Caso Procultura
Caso Procultura Ya han pasado más de 15 meses desde que estallara el caso Convenios, el que ha dejado a casi una treintena de personas formalizadas por traspasos irregulares de fondos públicos a fundaciones.
Con el correr del tiempo, sin embargo, las indagatorias parecían haber perdido fuerza en el caso de la fundación Procultura, luego de que el fiscal a cargo fuera removido de la investigación; esto, después de que se filtrara el pantallazo de un diálogo suyo en WhatsApp con el marido de la exministra Vivanco.
En las últimas semanas, empero, y después de que la prensa diera cuenta de un informe de la PDI, en el que se afirmaba que la expareja del Presidente Boric había efectuado depósitos en la cuenta de la fundación (cuestión que ella niega), la causa ha vuelto a generar noticia y el actual fiscal a cargo ha estado realizando diversas diligencias, incluido el allanamiento del domicilio y la incautación de aparatos electrónicos de quien presidiera Procultura, el psiquiatra Alberto Larraín. Se trata de pasos investigativos importantes. De partida, por los montos involucrados: según la fiscalía, se investigan en este caso convenios con instituciones del Estado por $5 mil millones.
Otro factor es el hecho de que, si bien Procultura era una fundación que llevaba largos años funcionando, los montos que recibía del Estado experimentaron un aumento exponencial al asumir el actual Gobierno: si en 2021 recibía traspasos por $316 millones, en 2022 subieron a $3.282 millones, sumando entidades del gobierno central y gobiernos regionales. La fundación, además, experimentó una insólita ampliación de su ámbito de acción, que llegó a incluir desde temas patrimoniales hasta proyectos de apoyo en salud mental. Por todo esto y considerando además que Larraín era una figura conocida del Presidente Boric (a quien habría asesorado en algunas materias cuando era diputado), resulta fundamental esclarecer el caso y despejar cualquier suspicacia. Ha de interesar especialmente el avance de la investigación al gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, quien también tenía cercanía con Larraín, el que lo apoyó en algunas de sus campañas.
Como gobernador, Orrego lo nombró como uno de los directores de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo, y posteriormente impulsó (con la a p r o b a c i ó n d e los consejeros regionales) la suscripción de un c o n v e n i o c o n Procultura para un programa de prevención del suicidio, "Quédate", para el que se le traspasaron casi $1.700 millones. Luego de las primeras denuncias contra la fundación, esta dejó de efectuar rendiciones y el gobierno regional suspendió el programa y ahora intenta recuperar parte de los dineros entregados. Aunque presentó querella, igualmente su actuación es investigada por la fiscalía, al igual que los convenios suscritos por Procultura con otros cuatro gobiernos regionales. A raíz de todas estas situaciones y de la poca claridad en el destino de los dineros traspasados, se ha barajado todo tipo de hipótesis, incluida la posibilidad de algún desvío hacia campañas políticas.
Todo ello no hace sino poner aún más en evidencia la relevancia de este caso --que también ha motivado la conformación de una nueva comisión investigadora en la Cámara de Diputados-y la importancia de su pleno esclarecimiento. Es fundamental despejar cualquier suspicacia respecto de este caso y su esclarecimiento..