Agua, minería y comunidades
Gestión integrada como respuesta a la escasez
La participacion y el diálogo entre los diversos actores presentes en cada cuenca son claves para la resolución de conflictos en torno al acceso y uso del recurso hídrico.
L escenario de sequía que afronta el país ha impactado en los volúmenes de agua disponibles en el territorio para poder satisfacer el consumo humano y la demanda proveniente desde las empresas, una situación que podría empeorar en los años venideros. Carlos Barrera, gerente de Operaciones de MIinería y Medio Ambiente Ltda. (Myma), menciona que el ranking mundial de estrés hídrico del Instituto Mundial de Recursos sitúa a Chile en el lugar 18 entre los países con “riesgo extremadamente alto” de déficit del vital elemento.
Agrega que otros estudios posicionan a nuestro país dentro de los diez que se verán más afectados por el cambio climático en la próxima década. Bajo este panorama, “parece muy razonable establecer que el tema hídrico en la actualidad es uno de los aspectos más críticos para la sociedad en general, y en particular para la industria minera, especialmente lo referido al abastecimiento sustentable de aguas de origen superficial y subterráneo”, afirma el especialista. Ante ese escenario son relevantes iniciativas como el estudio “Conflictividad judicial de aguas en Chile: caracterización y propuestas para mejorar su prevención y resolución”, desarrollado por los académicos Daniela Rivera, de la Facultad de Derecho UC; Guillermo Donoso, de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC; María Molinos, de la Facultad de Ingeniería UC; y Camilo del Río, del Instituto de Geografía UC, el cual compila, estudia, caracteriza y sistematiza las controversias resueltas (sentencia definitiva) por tribunales ordinarios superiores de Justicia. Propuestas para la gestión La abogada Daniela Rivera explica que el objetivo que tuvieron a la hora de elaborar esta propuesta fue básicamente “tratar de colaborar y aportar ante una evidencia que habíamos constatado desde nuestros distintos campos; por un lado un incremento en Los conflictos por el agua en los últimos años, y de la mano con ello, una falta, una inexistencia, de una plataforma que reúna y unifique todos esos conflictos de una manera ordenada, de fácil y libre acceso”. La académica resalta que les parece clave propiciar un sistema electrónico digital con estas características, “que esté disponible para todos y que reúna los distintos tipos de conflictos, con caracterizaciones y análisis asociados”, haciendo hincapié en que esta iniciativa no necesita una reforma legal, “sino que más bien una unificación de esfuerzos, de voluntades académicas, de instituciones y también de la sociedad civil.
Por lo tanto, eso se podría implementar ya”.
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Otra de las propuestas del estudio es la creación del Consejo de Cuencas, con potestades de prevención y mediación de conflictos, para evitar su judicialización. Este tipo de organismos “debiesen estar contemplados a nivel legal, por lo tanto, ahí faltaría una reforma, pero estamos en proceso de revisión y reforma del Código de Aguas, por lo tanto, hay un escenario propicio para ello. No obstante, consideramos que igual podríamos partir y anticiparnos un poco a esa reforma legal, y proponer algunos acuerdos De Gestión Integrada por cuenca, y quizás en algunos proyectos pilotos implementar estas instancias de mediación y prevención de la conflictividad”, señala. El territorio como foco El estudio apunta a contar con herramientas que faciliten la vinculación entre los diversos usuarios presentes en el territorio, aspecto relevante considerando que en Chile la minería se desarrolla principalmente en lugares con baja disponibilidad hídrica, los que hace más compleja Su relación con otros sectores productivos y con las comunidades vecinas.
Carlos Barrera comenta que “una buena parte de las faenas mineras en operación cuentan con aprobaciones ambientales para abastecerse de aguas subterráneas y superficiales. Sin embargo, tales autorizaciones están al término de su vigencia y por lo mismo están altamente desafiadas, toda vez que, para viabilizar su continuidad operacional o incrementar niveles de producción, están llamadas a evaluar diversos escenarios bajo una lógica de
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Sustentabilidad del recurso, en que se combinan variables que hace 20 años no estaban necesariamente en el radar de la industria, por ejemplo: la sobreexplotación de recursos naturales renovables, niveles crecientes de conflictividad social, interacción con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, condiciones hidrometeorológicas extremas, decretos de zonas de escasez hídrica, mayores niveles de impugnación administrativa y judicial, entre otras circunstancias”. Telye Yurisch, economista de Fundación Terram, considera que “dar respuesta a la actual crisis del agua que se expresa a nivel nacional y regional es uno de los principales desafíos del Gobierno y, en particular, del desarrollo minero, considerando que el sector acentúa la presión sobre los recursos hídricos en regiones que presentan distintos escenarios de estrechez hídrica, como las de Antofagasta y Atacama, por nombrar dos casos emblemáticos”. El profesional advierte que Chile presenta un 76% de Su superficie afectada por sequías, desertificación y suelos degradados.
“Sumado a esto, gran parte de las regiones donde se desarrolla la actividad minera presenta un balance hídrico deficitario, donde, además, se encuentran 110 acuíferos con sobre otorgamiento de derechos de agua. Lo expuesto, sin duda, se ha expresado en una evidente tensión y conflictividad por el acceso y uso del bien natural/ derecho humano, que se expresa en 29 conflictos mineros/hídricos de los 116 que registra el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su Mapa de conflictos Socioambientales de 2018”, puntualiza.
Ante esta realidad, destacan iniciativas como Escenarios Hídricos 2030, que
Rivera, académica de la Facultad de Derecho UC y directora del Centro de Derecho y Gestión de Aguas.
Cent. : Carlos Barrera, gerente de Operaciones de Minería y Medio Ambiente Ltda. (Myma). Der. : Ulrike Broschek, subgerente de Sustentabilidad de Fundación Chi.
Información y normas de calidad Desde Fundación Terram resaltan la importancia de avanzar en la elaboración de información pública, actualizada y de fácil acceso sobre los derechos de agua otorgados (o sobre-otorgados) por cuencas, como también su desagregación a nivel local, comunal y regional. Junto con ello, advierten que es necesario crear normas secundarias de calidad del agua para las cuencas de las regiones en donde se desarrolla gran parte de la actividad minera del país, considerando poner un mayor énfasis en las cantidades máximas de arsénico.
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“es un proyecto que de partida es múltiple sectorial, por lo tanto lo que nosotros tratamos es invitar a todos los actores, con las diferentes visiones, en una mesa y trabajar en conjunto, en función de acuerdos y mínimos comunes: avanzar en la implementación de soluciones concretas, aterrizadas a los territorios”, detalla Ulrike Broschek, subgerente de Sustentabilidad de Fundación Chile. La experta considera que los problemas del agua se dan anivel local: “La escala de cuenca es un sistema hidrográfico común, un valle en común, que reúne las diversas necesidades y en donde se tienen que expresar las distintas demandas de agua, tanto desde el ámbito de la vida, del consumo humano, como del ámbito ambiental y de los sectores productivos. Resolver los problemas en el territorio es mucho más ádil, rápido, que estar gestionando desde el nivel central”. Cambio estructural Ante esta diversidad de visiones y usos que tiene el agua, Broschek plantea que es relevante la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), que es “el modelo que se ha visto como exitoso a nivel mundial. En Latinoamérica ya se está implementando: en Brasil ya está conformado, en México se usa, en Perú Partieron en 2010 y nosotros en Chile lo tenemos expresado en todas las políticas y estrategia hídri Cas, es la sexta meta de los objetivos de desarrollo sostenible (agua limpia y saneamiento), pero no lo hemos implementado.
La pregunta es por qué”, cuestiona. La profesional de FCH hace hincapié en que “es una decisión política de un cambio estructural, de cómo gestionar el agua de ahora en adelante; ya no se puede hacer desde el mercado del agua, eso es solamente para quienes tienen derechos de agua, pero las necesidades hídricas hoy día son también de consumo humano y del medio ambiente. El mercado del agua no resuelve por sí solo, necesariamente Tiene que incorporar esas otras demandas, y entre todos ponerse de acuerdo en cómo avanzar”. Una visión similar manifiesta Carlos Barrera, quien considera que “el Estado es el llamado a establecer políticas públicas idóneas y Articular a los actores en la búsqueda de alianzas que permitan compatibilizar los más diversos intereses”, resaltando el hecho de que “no existe la receta perfecta, lo importante es contar con un buen diagnóstico del territorio y sus dolencias, de modo de prevenir y gestionar los conflictos.
Para ello, mantener y fortalecer el diálogo con las comunidades vecinas y apalancar el desarrollo de soluciones desde la empatía y el respeto son aspectos claves”, enfatiza. Considerando dichos objetivos, Daniela Rivera sostiene que “esta idea de generar un Consejo de Cuenca, que tenga entre sus potestades alguna función relativa a la mediación de conflictos, para evitar que se judicialicen y tamBién ayudar en la prevención de los mismos, nos parece que podría contribuir enormemente al sistema, no solamente de resolución de conflictos, sino que también de gestión del agua en su conjunto”. Mch
El ranking mundial de estrés hídrico del Instituto Mundial de Recursos sitúa a Chile en el lugar 18 entre los países con “riesgo extremadamente alto” de déficit del vital elemento, advierte Carlos Barrera.
