Autor: Por Viviana Candia, Alex von Baer y René González.
Esta tarde comienza debate de sus miembros
INDULTOS: Los votos que le dan tranquilidad a Boric en el TC
Los cálculos indican que habría una mayoría a favor de la posición del Ejecutivo, coherente con la nueva conformación que existe desde mayo del 2022.
Poniéndole más suspenso a la jornada, hoy el pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió convocar para las 13:30 horas a una sesión extraordinaria para resolver en qué momento se verán los siete requerimientos presentados por la oposición para impugnar los indultos presidenciales. Esto tras los reclamos del ministro José Ignacio Vásquez por el adelantamiento de la vista de la causa (programada para el jueves 23) y que quedó fijada para hoy.
“Estoy en absoluto desacuerdo con lo resuelto por la señora presidente (... ) se ha impuesto este cambio que no tiene precedentes en lo que llevo ejerciendo mi función, al realizarse de forma absolutamente inconsulta y sin que mediara un acuerdo de pleno extraordinario”, escribió Vásquez en un correo electrónico que envió al resto de los integrantes del TC. Durante la mañana la actividad partió con normalidad, con los 8 ministros en ejercicio del TC. Y durante 40 minutos se abocaron a un requerimiento de un municipio de San Clemente. Posteriormente se resolvió realizar una reunión extraordinaria para discutir el tema de los indultos. Quién es quién Pero más allá de estas escaramuzas, la decisión del TC no tiene mucho suspenso para los entendidos, por la actual conformación de fuerzas del tribunal.
De hecho, se ve probable un 5-3 a favor del Ejecutivo que repite gran parte de las votaciones realizadas en los últimos diez meses en el TC, incluso marcado un cambio de criterios previos en otros temas.
Y si alguno de esos 5 votos se cambian de lado, el empate le da a la presidencia del TC -en este caso, Nancy Yáñez, una persona con fuertes redes con La Moneda (ver recuadro)- un doble voto para zanjarlo. El cambio de eje se comienza a instalar desde mayo de 2022, cuando se sumaron a esta corte Yáñez y Daniela Marzi, experta en derecho laboral, exsecretaria general de la U. De Valparaíso, del núcleo de abogados cercanos al Frente Amplio de ese establecimiento integrado por los exconstituyentes Jaime Bassa y Christian Viera. Ambas fueron nombradas por el Presidente Gabriel Boric.
Ellas junto a los ministros Nelson Pozo y Rodrigo Pica (cercanos al PS) y a la ministra María Pía Silva (discípula del constitucionalista Alejandro Silva Bascuñán, ligada a la DC y con cercanías con el constitucionalista Patricio Zapata y el exdiputado Gutenberg Martínez) darían la mayoría de los votos que podrían salvar al gobernante de mayores cuestionamientos al rechazar la presunta inconstitucionalidad de siete de los 13 indultos que otorgó el 30 de diciembre del año pasado a personas vinculadas a actos cometidos en el estallido social. La minoría la conforma una línea más conservadora, integrada por el ya mencionado Vásquez, Cristián Letelier y Miguel Ángel Fernández. Hay que recordar que el TC cuenta desde hace más de un año solo con ocho de los 10 ministros titulares. Los reemplazantes de Gonzalo García y Juan José Romero aún no son ratificados en el Congreso. Los cambios de jurisprudencia Uno de los primeros giros fue el comenzar a rechazar la inaplicabilidad en una serie de normas, como artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal. Con eso se terminó con dos años y medio de sentencias que se resolvían en favor de los querellantes en causas donde el Ministerio Público había decidió no perseverar con la investigación.
De hecho en los mismos fallos, como uno de junio de 2022, se advertía que “tras cambios recientes de integración, esta magistratura modificará la línea jurisprudencial que fue determinada por mayoría del pleno desde octubre de 2019 hasta inicios del presente año”. Tribunal ¿ progresista-activista? “Siempre cuando se producen cambios de jueces puede existir la posibilidad de que los criterios sean distintos. En todo caso, en materia de inaplicabilidad es muy importante las particularidades del caso concreto”, afirma el constitucionalista y exministro del TC, Enrique Navarro.
Más cauto es Javier Couso, académico de la UDP, quien indica que “en general el TC no ha sido muy preocupado de sus propios precedentes, no es que estén fijados en piedra”, y que además “es muy temprano para evaluar el impacto en la jurisprudencia del TC la nueva integración”, dado que falta que la Cámara designe a los dos miembros que faltan. “Hace 3,4 años atrás, era un TC activista-conservador.
Si ahora fuese progresista-activista, ahí claro que habría un cambio”, apunta, indicando que hasta ahora Yáñez, en la presidencia, estaría mostrando un carácter progresista y deferente con el legislador. ¿ Sentará precedentes para futuros indultos? En todo caso, la decisión del TC podría traer algunas señales hacia el sistema político. Para el exministro José Antonio Viera-Gallo, más que el rechazo al requerimiento -por el que apuesta-, están en juego límites que pueda poner el TC a futuros indultos de Boric.
“El TC, al emitir la sentencia, puede hacer considerandos que tengan que ver con cuál es el estándar que, a futuro, debieran tener los decretos de indulto, porque el término decreto fundado es como una redundancia... es que debe tener más razonamiento en la decisión.
Tal vez el TC podría emitir recomendaciones para el futuro, incluyendo al legislador también, o como una cierta exigencia para la jurisprudencia, con un estándar más exigente, porque ni la ley ni el reglamento dicen algo más específico sobre la materia”, explica.
Couso tiene dudas en esa materia, pues piensa que “si es deferente el TC, dejará eso entregado a un mayor desarrollo legislativo, porque la ley de indultos es la única ley que tiene un inciso que yo no conozco en otro texto legal en Chile: que luego de decirle al Presidente cuáles son los requisitos, dice que el que califica si cumple o no los requisitos es el mismo Presidente. Es la discrecionalidad más amplia que puede haber. Entonces, no espero que el TC entre en detalle.
Yo me sorprendería que hubiera un fallo que detallara qué se entiende por fundar un fallo, explica, añadiendo que “un mandato al legislador es poco común en los fallos del TC”. Según Enrique Navarro aunque la sentencia se pronuncia sobre el caso específico, “obviamente será importante ver los razonamientos y cómo ello podría influir en futuras decisiones administrativas. Hay casos en los que el TC exhorta a la autoridad a tener presente determinadas consideraciones a futuro”.
Rodrigo Pic
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Daniela Marzi María Pía Silva EU gobierno Cristián Letelier Miguel Ángel Fernández
La difícil alternativa de los requirentes, si son derrotados ¿ Qué quedaría a los requirentes si pierden en el TC? La abogada de ellos, Constanza Hube, dice que “es algo que tendremos que evaluar después de la resolución del Tribunal Constitucional”. La vía de Contraloría parece cerrada.
El organismo ya comunicó que “debe abstenerse de emitir el pronunciamiento requerido”, pues la ley dice que “la Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia”. El exjefe de la División Jurídica de Contraloría y profesor de derechos Administrativo de la U.
De Chile, Julio Pallavicini, piensa que de perder en el TC no quedaría más que asumir la derrota, excepto que en la presentación del requerimiento hubiesen cometido algún “error”, dejando fuera algún vicio de legalidad sobre el cual podrían realizar una nueva presentación. “Veo poca alternativa para recurrir a tribunales o a Contraloría si pierden en el TC. Leí el requerimiento y es difícil que se les haya pasado algo”. = La acuciosidad atenta en contra de tener una alternativa.
— Claro, es que la estrategia fue esa, jugársela con todo ante el TC. De no haber recurrido de inmediato al TC, habría vencido el plazo para hacerlo, explica.
Sin embargo, tres exministros del TC creen que hay una posibilidad de que Contraloría retome el tema y uno de ellos plantea que los tribunales de justicia también podrían hacerlo: “Mientras haya un juicio pendiente, Contraloría no se podría pronunciar, pero no sé cuál va a ser la actitud de Contraloría después del fallo del tribunal.
Podría volver a ver el asunto, pero ya desde un punto de vista legal”, dice José Antonio Viera Gallo, mientras Jorge Correa Sutil asevera en La Tercera que “el requisito de que los decretos sean fundados está en la ley, por lo que la discusión de verdad es si son o no decretos ilegales.
Por eso, Contraloría volvería a tener plena competencia para pronunciarse”. Enrique Navarro sostiene que mientras el asunto sea litigioso esté en sede judicial, Contraloría no se pronunciará, pero que “de rechazarse el requerimiento habrá que analizar las consideraciones”. Es él quien ve posibilidades en la vía judicial: “Los actos ya no podrían ser impugnados vía protección porque ya han pasado más de 30 días de su dictación. Podría existir una vía adicional como es la acción de nulidad de derecho público.
Ahí, en una acción de lato conocimiento, podría un juez revisar su legalidad”. Para el catedrático de derechos constitucional de la UDP, Javier Couso, es difícil que la Contraloría pueda retomar el requerimiento, pero no imposible: “El que ejerce su derecho a nadie ofende. Habiendo una atribución de seguir buscando una salida, (los requirentes) pueden hacerlo”, dice, aunque estima que un fallo del TC rechazando sería “una señal potente” para la Contraloría y para la Corte Suprema.
Las redes de la presidenta del TC con La Moneda
Oriunda de Chiloé, la presidenta del TC Nancy Yáñez (57) es abogada y doctora en Derecho de la U. De Chile. Es reconocida transversalmente como una “académica seria y prestigiada”, pero “con postura de izquierda, bastante clara”, acota un abogado que se mueve en esos círculos. Su fuerte es el derecho indígena, desde que abordó el tema en sus tesis de pregrado y de magíster en Derecho Internacional en la de U.
De Notre Dame; esta última sobre “el Derecho a la Autodeterminación”. Ese camino lo consolidó cuando fundó en 2006, junto a José Aylwin, el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, del que fue codirectora hasta 2015. En paralelo, se hizo un nombre oponiéndose a proyectos de inversión que afectaban a comunidades indígenas. “Entonces se empezó a oír “la Nancy paró tal proyecto””, cuenta un exprofesor. Ha defendido la propiedad de indígenas sobre sus territorios ancestrales y recursos naturales. También ha incursionado en el feminismo (con publicaciones con la exconstituyente PC Bárbara Sepúlveda) y los DD.HH., donde se desempeñaba como directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de la U. De Chile, donde hacía clases cuando llegó al TC. Es de ahí donde datan sus principales redes con el gobierno de Boric.
En 2009 fue profesora guía de la tesis de Matías Meza-Lopehandía —hasta enero jefe de gabinete de Boric— sobre “Territorio y autonomía de los pueblos originarios en Chile””, dedicada por el entonces joven abogado a “la Comunidad Autónoma de Temucuicui y a sus niños, que padecen represión policial”. Yáñez integró a Meza-Lopehandía (mentor político de Boric) al Observatorio, labor por la cual este vivió años en Temuco. Ambos escribieron 2 publicaciones sobre derecho indígena junto a Aylwin, y luego fue el mismo Meza Lopehandía quien la contactó, ya en 2022, para proponerla al TC. Otro lazo de Yáñez con La Moneda, según publicó La Segunda al asumir en septiembre como presidenta del TC, es Magdalena Atria, embajadora en Alemania. Identificadas en círculos jurídi-
Cos como amigas, fueron compañeras de generación, y Atria es esposa de Luis Cordero, desde enero ministro de Justicia de Boric (o sea, encargado de la defensa de los indultos). Yáñez también tuvo de ayudante a la hoy ministra de Bienes Nacionales Javiera Toro. Pero pese a los lazos políticos, quienes la conocen afirman que ante todo es académica. “Primará su ideología izquierdista, no necesitará llamados de La Moneda”, indican.
Con todo, un sello que sí le reconocen exministros del TC y constitucionalistas es un carácter es dialogante, que le ha permitido recomponer el clima interno en el TC, dañado tras el paso de Iván, Aróstica y María Luis Brahm. “Es notoria la mejora de clima en su presidencia, el TC antes estaba quebrado, lo que amenazó con la implosión del tribunal”, explica el constitucionalista Javier Couso.
De todas maneras su accionar ha sido mirado con más recelo desde la derecha, tanto por el cambio en ciertas jurisprudencias previas del TC aprovechando la mayoría progresista (ver nota central), y hoy mismo con el conflicto del ministro Juan Ignacio Vásquez, negándose a dar el quórum para resolver los indultos en protesta porque Yáñez usara su facultad para modificar la tabla, lo que fue leído como una ofensiva para apurar la resolución y sacar pronto de la polémica a La Moneda.
