Normativa: Fiscalización ambiental estratégica aplicable a la salmonicultura
HOY LA SMA CUENTA CON ESTRATEGIAS DE TRABAJO QUE APUNTAN A LA TECNOLOGÍA, LAS CUALES PERMITEN ESTIMULAR LA TRANSPARENCIA DE LAS EMPRESAS, FORTALECER LA GESTIÓN PREVENTIVA DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y AMPLIAR LA COBERTURA DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGULADOS.
N enero de 2023, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) informó la realización de más de 1.700 fiscalizaciones masivas y remotas a Centros - de Engorda de Salmones durante el 2022, las que se enmarcan en estrategias de fiscalización para el sector.
Según lo detallado por la institución, se trata de una labor desarrollada por un equipo de profesionales derivados de diferentes áreas de la SMA tanto a nivel central como también de oficinas regionales de Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde se encuentra gran parte de la industria salmonicultora. La Superintendencia del Medio Ambiente es un servicio público descentralizado de fiscalización, sujeto a la supervisión del Ministerio del Medio Ambiente. Junto a su facultad fiscalizadora, la SMA cuenta también con una potestad sancionatoria, donde puede imponer sanciones a los particulares a partir de infracciones. Revista AQUA conversó con Marie Claude Plumer Bodin, quien asumió el 03 de enero de 2023 como la primera mujer superintendenta del Medio Ambiente. La nueva jefa del servicio es abogada, con más de 29 años de experiencia y máster en Derecho Ambiental de la Universidad de Paris Panthéon Sorbonne. Marie Claude Plumer explica que la SMA tiene una estrategía de fiscalización que se materializa en los Programas y Subprogramas de Fiscalización, los que se fijan en diciembre de cada año.
“Las variables a controlar, y que han sido establecidas en la estrategia de fiscalización para el sector acuícola son: posicionamiento de estructuras de cultivo (módulos de cultivo), producción (biomasa), conexión en línea de parámetros ambientales asociados a contingencias: mortalidad y escape masivos de peces”, menciona.
La jefa del servicio destaca que en el caso de la salmonicultura, tienen 4 formas de fiscalizar: primero, en terreno, en inspecciones programadas realizadas por los propios fiscalizadores, muchas veces en compañía de otros servicios como sernapesca y Directemar.
Segundo, en inspecciones realizadas solo por Sernapesca llas cuales son sectoriales a sus materias), y que, si se encuentran desviaciones relativas a las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de las empresas, se derivan los antecedentes a la SMA. Tercero, en fiscalizaciones de gabinete, donde se analiza información que deben entregar las empresas como parte de sus obligaciones (seguimiento ambiental) o en respuesta a algún requerimiento realizado por la SMA. Fiscalización SMA.
“Muchas compañías optan tras la formulación por presentar un Programa de Cumplimiento (Pd C), que es una de las vías establecidas en la ley”, explica la superintendenta del Medio Ambienta, Marie Claude Plumer. y cuarto, en controles masivos y remotos a Centros de Engorda de Salmónidos (CES), especialmente en materias de posicionamiento de estructuras y niveles de producción. “La mezcla de estas estrategias nos permite abarcar al sector, que es uno de los que posee más RCA en Chile. El apoyo de la tecnología ha sido crucial, es un tema que estamos potenciando”, enfatiza la superintendenta. “Esto nos permitió realizar más de 1.700 fiscalizaciones en 2022 revisando el posicionamiento de los CES, un tema muy importante dado los riesgos ambientales que puede generar estar fuera de la concesión otorgada”, añade.
La superintendenta del Medio Ambiente comenta que hoy se está trabajando con Sernapesca para analizar rápidamente también la información de producción, para así además poder tener una expedita respuesta en casos de sobreproducción, un tema que tiene un alto riesgo ambiental en los ecosistemas asociados.
El fin principal de fijar estrategias es abordar las materias que puedan causar algún impacto ambiental, potenciando la eficacia en el uso de los recursos, “considerando que estos son limitados a la hora de fiscalizar cualquier proyecto en el país, y reducir los tiempos de respuesta a nivel institucional”, agrega la SMA La jefa del servicio menciona que se han establecido ejes temáticos, donde los distintos equipos interdisciplinarios de la SMA, integrados por profesionales de las ciencias de datos, ambientales y jurídicas, de distintas áreas de la SMA a nivel central, como también de las oficinas regionales de Los Lagos, Aysén y Magallanes, han sido clave en este trabajo.
“La estrategia de fiscalización remota nos permite realizar una inspección remota que tiene por objeto mejorar la gestión de la SMA, aumentando la cobertura del sector (95% de cobertura durante el año 2022)”, explica la representante.
Marie Claude Plumer añade que esto además sirve para levantar alertas tempranas y promover la corrección en caso de desviaciones a la normativa, también de mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión, lo que se traduce, en la reducción de los tiempos de respuesta a nivel institucional, y a un rápido encausamiento al cumplimiento del regulado. “El uso de esta modalidad de fiscalización masiva, sumada a otros mecanismos, permitirá avanzar en generar información de calidad y, sobre todo, en generar cambios de comportamiento de las empresas, asegurando el cumplimiento ambiental”, informa.
PROCESO SANCIONATORIO Actualmente al regulado cuando se le inicia una formalización de cargo ambiental, o procedimiento sancionatorio, no significa que se le sancione, significa que se le está iniciando un proceso, que puede eventualmente terminar en sanción. Ante esto, la SMA explica que la formulación de cargos es el inicio de un procedimiento administrativo.
“Luego la empresa puede presentar sus descargos, lo que significa en palabras simples una defensa ante las infracciones que imputamos, tras lo cual continúa el proceso que puede “Un sistema que privilegia el cumplimiento por sobre la invalidación del proyecto o la imposición de amonestaciones o multas a su titular, nos parece que va en la dirección correcta”, menciona Gonzalo Varela, abogado experto en Derecho Medioambiental. Fiscalización SMA. eventualmente terminar en una absolución de los cargos imputados —si la empresa entrega información que desestime el cargo— o en sanción”, indica.
La jefa del servicio destaca que muchas compañías optan tras la formulación por presentar un Programa de Cumplimiento (PAC), que es una de las vías establecidas en la ley, y que en términos simples, son acciones y/o medidas en donde se compromete la empresa infractora con el fin de volver al cumplimiento ambiental (establecido en su permiso), y de hacerse cargo de los efectos, en el caso que se hayan generado. “Es importante destacar, que este instrumento, busca que, en un plazo acotado, se vuelva al cumplimiento ambiental, para lo cual la empresa debe invertir en cumplimiento ambiental”, comenta.
La SMA agrega que solo en el caso que cumpla con las acciones aprobadas en el Programa de Cumplimiento (PDC) se eximirá de la sanción, de lo contrario, se reanudará el procedimiento sancionatorio, en cuyo caso se le podrá aplicar hasta el doble de la sanción.
El organismo revela que el programa de cumplimiento debe cumplir 4 criterios: integridad, que es hacerse cargo de todas y cada una de las infracciones incurridas; eficacia, que es dar cumplimiento a la normativa infringida, como así también contener y reducir o eliminar los efectos de los hechos que constituyen la infracción.
“Y verificabilidad, que se refiere a los mecanismos que permitan acreditar el cumplimiento de las acciones y metas propuestas y, que el PDC no sea un mecanismo dilatorio, de aprovechamiento o que implique eludirresponsabilidad”, manifiesta la representante. Marle Claude Plumer expresa que el cumplimiento ambiental es un imperativo para toda industria que dispone permisos o respecto de la cual debe cumplir con normativa ambiental. “El cumplimiento ambiental permite dar certeza para el desarrollo de la actividad económica y permite una mejor relación con las comunidades. No basta con disponer de la autorización, se debe cumplir, hoy eso es parte esencial y determinante de cualquier actividad”, concluye.
EVALUACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN Revista AQUA conversó con Gonzalo Varela, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y socio fundador de Varela Abogados, un estudio jurídico que nace en Puerto Varas, y que se diferencia por agregar valor en materias de alta complejidad, derecho corporativo y medioambiental.
El jurista explica que en lo estrictamente medioambiental la gran falencia que observan, especialmente en lo que se refiere a la evaluación del impacto ambiental propiamente tal, es un nivel cada vez menor de certeza jurídica.
“Muchas veces se manifiesta en una cierta disparidad de criterios existentes entre distintos evaluadores y fiscalizadores de proyectos, ya sea que formen parte de una misma autoridad sectorial con distinta competencia territorial, o bien, que pertenezcan a distintos servicios públicos”, menciona.
Por ejemplo, Gonzalo Varela destaca que el criterio de un evaluador respecto de un determinado aspecto ambiental en la región de Los Lagos, podría ser muy distinto al de otro que se desempeñe como funcionario de la misma autoridad en la región de Aysén, lo que puede derivar en la práctica en exigencias disímiles, aunque el proyecto sea muy parecido.
El socio y fundador de Varela Abogados enfatiza que es común observar las opiniones vertidas en el marco de la evaluación de un proyecto por parte de autoridades específicas que se exceden del ámbito de su competencia sectorial, lo que puede complejizar innecesariamente la evaluación. “Esto se da con mayor claridad cuando, por ejemplo, el GORE o un municipio opina sobre un determinado proyecto”, agrega.
El abogado comenta que si bien en la normativa vigente existe un mandato claro hacia la uniformidad de criterios y procedimientos de evaluación, la magnitud y complejidad de toda la institucionalidad medioambiental, sumado al alto grado de proliferación de normas reglamentarias y exigencias de coordinación con otras autoridades sectoriales, hace que sea bastante difícil para cualquier inversionista llevar a cabo un proyecto, aunque sea muy sostenible económicamente.
“En esta línea, cada cierto tiempo vemos que se introducen nuevos requerimientos medioambientales que vuelven aún más costosos los proyectos, sin que se discrimine adecuadamente en base a la magnitud de cada uno de ellos”, añade. Por otra parte, Gonzalo Varela explica que en lo que se refiere a la fiscalización y las sanciones, ven que la SMA funciona relativamente bien.
“Por supuesto que la disparidad de criterios también se puede palpar en este ámbito y, especialmente, cuando las fiscalizaciones tienen su punto de partida en las consideraciones formuladas por otras autoridades sectoriales tales como el Sernapesca”, comenta.
El abogado es enfático en decir que sobre este punto, son de la opinión de que el procedimiento regulado en los artículos 122 y siguientes de la Ley General de Pesca y Acuicultura, vulnera las garantías fundamentales del debido proceso y de la igualdad ante la ley respecto del administrado.
Con respecto a la sanción, el jurista manifiesta que “efectivamente, se advierte una tendencia en el sentido de que, actualmente, la mayoría de los procedimientos sancionatorios derivan en programas de cumplimiento que las empresas generalmente materializan evitando una sanción”. Gonzalo Varela explica que hoy el sistema de fiscalización vigente es como una pirámide, en cuya base la SMA primero busca educar y persuadir al titular para el cumplimiento de las exigencias ambientales del proyecto, y en cuya cúspide se encuentra la sanción más gravosa posible que es la inhabilitación del titular en el sistema mediante la revocación de la resolución de calificación ambiental respectiva.
“Por lo tanto, se trata de un sistema que privilegia el cumplimiento por sobre la invalidación del proyecto o la imposición de amonestaciones o multas a su titular, lo cual nos parece que va en la dirección correcta”, concluye. [1] Fiscalización SMA. “Hoy el sistema de fiscalización vigente es como una pirámide, en cuya base la SMA primero busca educar y persuadir al titular para el cumplimiento”, destaca el socio fundador de Varela Abogados. Fiscalización SMA.