Las alertas sobre la autonomía que generan los eventuales CAMBIOS EN ED. SUPERIOR
Las alertas sobre la autonomía que generan los eventuales CAMBIOS EN ED. SUPERIOR objetivos y el programa de gobierno.
Podemos tener distintos énfasis, pero todas y todos creemos en la importancia de cumplir los compromisos". COMPROMISO VERSUS URGENCIAS Aumentar la dotación policial, destinar el dinero a salud... abierta la discusión, también comenzaron a surgir propuestas de usos alternativos para los fondos, que según cálculos del think tank Horizontal podrían superar los US$ 11 mil millones en caso de una condonación universal. Incluso, dentro del mismo ámbito educativo, hay otros fines en que piensan los expertos. "Queda claro que si se destinaran a la educación parvularia o escolar, el impacto social sería mucho mayor. Es ahí en donde podemos hacer una mayor diferencia como país", plantea Vargas.
Otros apelan a la complejidad de someter el sistema a una nueva reforma de gran envergadura y alto costo, tras las dificultades asociadas a modificaciones previas. "La historia reciente en Chile muestra lo que puede ocurrir cuando se llevan adelante reformas basadas en la ideología. La educación escolar, primero, y la política de gratuidad universitaria después, son ejemplos de malas políticas públicas que dañaron gravemente a nuestro sistema", dice el rector Valdés.
Los nuevos instrumentos, a su juicio, deberían considerar "libre elección de los estudiantes, la autonomía académica, financiera y administrativa de las instituciones para crecer e innovar, y un razonable equilibrio entre inversión privada y pública". La alternativa de un impuesto a los graduados, que ha trascendido en los últimos días como una opción, no le parece viable: "Los impuestos parecen ser la solución fácil y nefasta a la que se recurre cuando la planilla Excel no da, y cuando la capacidad de gestión no existe.
Creo además que estamos en un momento económico en que cualquier nuevo aumento de impuestos será fuertemente rechazado por la ciudadanía". Entre las dudas, una certeza es que el próximo 1 de junio los ojos de estudiantes, expertos e instituciones estarán puestos en Valparaíso, a la espera de las palabras del Presidente.
Si con su discurso bajan o crecen las expectativas y preocupaciones, está por verse. n Cuando el año pasado el diputado Gaspar Rivas ingresó una moción que pretendía extinguir las deudas del CAE --que además proponía que el Mineduc fijara cada año aranceles máximos que se podían cobrar-el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) encendió algunas alertas. Una de ellas, precisamente respecto de los precios de las carreras: advirtieron que la idea atentaba "contra la autonomía económica" de los planteles, pues ya existía una normativa de aranceles regulados. Frente a consultas en torno al debate sobre el sistema de financiamiento y el eventual impacto en los planteles, Emilio Rodríguez, rector de la U. de Tarapacá, también vicepresidente ejecutivo del Cruch, declinó referirse. TENSIONES INTERNAS Si algo quedó claro estos días, es que dentro del propio oficialismo hay diferencias respecto de cómo abordar las deudas estudiantiles. Por ahora, se ha dicho que la propuesta tendrá un carácter "justo, progresivo y autocontenido", sin anticipar cuánto habrá de condonación para cada deudor. La promesa original del programa, una "condonación universal", no genera consenso hoy.
Así lo hizo ver la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuando además de cuestionar que algunos parlamentarios generaran presión previa a la Cuenta Pública --habló de un "ofertón" con motivaciones electorales-señaló que una condonación total no era económicamente posible. La Juventud Socialista, que tuvo hace poco un encuentro sobre educación, tampoco es partidaria de ese camino. "No estamos de acuerdo con una condonación universal.
Nos parecería muy mal que estando en el marco de un proceso de pacto fiscal, buscando generar más ingresos para el Estado, el pueblo finalmente, a través de sus impuestos, le pague el CAE a las personas que más tienen", dice su presidente, Allan Álvarez. Creen, añade, en buscar una solución para aliviar las deudas, focalizada y gradual.
Para Álvarez, es necesario que el oficialismo tenga una postura y, para definir aquella posición, entender que "no porque tengamos disensos en torno a cosas va a querer decir que alguien está defendiendo a la banca, que tiene principios neoliberales, que no conoce la realidad o que le falta calle.
Más bien son legítimos disensos". Lo que no puede ocurrir, advierte, es que el proyecto acabe rechazándose con votos oficialistas o que "al final del día nadie quede contento con esto". Pero entre las expectativas de quienes quieran ver cumplirse el compromiso original y los reparos de sectores que no comparten la idea de priorizar este asunto por sobre otras necesidades, eso es lo que podría ocurrir, a juicio de Brunner. "En eso consiste la trampa en que cayó el Gobierno.
En vez de proponer una solución directa, técnicamente sólida, fácil de entender, práctica, financiable y justa, ha entrado en un terreno resbaloso y ambiguo, con múltiples señales contradictorias que dividen a la propia coalición oficialista y ofrecen a la oposición un fácil blanco sobre el cual cargar", sostiene.
Emilia Schneider (Convergencia Social), presidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, asegura que dentro del oficialismo hay "unidad en torno a los Fue una respuesta breve e interrumpida por problemas de conexión en la llamada.
La entrevista a Mario Marcel en radio Duna casi terminaba, cuando el pasado miércoles 15 le preguntaron por la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) y, entre lo que se logró escuchar, el ministro de Hacienda contestó que el compromiso era presentar una propuesta en septiembre. No era mucho, pero sumado a la presión de partidos oficialistas que por semanas habían pedido novedades al respecto en la próxima Cuenta Pública del Presidente, bastó para instalar el debate en la agenda.
Las palabras de Marcel desempolvaron el asunto, que ya se había comprometido en el debate del presupuesto el año pasado, y distintas figuras del Gobierno terminaron respondiendo durante días preguntas sobre un proyecto que, sin ver todavía la luz, ya le abre al Ejecutivo una serie de flancos.
Mientras que entre partidos oficialistas hay matices sobre qué hacer con la deuda, en el mundo universitario emerge otra preocupación: el papel que tendría el Estado en aquel nuevo sistema de financiamiento y hasta dónde podría llegar su influencia en las instituciones.
OTRA VEZ, LOS ARANCELES ¿ Qué luces hay sobre la dirección que podría tomar el diseño de la propuesta? El programa de gobierno de Apruebo Dignidad hablaba de "un nuevo sistema único de créditos" que "será público, solidario, sin interés, sin participación de los bancos y no reproducirá los abusos del CAE". Cuando el exministro Marco Antonio Ávila hizo su primera cuenta pública participativa, en 2022, hubo referencias que daban cuenta de la mirada sobre el sistema actual.
En el documento, se señalaba que "la hegemonía privada ha venido de la mano de una excesiva dependencia en el financiamiento de las instituciones a los aranceles en constante alza (... ). Esto ha acarreado importantes problemas de pertinencia y calidad, irregularidades económicas, profesionales subempleados, y muchas veces, una educación superior que no tiene vinculación con los desafíos que tenemos como país y ni siquiera con el mercado laboral". Para José Joaquín Brunner, un cambio más integral del modelo significaría discutir cómo financiar a las instituciones y a los estudiantes.
Y, en ambos casos, a quiénes beneficiar: "¿ Solo a las universidades estatales y sus alumnos? ¿ O se incluye también a las instituciones privadas y a quienes estudian allí, más del 80% de la matrícula total?". Una modificación de gran envergadura, planteó el exministro en una columna reciente, implicaría una redefinición de la autonomía y las regulaciones de las universidades y "una mayor presión sobre el sistema para ponerlo al servicio de las misiones que definiría un Estado emprendedor a la Mazzucato, en el mejor de los casos o, en el peor, un Estado aparatoso dedicado ahora a la `permisología' para un mayor control del sistema". Precisamente, aquel punto, el de la autonomía de las universidades, es el que preocupa hoy en distintos planteles, ya sea en la aplicación de un impuesto a los graduados, opción que ha trascendido como alternativa, o el diseño de un nuevo sistema que deje en manos del Estado la administración plena de distintas variables.
Si la gratuidad y el nuevo sistema de créditos fueran las dos opciones de financiamiento estudiantil, la fijación de aranceles "quedaría completamente en manos del Estado, lo que abre espacio a la discrecionalidad como, de hecho, se ha observado en la regulación de los aranceles de gratuidad", advierte el exsubsecretario de Educación Superior y vicerrector académico de la U.
Finis Terrae, Juan Eduardo Vargas. "Considerando que los aranceles de pregrado son actualmente la gran fuente de financiamiento para las universidades, especialmente para las privadas, ciertamente esta situación podría afectar la autonomía y desarrollo de estas instituciones, que podrían ver mermados sus ingresos", añade. El rector de la U. del Desarrollo, Federico Valdés, va más lejos: "Si el financiamiento depende de la voluntad del Estado, en la práctica significa el fin de la autonomía universitaria.
Si el control de las carreras que las universidades pueden dictar, de las vacantes que pueden ofrecer, de los aranceles que pueden cobrar, de la investigación que pueden realizar, depende del Estado, en la práctica la autonomía universitaria desaparece". "El día de mañana, el funcionario o la comisión de turno, por bien calificada e intencionada que sea, pueden favorecer o perjudicar a determinadas instituciones, y eso sería fatal para el sistema universitario chileno.
Se lo escuché alguna vez al presidente Lagos en la celebración de los 20 años de la UAH: `Las universidades tienen que poder desafiar a la autoridad'. Si están sometidas a ella, pierden su autonomía y dejan de ser llamadas universidades", sostiene. "Si el financiamiento depende de la voluntad del Estado, en la práctica significa el fin de la autonomía universitaria". FEDERICO VALDÉS, RECTOR DE LA U. DEL DESARROLLO Las alertas sobre la autonomía que generan los eventuales CAMBIOS EN ED. SUPERIOR EN MEDIO DE LA DISCUSIÓN SOBRE EL CAE: La condonación del CAE ha sido durante años una demanda del movimiento estudiantil. En la foto, una pancarta en una marcha realizada en 2018. CLAUDIO CORTÉS A días de la Cuenta Pública y por declaraciones del propio Gobierno, una promesa de campaña reflotó: la condonación de la deuda estudiantil y el diseño de otro sistema de financiamiento. Sin conocerse detalles de la propuesta, el tema ya genera roces al interior del oficialismo y preocupación entre instituciones, donde el rol del Estado en la administración presupuestaria y la definición de aranceles generan inquietud.
V. GONZÁLEZ "(El Gobierno) ha entrado en un terreno resbaloso y ambiguo, con múltiples señales contradictorias que dividen a la propia coalición oficialista y ofrecen a la oposición un fácil blanco". JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER, ACADÉMICO DE LA U. DIEGO PORTALES.