Universidades estatales y privadas delinean los desafíos del sistema: regulación, nuevo CAE y problemas con la gratuidad
Universidades estatales y privadas delinean los desafíos del sistema: regulación, nuevo CAE y problemas con la gratuidad Tanto el Consorcio de Universidades del Estado (CUECh) como la Corporación de Universidades Privadas (CUP) eligieron durante la última semana a los rectores que presidirán las agrupaciones por los próximos dos años, hasta 2026. En las estatales, Osvaldo Corrales (U. de Valparaíso) recibió el apoyo para un segundo período de forma unánime; mientras que, en las particulares, Santiago González (U. Central) llega a suceder a Cristian Nazer (U.
Finis Terrae). A la espera de las distintas propuestas que debe hacer el Ejecutivo, como los aranceles para la gratuidad o el proyecto que termine con el Crédito con Aval del Estado (CAE), los rectores reclaman que deben pagar las deudas que dejaron los desertores del CAE y los años de estudio adicionales que no abarca la gratuidad.
Corrales apunta, además, que las exigencias para las universidades "son más gravosas para las del Estado que para el sector privado". González matiza: "Entendemos que las universidades estatales tienen complejidades en materia de gestión, pero también hay que reconocer que el Estado les entrega muchísimos recursos que no les otorga a las privadas". Universidades estatales y privadas delinean los desafíos del sistema: regulación, nuevo CAE y problemas con la gratuidad "Una de las prioridades más importantes del consorcio tiene que ver con la necesidad de modernizar las leyes y normas que regulan a las universidades del Estado. Hace bastante tiempo, advertimos que solo somos estatales para los efectos del control, no para el financiamiento. Nos financiamos casi idéntico al resto del sistema: por estudiantes que somos capaces de matricular. Esa competencia, que enfrentamos por alumnos, profesores y fondos, la hacemos en condiciones normativas de mucha desventaja.
Estamos sometidos a un conjunto de controles al que el resto de instituciones, que reciben tanto o más fondos públicos, no está sometido. "Asumo un gran desafío, que es poder conducir desde la presidencia a la CUP y poder generar una agenda colaborativa. Con esto buscaremos posicionar el rol de las universidades no estatales, como las nuestras, que generan bienes públicos también y que requieren mantener una presencia significativa y permanente en el sistema.
Somos un grupo de 16 universidades que sustentamos más o menos un tercio de la educación superior en el país, y tenemos una característica bien especial: somos las que generan la movilidad social, por lo que es una tremenda oportunidad para colaborar con todas nuestras universidades". ¿Qué prioridades tiene la agrupación de universidades que preside? "Hoy tenemos muchos desafíos, pero hay algo que los rectores hemos advertido, que tiene que ver con la formación pedagógica. El país está enfrentando un grave problema, porque hay muchos menos jóvenes que quieren estudiar Pedagogía, y muchos que abandonan la carrera docente. Esa circunstancia, que está llevando a un déficit de profesores, se va a ver agravada por la entrada en vigencia de nuevas exigencias para estudiar Pedagogía contempladas en la ley. Estipula que para 2025 quienes quieran entrar deberán estar en el 60% superior de los puntajes. Si eso se mantiene, vamos a tener una profundización de la crisis. "Estamos con un sistema de educación superior muy desafiante.
Creo que en los próximos dos años van a ocurrir cosas muy importantes, y desde las universidades privadas tenemos una gran responsabilidad, de colaborar, participar y aportar con la impronta de nuestros modelos educativos, y de esa forma contribuir a que la educación crezca, se desarrolle y sea lo que necesita el país.
Hay muchos desafíos en carpeta, pero creo que los principales están en el ámbito académico, en gestión y, por supuesto, en el financiamiento, que son temas que se deben abordar en los próximos años". ¿Cuáles son hoy las urgencias para el sistema de educación superior? "Una de las cuestiones que más complicaciones han traído a las instituciones es precisamente aquella que tiene que ver con que se financie solo el tiempo de duración teórica de las carreras, de 10 semestres.
Después de eso, las instituciones solo pueden cobrar la mitad del arancel, y la mayoría de los estudiantes no se titula en el tiempo teórico de las carreras por distintos factores: muchos rebajan su carga académica, porque tienen que trabajar.
Pedimos que se considere esa diferencia, porque, de lo contrario, el régimen que se ha establecido supone que las instituciones no hacemos parte del financiamiento de la gratuidad. "Ese es un tema que nos preocupa bastante, por la definición de los aranceles regulados, que ya están entrando en vigencia, y de forma muy importante el próximo año. Creemos que el proceso que se ha llevado adelante para su definición debiera profundizarse y tomar en cuenta de mejor manera los costos reales que tienen las universidades. Los aranceles regulados que se propusieron carecieron de un proceso con la debida profundidad, y eso se debe revisar. Si no, va a generar problemas graves.
El financiamiento tiene que ser sustentable en el tiempo, y vemos que con los aranceles regulados eso podría estar en peligro". ¿Cómo observa el futuro de la política de gratuidad? "Es solo una parte de la revisión que creemos que hay que hacer sobre la forma en que se está financiando la educación. Es relevante, porque hay familias muy comprometidas, y, sin embargo, el sistema está enfrentando desafíos mayores, como la gratuidad.
Debe haber una revisión de la forma en que se está financiando la educación, y la expectativa que tenemos es que los parámetros planteados por el Gobierno se cumplan, sobre todo teniendo en cuenta la sostenibilidad fiscal que esto va a tener.
Esperemos que no se dilate la propuesta, porque genera que las personas que tienen que pagar esperen a cómo va a quedar configurado. "La discusión pública se anticipó mucho al proyecto que va a proponer el Gobierno, y eso no le ha hecho bien al sistema, porque generó expectativas en los estudiantes y algunos dejaron de pagar. Generó un aumento de la morosidad, que ya alcanza el 60%. Para las universidades tiene un impacto importante, porque tienen que hacerse cargo de pagar los créditos de quienes desertaron con CAE.
Lo más importante es que el Gobierno presente rápidamente su propuesta, que pensamos que va a incorporar todos los aspectos del financiamiento de la educación superior, para poder bajar las expectativas y que las personas sepan a qué atenerse". ¿Qué espera de la propuesta sobre el CAE del Gobierno? Osvaldo Corrales, rector de la U. de Valparaíso. ATON Santiago González, rector de la U. Central.
HÉCTOR ARAVENA DIERK GOTSCHLICH Los rectores Osvaldo Corrales (UV) y Santiago González (UCEN) coinciden en que se deben destrabar las discusiones en torno al financiamiento de la educación superior, y, por ejemplo, ya se adelantó la discusión del término del Crédito con Aval del Estado. Representantes del Consorcio de Ues del Estado (CUECh) y la Corporación de Ues Privadas (CUP) "Hay un gran desafío que tiene que ver con su sistema de títulos y grados, con su estructura curricular. No son cuestiones que dependan de las universidades, porque hay leyes, y ahí hay que hacer una revisión. Ahora, no hemos tenido tampoco mayores detalles respecto de la idea que el Gobierno tiene en relación con esa llamada modernización de la educación superior, salvo lo que el subsecretario ha dicho públicamente.
Estamos a la espera de que se inicie de un modo más decidido ese diálogo, porque tenemos la necesidad de que esa revisión se dé en un contexto más amplio, no solo del sistema universitario, sino del sistema de educación completo. "Hemos estado trabajando en este tema y coincidimos con la subsecretaría en que es muy importante avanzar, porque el sistema de educación superior en Chile está quedando muy atrasado. Tenemos que desarrollarnos con más rapidez que en los últimos años.
Por ejemplo, hay que desarrollar trayectorias educativas que sean mucho más flexibles para los estudiantes, porque tenemos un sistema extremadamente rígido y debemos facilitar la articulación entre el pre y posgrado, así como entre carreras técnicas y el pregrado. También hay que hacer un análisis de los títulos y grados, ya que hay que tratar de acortar las carreras". ¿Cómo evalúa la "agenda de modernización" de la subsecretaría?.