Autor: A, CHECHILNITZKY y N. CABELLO
En paralelo, el senador Juan Castro anunció reforma para crear comité de académicos si triunfa el Rechazo:
En medio de inquietud ciudadana, surge idea de sumar expertos al proceso constituyente
. La iniciativa impulsada por Jaime Bassa, hasta ahora sin apoyo de la mesa directiva, contempla contar con asesoría para Armonización y Normas transitorias.
El jueves por la tarde, el convencional y exvicepresidente de la Convención Jaime Bassa (Frente Amplio) llamó a casi una veintena de abogados invitándolos a un comité asesor de la Convención en el trabajo, que comienza la próxima semana, de las comisiones de Normas transitorias y Armonización.
La primera de esas comisiones será la encargada de delinear el paso del sistema actual al de la propuesta de Constitución si estase aprueba el 4 de septiembre, mientras la segunda deberá proponer correcciones de coherencia y redacción. El convencional le venía dando vueltas a esa idea al menos desde noviembre, cuando Heinz Klug, académico de la U. De Wisconsin, le consultó en su visita a Chile si había considerado esa fórmula implementada ya en Sudáfrica.
Pero fue hace cuatro días —después de que la encuesta Panel Ciudadano-UDD revelara que, frente a tres escenarios hipotéticos, el 59% delos entrevistados prefiere que un comité de expertos redacte la nueva Constitución, mientras otras mediciones dan cuenta de cómo el Rechazo gana terreno— cuando Bassa pidió a un abogado amigo que le ayudara a hacer una lista de posibles asesores a invitas Entre los convocados están Miriam Henríquez y Claudia Sarmiento de la U. Alberto Hurtado; Elisa Walker, Verónica Undurraga e Isabel Aninat, de la U. Adolfo Ibáñez Yanira Zúñiga, Ximena Gauché, Jorge Contesse y Luis Cordero, de Espacio Público; José Francisco García y Patricio Zapata, de la UC; Francisco Zúñiga y Ana María García, de la U. De Chile; Domingo Lovera (UDP) y Flavio Quezada, del Instituto Igualdad. Los abogados entregan versiones distintas. Si bien confirmanos llamados, algunos dicen que Bassa habló a título personal, y otros, que era un primer llamado que luego oficializaría la Convención. Ayer, la mesa directiva de la Constituyente descartó que dicha convocatoria los representara.
En el grupo de Whats App de los miembros de la mesa ampliada la presidenta María Elisa Quinteros escribió: “Desde la mesa no se ha tomado postura sobre el tema”. Eso sí, la idea fue conversada por la mesa hace dos meses, y en la sesión plenaria del 20 de abril, el vicepresidente Gaspar Domínguez (INN) tomó la palabra y, haciendo hincapié en que intervenía a título personal, dij “Me parece que en esta última etapa, sobre normas transitorias, donde vamos a definir el camino que debemos seguir para llegar al lugar donde queremos, creo personalmente que debe ser un proceso acompañado de los expertos, de los especialistas, la secretaría técnica, de las unidades de evaluación financiera Lo quesíha hecho la mesa durante estos días es reunirse con distintos poderes constituidos como el Congreso, Poder Judicial y Contraloría. La última cita será con el Gobierno, del cual esperan un informe con el gasto fiscal que supondría poner en marcha las distintas reformas. Por su parte, ayer la comisión de Normas transitorias aprobó convocar para la próxima semanaal Bermúdez y aunrepresentante de la Segpres. Y en los colectivos, entre ellos, el Socialista y Frente Amplio, evalúan un posible refuerzo de us asesores para esta etapa.
Evitar la incertidumbre En sectores de la derecha vieron los llamados de Bassa como un intento de adelantarse al proyecto de ley que hace semanas irabaja el senador Juan Castro (independiente, miembro de la bancada RN) y que ingresará al Congreso los próximos días.
Si bien el senador evaluó distintas alternativas, entre ellas que el texto de la Convención se entregara a un grupo de expe: tos antes del plebiscito, finalmente la idea que avanzó fue la de delinear un camino en caso de que gane el Rechazo.
Lo anterior va en línea con lo planteado por la Comisión de Venecia, organismo asesor internacional en materias constitucionales, que analizó el caso chileno y concluyó que “la Comisión reconoce que casi todas las personas con las que ha consultado, en un amplio espectro político chileno, reconocen que debe haber algún tipo de cambio constitucional serio en Chile”, Castro ha socializado su propuesta con distintos sectores, como el Partido de la Gente, DC, PPD y PS.
Según explica, la idea es “tener una alternativa clara para la ciudadanía en el caso de quela opción Rechazoseimponga”. Para ello plantea una reforma constitucional para que, de ser rechazada la propuesta de Convención, el Presidente convoque aunasesión del Congreso al cual solicite “la elaboración de un nuevo texto constitucional, cuya redacción deberá quedar termihada en el plazo de seis meses, contados desde dicho requerimiento”, se lee en el documento.
El Congreso, sigue la propuesta, deberá conformar una comisión mixta con cinco representantes de cada Cámara y “convocar a una comisión constitucional de expertos, la que deberá estar integrada por académicos de reconocido prestigio del ámbito de las ciencias jurídicas y de las ciencias políticas”. Dicha comisión, se propone, estará compuesta por dos académicos de cada universidad del Consejo de Rectores y uno de cada plantel que no és parte del Consejo, pero que tenga al menos cinco años de acreditación.
El borrador final deberá declarar, dice el proyecto, que “Chile es un Estado social”, incluir un catálogo de derechos sociales, reconocimiento a pueblos originarios, garantizar la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes, “la protección de la naturaleza, el reconocimiento y aseguramiento del agua para consumo humano, la equidad entre mujeres y hombres, el derecho a una pensión digna y la inexpropiabilidad y heredabilidad de los fondos de capitalización individual”.
ETAPA FINAL. — La próxima semana, en Antofagasta, comenzará el trabajo de las comisiones de Normas transitorias y Preámbulo. Será la última etapa de trabajo de la Convención antes de entregar el texto en julio.