Editorial
Improvisación y conflictos de interés
Pese a lo que intentado mostrar el Gobierno Regional, el nuevo sistema de reparto de agua potable revela un serio desorden, del cual los principales afectados son vecinos de Ñuble.
Los eventuales conflictos de interés han rondado durante las últimas semanas al nuevo sistema que instauró la Intendencia de Ñuble para la distribución de agua potable a las 22 mil familias que hoy requieren del suministro para su subsistencia diaria. Pese a que desde varios sectores han apuntado a que personas cercanas a la UDI habrían sido favorecidas con los contratos del Gobierno Regional por la vía de trato directo, desde la sede del Ejecutivo local han negado reiteradamente las denuncias y han señalado que cada empresa ha sido previamente chequeada para evitar conflictos de interés.
No obstante a ello, este martes fue la propia Intendencia la que determinó bajar a la empresa Sotrafer SpA, por el vínculo familiar entre su propietario y el administrador municipal de Chillán, aun cuando en el comunicado público emanado desde su oficina de Comunicaciones se centraran más en la figura de su cónyuge, la gobernadora de Diguillín, Paola Becker. Lo anterior, pese a que la empresa fue contactada aceleradamente desde la Intendencia para participar del proceso tras la caída de otro proveedor, y a cinco días de haber iniciado el servicio se decidió rescindir también su contrato.
A lo anterior se suma la improvisación y desorden administrativo con que ha operado el nuevo sistema ideado desde la Intendencia, la que justifica la utilización de fondos de emergencia para contratar con premura, sin siquiera chequear en detalle los antecedentes de cada firma; como por ejemplo que varias de ellas fueron constituidas con solo semanas de antelación al inicio del proceso o que no contarían con el respaldo financiero necesario para asegurar la continuidad del servicio. Y si bien desde el Gobierno Regional enfatizan que existen multas asociadas por incumplimiento y que los contratos tienen una extensión de solo tres meses, cada interrupción del servicio significa días o semanas en que los vecinos no reciben agua potable, como ocurre hoy tras la salida de Sotrafer SpA, firma que abastecía a Chillán y Chillán Viejo.
El intendente Martín Arrau ha asegurado que serán enfáticos en no avalar conflictos de intereses, mientras que la propia autoridad no ha salido aún a clarificar las acusaciones de organizaciones ambientalistas de San Fabián que vienen cuestionando su calidad de regante -con derechos de agua en el río Ñuble- y al mismo tiempo responsable a ojos del gobierno central de sacar adelante el proyecto del embalse Punilla. Y si bien hasta hoy las críticas por el retraso de la megaobra han recaído principalmente en la gestión del MOP, como principal autoridad regional se ha mostrado permanentemente al margen de la polémica, sin siquiera visitar en terreno a las familias desalojadas. Esta crítica no ha surgido solo a nivel comunal, sino que también desde La Moneda, donde en un corto plazo se conocerá el resultado de la evaluación de las autoridades regionales y seremis.
El intendente Arrau ha asegurado que serán enfáticos en no avalar conflictos de intereses, pese a que la autoridad no ha aclarado aún las acusaciones surgidas en torno a Punilla y a su calidad de regante.
