Autor: Redacción La Estrella

Familias denuncian desalojos en medio de fiscalización de viviendas sociales
Familias denuncian desalojos en medio de fiscalización de viviendas sociales A Irededor de 30 familias ariqueñas denunciaron estar viviendo un complejo escenario tras la revocación de sus subsidios habitacionales en el marco del Plan de Fiscalización de Viviendas Sociales que ejecuta el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en la región. La situación fue expuesta en un encuentro ampliado que contó con la participación del presidente del Senado, José Manuel Ossandón, invitado por el senador José Durana.
Según se informó desde la oficina parlamentaria del legislador ariqueño, en la instancia, los afectados dieron a conocer que, producto de las fiscalizaciones, han recibido órdenes de desalojo y la pérdida de la propiedad adquirida mediante subsidio, lo que -afirman se ha realizado sin considerar pruebas de residencia ni documentos justificatorios presentados en sus descargos.
Entre las principales críticas, señalaron que las visitas de inspección se llevan a cabo en horarios en que los residentes no se encuentran en sus domicilios debido a razones laborales o médicas, lo que deriva en procesos judiciales por presunto "abandono" de la vivienda.
Según denunciaron familias afectadas, las apelaevitar que personas en condicion de vulnerabilidad queden sin hogar. ciones han sido mayoritariamente rechazadas y la aplicación retroactiva de normativas habitacionales estaría dejando sin opciones de regularización a residentes con más de tres años de ocupación continua.
El presidente del Senado manifestó que, en su trayectoria pública, no había conocido una situación similar de revocación de subsidios habitacionales y se comprometió a plantear el tema ante el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, junto al senador Durana, con el objetivo de buscar soluciones para los afectados. Desde las autoridades y sectores políticos se ha reconocido la necesidad de fiscalizar casos de mal uso de los beneficios habitacionales, como el arriendo o cesión a terceros. Sin embargo, también se planteó la urgencia de diferenciar estas situaciones de aquellas en que familias vulnerables si habitan los inmuebles. pero resultan perjudicadas por la aplicación de los criterios de fiscalización.
Ante este escenario, se propuso establecer una mesa de trabajo que permita revisar caso a caso la situación de las familias involucradas, con el objetivo de do de la República Miguel Mellado Suazo, quien denuncio ante la Contraloría General de la República, que existirian viviendas obtenidas con subsidio y que no eran utilizadas por sus beneficiorios o eran arrendadas, mediante el dictamen Nº30/2021 de fecha 07 de enero de 2021, el SERVIU debe adoptar las medidas establecidas en la Ley Nº17.635 en aquellos casos en que no se acredita la ocupación efectiva de la vivienda.
Lo anterior responde al deber de velar por una administración eficiente y responsable de los recursos públicos y por el cumplimienSERVIU RESPONDE Respecto al proceso, desde el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Arica y Parinacota precisaron que no se trata de desalojos, sino que de "recuperación de viviendas sociales no habitadas o habitadas por terceros, incluso algunos dispuestas como bodegas y spa, que no corresponde a aquellos ciudadanos que se adjudicaron los subsidios". Desde Serviu agregaron que "a petición del Diputato de la función pública, en concordancia con los artículos 5 y 8º de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado". Desde el servicio añadieron que "Durante los procesos de fiscalizaciones realizados por el Servicio, en el año 2023 se fiscalizaron 966 viviendas, detectándose 35 inmuebles sin habitar, los que fueron sancionados administrativamente; de ellos, 13 presentaron recursos de reposición que fueron acogidos, representando así los sancionados solo un 2,2% del total fiscalizado En elaño 2024 se fiscalizaron 396 viviendas y se sancionaron 15 inmuebles por no encontrarse habitados, equivalente al 3,8% del total fiscalizado". Respecto a la consulta si existe la posibilidad de volver a analizar caso a caso o revocar la medida, desde la institución dependiente jerárquicamente del Minvu manifestaron que "Conforme al principio de separación de los poderes del Estado, consagrado en el artículo 6 y 7º de la Constitución Política de la República de Chile, y al ser el Poder Judicial el órgano competente para conocer y resolver tales controversias corresponden a los tribunales dejusticia determinar el mérito, procedencia y eventual resolución de dichas causas",O. Situación fue expuesta en un encuentro ampliado al presidente del senado, José Manuel Ossandón. Serviu justificó proceso. ALREDEDOR DE 30 FAMILIAS DENUNCIARON SER AFECTADAS.