Autor: EQUIPO DE POLÍTICA
Los temas clave que marcan el enfrentamiento del oficialismo en la antesala de la Cuenta Pública
Los temas clave que marcan el enfrentamiento del oficialismo en la antesala de la Cuenta Pública Dos semanas exactas restan para la penúltima Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, y esta semana estuvo marcada, precisamente, por las expectativas que tienen en su sector sobre lo que allí dirá.
Una parte de su coalición presiona por respetar las promesas que hizo en su programa de gobierno y empujarlas para poder concretarlas en los poco menos de dos años que quedan de administración; mientras que otra, vinculada principalmente a Socialismo Democrático, habla de ser "pragmáticos" y enfocarse en otras prioridades, de acuerdo con la urgencia de la actual agenda pública.
Las diferencias en este tiempo también se han extendido a dos cuestiones clave para el sector: la Ley Antiterrorista, que pasó a segundo trámite, y la reforma al sistema político, que en el oficialismo saben que será vital, pero no logran ponerse de acuerdo sobre sus términos.
A dos semanas del penúltimo discurso de Gabriel Boric como Presidente: Los temas clave que marcan el enfrentamiento del oficialismo en la antesala de la Cuenta Pública EQUIPO DE POLÍTICA La condonación del CAE y las reformas previsional y de salud han tensionado a las dos coaliciones que sustentan al Gobierno, que difieren sobre cómo enfrentar la última parte de la gestión. El Presidente Boric dará su tercera Cuenta el 1 de junio, en Valparaíso (en la foto, en un encuentro con los partidos oficialistas). El tema genera debate en el oficialismo desde hace varios meses. Ya en diciembre del año pasado, el presidente de la Juventud Socialista, Allan Álvarez, entró en una polémica con parte de su sector cuando aseguró en "El Mercurio" que "hay que ajustar expectativas. Condonar implica que las deudas que hoy existen en personas naturales dejen de existir, pero eso no es entrar a un Excel y que alguien borre una casilla. Alguien tiene que pagar, y ese es el Estado.
Y creo que no están actualmente los recursos para hacerlo y, además, proponerle a la ciudadanía un pacto fiscal con este fin, dudo que vaya a flotar". También aseguró que la condonación no está dentro de las prioridades de la ciudadanía: "En las encuestas de opinión no he visto la condonación del CAE en los top 10 de las mayores preocupaciones.
He visto Seguridad, Migración, Pensiones, Educación, Salud, Vivienda". Otra figura que salió a criticar la condonación, pero esta semana, en Radio Infinita, fue el economista socialista Oscar Landerretche, que preguntó: "Las personas que están hablando de condonar el CAE ¿ pensarán que las personas que lo han pagado son personas millonarias? ¿ Personas que lo pasaron bien pagando durante años? Me parece inmoral que se les condone la deuda a personas que no han pagado un compromiso". E ironizó: "A las personas que pagaron el CAE religiosamente, a esos `que se jodan', ¿no les vamos a devolver la plata?". "La pregunta es ¿ le van a hacer un `perdonazo' a la gente que no pagó, pero la que sí pagó, que se joda? Me parece inmoral", criticó.
Incluso deslizó la duda de "si en realidad lo que se está haciendo es hacer una propuesta para representar frente a tu base política, que se te está desgranando, como han mostrado las últimas encuestas, a los que decepcionaste porque insultaste al `perromatapacos'". Una de las promesas en las que más hizo énfasis Gabriel Boric durante su campaña presidencial fue la condonación de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), que apareció finalmente en el programa de Gobierno y que mencionó en su primera y segunda Cuenta Pública ante el Congreso Nacional.
Para dirigentes del Frente Amplio y del PC, se trata de uno de los compromisos ineludibles de la administración del mandatario y en esa línea se han manifestado desde que asumió el exdiputado en el poder, pero esta semana se reactivó la discusión y por consiguiente, la presión al Ejecutivo, que confirmó que antes de septiembre presentarían un proyecto para hacerse cargo de aquello. "Esta es una propuesta que no se ha abandonado", dijo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. De lo mismo dio cuenta el ministro de Hacienda Mario Marcel pese a que antes había mantenido congelada la promesa aludiendo a falta de recursos para su implementación. En esa línea, la diputada Emilia Schneider (FA) argumentó: "Desde el Frente Amplio valoramos profundamente que ya tengamos una fecha cierta para el ingreso del proyecto de ley que termina con las deudas por estudiar. Hay millones de familias esperando.
Este es un compromiso muy importante de gobierno y tenemos que cumplirlo". La diputada del PC Daniela Serrano había dicho en enero que el Presidente Boric ya llevaba "dos cuentas públicas" haciendo anuncios sobre la condonación de la deuda. "No hacerse cargo este año puede generar un problema de marca mayor para este Gobierno", dijo.
Condonación del CAE: El debate sobre la promesa versus la falta de recursos La diputada Emilia Schneider (CS) El economista Óscar Landerretche Otra parte del oficialismo ha hecho énfasis en que se trata de una de las promesas impostergables de la campaña y han intentado remarcar que las dificultades para avanzar no tienen que ver con la voluntad de la coalición de gobierno, sino con las diferencias con la derecha.
La misma ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, recordó en abril que, "la reforma de las pensiones es parte central del programa de gobierno desde que se hacía campaña, cuando se asumió". "Es una prioridad de la gente y el Presidente, todos conocemos lo que piensa respecto a esto, que las prioridades ciudadanas tienen que ser las prioridades de gobierno", dijo.
En tanto, el diputado Luis Cuello (PC) ha señalado que "este Gobierno tiene un mandato y un compromiso de hacerse cargo de los grandes problemas del pueblo chileno y, por lo tanto, debe hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para subir las pensiones, para aprobar una reforma previsional sustantiva y también para contar con los recursos que permitan atender los requerimientos y las demandas de los chilenos en materia de salud, educación y seguridad". "No estamos en posición de tomar esa decisión de no seguir adelante con proyectos muy importantes para la gente", dijo la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.
Hoy la discusión está radicada en la comisión de Trabajo del Senado, se centra en que la reforma del Gobierno propone acotar las funciones de las AFP a la gestión de las inversiones, mientras que las demás operaciones (de soporte) serían licitadas a un "Administrador Previsional" único y privado, en lo que no hay acuerdo con la oposición. El Ejecutivo puso suma urgencia al proyecto, lo que implica que se debería votar en comisión antes del 1 de junio.
En cuanto a pensiones, la propuesta del programa de gobierno decía: "Proponemos la creación de un sistema sin AFP que permita aumentar las pensiones de los actuales y futuros jubilados, y que materialice el derecho a la seguridad social.
Un sistema moderno, tripartito, solidario, público y suficiente". La imposibilidad de avanzar con aquello en esas condiciones ha suscitado que el Ejecutivo tenga que ceder en aspectos que eran claves para el sector, lo que también ha derivado en una cuota de pragmatismo de parte de varios personeros del oficialismo. El senador PPD Pedro Araya fue uno de los que generó más polémica, cuando dijo, durante abril, que: "El Gobierno tiene que dar por perdido el proyecto de reforma previsional y el de reforma tributaria.
Si tenemos una reforma previsional va a ser maquillada, favorecerá a la industria, no se hará cargo del fondo: Mejorar las pensiones". Coincidió con él el diputado Raúl Soto, que aseguró en Emol que "la viabilidad de las reformas comprometidas con el país está en entredicho y hay que actuar con pragmatismo, con sentido común, con flexibilidad para tratar de sacarlas adelante de la mejor manera posible, pero entendiendo que en el camino para conseguir los votos el Gobierno va a tener que ceder mucho, al punto incluso de desdibujar o de perder el sentido o el corazón de algunos de los planteamientos de sus proyectos". Reforma previsional: Entre darla por perdida o impulsarla hasta el final Pedro Araya (PPD).. Paulina Vodanovic (PS). Uno de los compromisos en el programa de Apruebo Dignidad tenía relación con salud. "Generaremos un sistema único de salud a través de un Fondo Universal de Salud, pasando las isapres a ser seguros complementarios voluntarios regulados por la Superintendencia de Salud", decía aquel documento.
Con la aprobación de la ley corta de isapres, un sector del oficialismo quedó resentido, por lo que algunos la llamaron un "perdonazo" a estas entidades y por el reconocimiento de que no iba a ser fácil avanzar tan profundamente en las modificaciones al sistema como se quería en un principio.
El senador PS Alfonso De Urresti, quien votó en contra de la ley corta, afirmó, en Emol TV, "estamos a un año y medio de terminar el Gobierno, uno no hace `leyes largas' a un año y medio de terminar el Gobierno.
Acá hay una serie de frases que no se condicen con la realidad". Según dijo, "una ley de esa naturaleza requiere por lo menos un año y medio o dos años, pero no en proceso de elecciones" y sumó que esto es "una pantomima para salvar a las isapres". En esa línea, remarcó que el debate de la ley corta y la contingencia de las isapres fue "muy perjudicial para el Gobierno, se ha consumido la mitad de la administración en abordar la situación de las isapres.
El gobierno del Presidente Boric ha tenido que abordar un problema por un mal actuar de las isapres y el programa del plan único, de acabar con las listas de espera, de avanzar en formación de especialidades, ha sido postergado en función de esto". El senador PS Juan Luis Castro, en tanto, comentó esta semana que "claramente a estas alturas se hace imposible cumplir la promesa del fondo universal de salud, que era la piedra angular del programa de reforma en el sector, puesto que la ley corta consumió ese debate, pero además no se quiso hacer una reforma inmediata a la estructura del sistema, probablemente porque no había acuerdo interno en el Gobierno y porque el período electoral que acompaña ha dejado atrás, lamentablemente, la prioridad en salud puesta en la campaña de gobierno". Reforma de salud: ¿ Se aleja o no luego de la ley corta de Isapres? Otros han sido más optimistas luego de la tramitación de la ley corta y el compromiso del Ejecutivo en presentar propuestas más profundas de aquí a octubre.
El diputado RD Jaime Saez aseveró que "esta ley (corta) sienta las bases para poder avanzar en una reforma más estructural. (... ) (Vemos) con cierto optimismo que una reforma a la salud no sería algo tan utópico como han resultado las reformas de pensiones y el pacto fiscal, en donde la derecha nunca ha estado de acuerdo". "El Gobierno y todos queremos muchas cosas, pero no todo se puede tener en la vida. Hay ciertas cuestiones que son condicionantes: para avanzar en la reforma de salud necesitamos que el sistema esté vivo y no una quiebra masiva de las aseguradoras", dijo.
La diputada y presidenta de la comisión de Salud, Ana María Gazmuri (AH), señaló en tanto: "El Gobierno, consciente que la ley corta de isapres era una solución para un problema específico y no daba respuesta para el tema de fondo, se comprometió a presentar antes del 1 de octubre una reforma integral a la salud, lo que, por supuesto, valoramos". Y agregó: "La urgencia en esta materia es transversal y por eso creo que es el momento de avanzar, aunque es probable que sea un debate polarizado, tomando en cuenta cómo se ha ido comportando la oposición respecto a las grandes reformas y además, considerando que la ley ingresaría en plena campaña municipal". Alfonso de Urresti (PS). Ana María Gazmuri (AH). En el último mes han aparecido otros focos de diferencias entre los distintos partidos que conforman la alianza de gobierno, aunque ya no se trata de asuntos que estaban contenidos en el programa, sino que han sido iniciativas impulsadas por los partidos o por el Ejecutivo.
Uno de esos temas es la bullada reforma al sistema político, que empezó a discutirse con mayor fuerza después de que se rechazara la propuesta que derivó del segundo proceso constitucional al respecto y que se reactivó luego del desorden parlamentario que se exhibió en el Congreso al momento de elegir las mesas de cada una de las Cámaras. En el oficialismo, en general, el diagnóstico de los fallos en el sistema político es compartido, pero no así sus soluciones. Pese a que se han buscado impulsar cuestiones como el umbral de votos para acceder al Congreso, eso ha generado tensión con los partidos más pequeños como el Partido Radical o el Partido Liberal. Aquellas diferencias se dejaron ver cuando el senador Alfonso de Urresti (PS) intentó presentar un proyecto a principios de mes, que suscitó resistencia entre algunos dirigentes de izquierda.
Por un lado, la intención tuvo algunos defensores, como el senador PPD Jaime Quintana, que aseguró que "la excesiva fragmentación que tiene nuestro sistema político se ha transformado en un problema al alcanzar cualquier tipo de acuerdos, por eso una reforma no es para los políticos, sino para el país". Por otro, "el proyecto presentado parece más bien destinado a salvar por secretaría a partidos que tuvieron una gran historia y que hoy están en declinación, que uno que resuelva los problemas que el sistema político está enfrentando", dijo Flavia Torrealba, presidenta de la FRVS. "Es lamentable que cuando hablan de reforma al sistema político se refieran a restringir la democracia", sumó el presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch. Las diferencias han suscitado que, en la práctica, la discusión esté detenida, a la espera de lograr más consensos para viabilizar alguna propuesta concreta. Otro elemento que ha generado distancia entre sectores ha sido la Ley antiterrorista y algunos conceptos en ella.
El presidente del PC, Lautaro Carmona, se ha manifestado a favor de actualizar la legislación al respecto, pero los parlamentarios de su partido han estado más reticentes a aprobar algunos puntos que el Ejecutivo incorporó y que han contado con el apoyo del resto del oficialismo.
Se trata, por ejemplo, de la figura del "lobo solitario" en la ley, que reconoce la existencia de personas que cometen actos terroristas a pesar de que no forman parte de agrupaciones de esta índole, llamado "delito terrorista individual inconexo", y que podría complicarse en el trámite que tiene por delante, en la Cámara de Diputados.
El diputado Matías Ramírez (PC), por ejemplo, manifestó a este medio hace unos días que "si bien han existido a nivel internacional experiencias de individuos actuando a título personal, se deben tener en cuenta las consideraciones y motivaciones de los mismos, pues se podría caer en una aplicación de la norma de manera excesiva con fines más bien persecutorios, careciendo de objetividad, como hemos visto en querellas presentadas por distintos gobiernos, ahí radica el peligro en la redacción de un tipo penal que reconozca conductas individuales". Las diferencias en otros temas: reforma al sistema político y Ley antiterrorista Flavia Torrealba, pdta. de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS). CARVALLO CRISTIAN.
