadamente con el mandato del presidente. ¿Tú crees que la gravedad del tema amerita esa sanción? —La política hay que dejársela a los políticos, no a los técnicos.
Y claramente desde mí opinión, absolutamente personal, a mí me gustan los presidentes de la República que terminen sus períodos. —¿ Y qué medidas habría que tomar en el caso de los beneficiarios finales de las empresas o del SII que no es autónomo y depende del gobierno de turno? ¿ Lograr una autonomía como la del Banco Central, por ejemplo? —No necesariamente autonomías como las que requieren rango constitucional. Pero se puede crear una inamovilidad o una remoción que se requiera.
“Los que cometieron delitos de corrupción la sacaron bastante barata” —En el caso del proyecto de ley sobre el destino final de las empresas, que dices que tiene algunos forados, ¿sería voluntario para las compañías u obligatorio?—Es absolutamente obligatorio. Si tú quieres estar en Chile, y eso ocurre en los bancos, están obligados a dar a conocer los receptores finales independiente de la unidad en que operen. Lo que pasa es que eso debiera ser mucho más extendido. No solamente para los que están obligados sino para todos los que transen en Chile. Tiene que ser un estándar obligatorio. —¿ Y qué crees que ha pasado con eso, ha faltado voluntad política? —Sí.
Hoy somos un país bastante conservador en cuanto a los secretos empresariales en general, tenemos un secreto bancario muy rígido al igual que el tributario y esto genera ruidos porque es un cambio bastante importante con respecto a la persona natural que está detrás de una inversión. —¿ Por qué no se ha podido avanzar más? —Porque no están las voluntades y cuando hemos conversado con algunos actores del sector privado hay bastante oposición a poder saber y también mucho miedo a emplear esa información, obviamente con filtros.
Acá no pretendemos que una persona pueda acceder a los registros de una empresa, pero sí que esto sea muchos más flexible a las autoridades que tengan que combatir delitos de lavado de dinero y obviamente en el sistema bancario sería una gran herramienta. —¿ Qué te parece el tema de los fondos radicados en paraísos fiscales? —Nosotros en Transparencia Internacional, desde el inicio de nuestra existencia, sabemos que los paraísos fiscales albergan transacciones legales, pero también operaciones que son absolutamente espurias donde se esconden los fondos que al fin le hacen más daño a la humanidad. Los casos que hemos visto en los Pandora Papers son donde los corruptos del mundo ocultan su dinero. Por lo mismo, creemos que por más lícito sea su negocio no debieran compartir ese lugar con los que lo hacen de manera ilícita. Si los paraísos fiscales dejan de manejar dinero ilícito prácticamente desaparecen. —¿ Qué pasa con las sanciones? Aquí se habla mucho de que existen penas para los pobres y otras para los ricos. Y hay casos que lo han dejado en evidencia. —Sin duda uno de los hechos gatillantes del estallido social es la impunidad, que es absolutamente real. En Chile no se sancionó la corrupción como debió haberse hecho. Aunque hay algunos cambios importantes, como el que se hizo hace un tiempo en el estatuto anticorrupción y como los tribunales han ido interpretando los de delitos de corrupción. Uno esperaría que pudiéramos llegar antes. Y eso significa simplemente llegar al incentivo o desincentivo a este tipo de actos. Mucho va a depender del rol que hoy tengan los tribunales. Hoy tienen más atribuciones que cuando se desencadenaron los casos de financiamiento ilegal de la política. El Consejo de Defensa del Estado está teniendo un rol importante contra la corrupción. Por lo menos se ven más activos. —¿ Y eso podría aplicarse al caso Dominga? —Acá lo que tenemos es un sistema técnico y a la vez político. Y esa mezcla no ha funcionado.
Con proyectos que tienen que pasar por un sistema ambiental muy técnico pero que después se politizan y terminan en la Corte Suprema no generan beneficios ni para el medio ambiente ni para la inversión. —¿ Ves a las empresas con mejor disposición a que ese sistema se perfeccione?—Paradójicamente el sector privado es mucho más rápido en la lucha contra la corrupción. Pero también porque se ha demostrado que la corrupción paga mal. —Bueno eso es parcial. En los últimos años hemos visto varios casos de colusión que han involucrado a grandes grupos empresariales. —La colusión es corrupción porque es abuso de poder en determinados mercados en beneficio propio. De eso no tenemos ninguna duda y demuestra que lamentablemente, sobre todo un sector empresarial más tradicional en nuestro país, no entiende las normas de libre mercado y tampoco las comparte. Uno hubiera esperado una forma más energética del mismo empresariado. Y la verdad es que los que cometieron delitos de corrupción la sacaron bastante barata.
Era una forma de operar corrupta. —¿ Y qué puede hacer la gente común y corriente o los propios empresarios para evitar que estas prácticas sigan reproduciéndose? —Los que incurran en esas prácticas debiesen ser expulsados de los gremios. Es impresentable que aquí hay una multa, pero no pasó nada, y son los dirigentes empresariales para los mismos casos.
Se puede avanzar en el proyecto de delito económico que está en la Cámara de Diputados, que ha tenido amplio respaldo y que esperamos que sea ley. —Tu respuesta al ser entrevistado por tu puntaje nacional en historia fue que te gustaría ser Presidente. Si fueras electo mañana, ¿cuáles serían tus primeras medidas en pro de la probidad y transparencia? —Lo primero que haría sería ceder mi poder y ser muy claro en cuáles son mis intereses, límites.
Y por otro lado, dotar a todos los que me controlan de las medidas habidas y por haber para que La Moneda ojalá fuera de vidrio y que no hubiese ninguna duda de que mi servicio con el país tiene que ser por la patria.

Resumen

Hoy Alberto Precht, abogado, está a la cabeza de Transparencia Internacional en Chile, una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional., El área de esta institución está extremadamente vigente en el país por las acusaciones de corrupción que se han levantado contra altos mandos de una parte de las Fuerzas Armadas, ex funcionarios relacionados a ellos y con funcionarios gubernamentales y ahora en contra el propio presidente de la república, Sebastián Piñera, por su supuesta vinculación con el desarrollo del gran proyecto minero Dominga, anclado en la región de Coquimbo, una zona que múltiples ambientalistas considera una reserva natural irrepetible en el mundo., “Los que cometieron delitos de corrupción la sacaron bastante barata” —En el caso del proyecto de ley sobre el destino final de las empresas, que dices que tiene algunos forados, ¿sería voluntario para las compañías u obligatorio?—Es absolutamente obligatorio.

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