Santiago se queda sin agua
L reporte del Gobierno que confirma que el país vive la peor sequía de su historia debería constituirse en una oportunidad para plantear una estrategia de largo aliento que permita, entre otras medidas, racionalizar el consumo del agua. Se trata de un escenario complejo: tras 11 años con precipitaciones bajo el promedio histórico, los caudales de los ríos han descendido drásticamente (el Aconcagua y el Maule están en sus mínimos); se ha reducido la acumulación de nieve; muchos pozos han bajado su flujo o se han secado y los embalses están funcionando bajo su capacidad. Si bien las autoridades han descartado el racionamiento “por el momento”, el superintendente (s) de Servicios Sanitarios advirtió que existe incertidumbre sobre el suministro de agua potable para la capital para el verano de 2021. El Gobierno anunció una serie de medidas de corto y mediano plazo que van en la dirección correcta para hacer frente a este contexto, incluyendo una mesa que discutirá una estrategia hídrica para los próxiMos cien años. Sin embargo, cualquier iniciativa debe centrarse en resolver, primero, la institucionalidad para el agua. Recientes estudios señalan que el 44% de la brecha entre la demanda por agua y su disponibilidad podría reducirse de tener una mejor institucionalidad que permita contar, entre otras cosas, con mejor información del manejo de las cuencas y la potestad de solicitar informes a los titulares de los derechos de aguas. Así, parece clave terminar con la actual dispersión de atribuciones, donde cerca de 40 instituciones intervienen de una u otra forma. Por otra parte, ejemplos como Sáo Paulo (en 2015) y Ciudad del Cabo (2018), que tuvieron que enfrentar procesos de raCionamiento, debieran ser una referencia para reformular el uso del agua y mitigar trastornos en el suministro. Es posible abrir discusiones en torno a incentivos tarifarios para quienes hagan un mejor uso; beneficios tributarios para quienes inviertan en infraestructura que permita un mejor aprovechamiento; o entregar apoyo a pequeños y medianos agricultores en sistemas que optimicen el riego. Pero dicha gestión también debería enfocarse en mejorar el uso doméstico y crear conciencia sobre la disponibilidad limitada del agua. Si bien el consumo residencial representa el 6% del uso total del agua, estudios de la Superintendencia de Servicios Sanitarios apuntan a que los chilenos ocupan diariamente 120 litros más que lo considerado óptimo. Experiencias como la de California, donde la autoridad ha establecido criterios de regulación del uso para evitar, entre otros, el riego de jardines o incluso la entrega de vasos de agua en restaurantes para enfrentar la sequía, podría ser un buen punto de partida para favorecer una estrategia de consumo responsable adecuada a la realidad nacional.
“Ejemplos como Sáo Paulo y Ciudad del Cabo debieran ser una referencia para reformular el uso del agua y mitigar trastornos en el suministro”.
