Normativa que regula el evento señala de forma expresa que los aportes de privados a la cumbre estarán exentos de todo impuesto.
POR CAROLINA LEÓN
Trabajando a un ritmo acelerado se encuentran al interior de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), para definir la estructura a través de la cual el mundo empresarial hará llegar sus aportes a la cumbre sobre el cambio climático COP25, que se realizará en Chile entre el 2 y 13 de diciembre. Y es que si bien la cuenta regresiva para el evento ya comenzó, al interior
de los gremios aún no existe claridad respecto al mecanismo a través del cual entregarán sus aportes económicos para la realización. Según el equipo organizador, la COP25 implica un gasto de US$ 90 millones y para costearla se estarían contemplando tres alternativas: un aporte del sector público de US$ 35 millones -que ya se realizó-, y el resto entre aportes del sector privado y países e instituciones internacionales involucradas. Recientemente el gerente general de la cumbre, Cristián Varela, informó que ya se han anunciado aportes privados en torno a los US$ 10 millones. Sin embargo, cercanos a la organización del evento aseguran que el Gobierno espera que el mundo empresarial aporte cerca de US$ 30 millones. Los gremios aún estarían evaluando el mecanismo legal para realizar los aportes. En el caso particular de Sofofa, por ejemplo, se estaría estudiando la posibilidad de realizar las donaciones a través de un aporte
colectivo ciego, para así no saber cuánto aportaron exactamente los socios del gremio de forma individual, lo cual debe ser validado por el Servicio de Impuestos Internos (SI). Representantes del gremio se reunieron el viernes para definir este tema, pero no quedó zanjado y continúa en estudio. Además, si bien el titular de la CPC, Alfonso Swett, planteó en un inicio la posibilidad de un fideicomiso ciego, hasta ahora se está canalizando todo a través de Fundación Imagen
Reciclaje: metas logran apoyo, pero piden homologar sistemas
Gremio propone eliminar diferencias entre sistemas individuales y colectivos.
Ayer, el Ministerio de Medio Ambiente terminó con uno de los misterios en torno a ley de reciclaje (Ley REP), respecto de las metas para el segmento de envases y embalajes, lo que fue sometido a consulta pública. ¿El objetivo? Subir progresivamente la recolección y revalorización de una
serie de residuos como el cartón o el vidrio, entre Otros. “Con estas metas vamos a transformar Chile en reciclaje a través de instaurar un nuevo sistema de recolección que va a llevar alos mismos hogares la posibilidad de recolectar todos los productos que se reciclan, complementando
un sistema actual donde las personas llevan los productos reciclados a los puntos limpios”, señaló la ministra de Medio Ambiente, Carola Schmidt. El decreto establece que desde 2022 el 11% del vidrio reciclado debe ser valorizado, es decir, debe tener un uso comercial. Para los metales como el aluminio, será 6%; papel y cartón y cartón para bebidas un 5%, y plástico un 3%. Estas cifras deberán ir en aumento gradualmente hasta 2030: la meta será de 65% en vidrio; 55% en metal; papel y cartón un 70%; cartón para bebidas un 60% y plástico un 45%. La Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (Anir) se mostró a favor de la propuesta presentada ayer, pero mantuvo dos reparos que plantearán en la ronda de consulta y que apuntan a las diferencias
que existen entre los sistemas de gestión -herramientas que impulsan los productores para lograr las metas establecidas- individuales versus los colectivos, especialmente lo referido a los territorios donde pueden operar. “El decreto interpreta bastante bien lo que se necesita. Sin embargo, no nos gusta que se haga una discriminación entre un sistema de gestión individual de
uno colectivo. Un sistema que tenga más de 20 actores puede retirar cualquier tipo de reciclaje, en cambio, uno individual estaría obligado a retirar sólo las marcas que ellos pusieron en el mercado. Eso es no detectar que el mercado se basa en materialidad”, dijo Alejandro Navech, gerente general de Anir.
LEA MÁS EN y
MALO
EVENTO SE REALIZARÁ ENTRE EL 2 Y 13 DE DICIEMBRE EN CHILE
De Chile, entidad a cargo de recibir las transferencias del sector público, donaciones de privados y otros aportes al evento. Algo en lo que sí hay claridad, y cercanos al grupo organizador buscan recalcarlo, es que la Ley 21.157 de la COP25 señala de forma expresa que las donaciones que se hagan al evento estarán liberadas del trámite de insinuación y exentas de todo impuesto. “Cualquier institución, entidad o persona que efectúe donaciones en dinero, bienes y/o servicios a la Fundación señalada en el artículo 1 de la presente ley, podrá rebajar dichas donaciones como gasto para los efectos de la determinación de la renta líquida imponible conforme a lo dispuesto en la Ley sobre Impuesto a la Renta, siempre que la donación se encuentre relacionada con la organización y ejecución de la Conferencia de las Partes de la COP25”, dice la norma. Para hacer efectivo esto, la ley explica que las donaciones se deben acreditar con un certificado que deberá emitirla Fundación Imagen de Chile, en la forma que determine el Servicio de Impuestos Internos. El lunes 17 de junio se reunirá el Consejo Asesor de la COP25, y se espera que a esa reunión los actores lleguen con más claridad respecto a los pasos a seguir. Dicha instancia está formada por Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Guido Girardi, Karla Rubilar, Pablo Badenier, Mónica Zalaquett, Maisa Rojas, Alfonso Swett, Jonathan Hertzfeld, Leonardo Maldonado, Andrea Rudnick, Alejandro Ruiz, David Sandoval, Sebastián Torrealba, entre otros.
US$ 90
millones
CUESTA LA REALIZACIÓN DE COP25
2115/
ES LA LEY QUE REGULA EL EVENTO Y SUS ACTOS RELACIONADOS.
Us$ 10
millones
HA COMPROMETIDO EL MUNDO PRIVADO AL EVENTO.