Fallos recientes obligan a privados a revertir daños en estos ecosistemas
LEEN NA aviva proyecto de protección de humedales
AENA ETE US IR E está en segundo trámite y el gobierno presentará indicaciones este lunes.
Por Cristian Rivas
7 de agosto de 2018. La Corte Suprema falla a favor de vecinos y obliga al municipio de Puerto Montt, el Serviu y las inmobiliarias GPR y Socovesa del Sur a proteger y reparar los daños del humedal El Llantén, incluyendo la reubicación de un colegio construido sobre él. La decisión fue calificada por distintos expertos como un “precedente judicial” en materia ambiental. “Muchas normas vigentes y varios fallos veían a los humedales como pantanos, no valiosos, y que en manos privadas, podían ser rellenados o desecados libremente si el mercado determinaba un interés, por ejemplo, para proyectos inmobiliarios”, describe la abogada Verónica Delgado, investigadora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería (CRHIAM) de la U. De Concepción. La respuesta judicial ahora, en cambio, ha sido a favor de una “amplia protección”, dictaminando que no sólo el Estado tiene el deber de proteger estos ecosistemas, sino también el sector privado. “Aunque se cuente con permisos para realizar proyectos, siempre existe la obligación de “evitar' su deterioro y, si el daño se causa, de 'reparar' esa afectación, no en dinero ni en compensaciones, sino con acciones que restablezcan el complementa otro investigador del centro, el biólogo Ricardo Figueroa. En otras dos sentencias posteriores la
Corte siguió actuando apegada a ese dictamen. El 9 de octubre confirmó las sanciones de la Super de Medio Ambiente a Minera Maricunga, quien había sido demandada por el Estado para que reparara el daño en humedales del Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, en la Región de Atacama; y el 30 de octubre rechazó el recurso de protección interpuesto por el Club de Esquí Náutico de Concepción, que buscaba desarrollar una cancha de esquí acuático en Laguna Grande, en San Pedro de la Paz. Todos ellos fueron pronunciados por la Tercera Sala, que preside el Juez Sergio Muñoz, de conocido sello pro ambiental.
Escasa protección “En todos estos fallos, por fin, se escucha la voz de los humedales”, concluye Verónica Delgado. Junto con sentar precedentes, dice que también evidencian el vacío legal en materia de humedales. “Lo que está ocurriendo con estos fallos, parece reflejar un desarrollo jurisprudencial, cuyo propósito, junto a la protección de los humedales, es desnudar el anquilosamiento normativo y legislativo que se arrastra por décadas, pese a que la Convención de Ramsar (que protege estos ecosistemas) se encuentra en vigor desde 1981”, describe el ex fiscal del ministerio de Medio Ambiente (MMA), Jorge Andrés Cash. Según datos del MMA, Chile cuenta
con 14 humedales designados como Sitios Ramsar, los cuales comprenden una superficie de 362 mil hectáreas. Ni siquiera el 1% de las 4, 5 millones de hectáreas que comprende la superficie total de humedales en el país y cuyo número algunos sitúan en cerca de 30 mil. De los 14 humedales Ramsar, apenas el 22% está protegido como parque o reserva nacional y en el 88% restante, cualquier actividad podría desarrollarse previo paso por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Bajo este escenario cobra relevancia el Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022 que impulsa el gobierno y que busca aumentar las áreas protegidas, fijando una meta de 40 humedales que son prioritarios de salvaguardar. El valor del cuidado de estos ecosistemas es que actúan, por ejemplo, como eficientes amortiguadores naturales de fenómenos climatológicos extremos. En la cordillera son reservas de agua y en la costa mitigan los aumentos del oleaje.
Proyecto de ley avanza “Creemos que sí hay legislación que podría aplicarse para proteger los humedales, pero la mayoría de las veces las autoridades no las conocen”, dice Gabriel Muñoz, asesor legal de la Fundación Kennedy, ONG dedicada a la conservación de humedales. Pero hace falta algo más directo y ahí las miradas se dirigen al Congreso, donde
se tramitan tres proyectos en torno a los humedales: dos del diputado PC Daniel que prácticamente no han avanzado, y otra impulsada por el senador PS Alfonso De Urresti, que fue aprobada por el Senado y pasó a la Cámara el 18 de noviembre pasado. Esta moción busca identificar y proteger los humedales urbanos —los más deteriorados, según el análisis de la Fundación Kennedy, que apoya el proyecto— y establecer que toda actividad que pueda afectarlos debe ingresar al SEIA, igual a lo que ocurre con los que están protegidos bajo la Convención Ramsar. “Esperamos que el gobierno lo apoye y que no lo desvirtúe”, describe el senador. El jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA, Juan José Donoso, reconoce que el ministerio ha seguido la iniciativa “y se encuentra generando indicaciones al proyecto de ley”, aunque no entrega detalles de lo que presentarán este lunes. Respecto a un proyecto que considere los humedales en su globalidad y no sólo los urbanos, De Urresti dice que eso será incluido en el proyecto que crea el Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que ingresó en 2015 al Congreso y que el actual gobierno apoya. Los efectos sobre el sector privado y en particular sobre las inmobiliarias fue consultado a la Cámara Chilena de la Construcción que declinó opinar sobre el tema.
