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El proyecto de ley que faculta a las FF.AA. Para protegerlas ingresará al Senado con discusión inmediata:
Países como España incluyen en esa categoría a servicios que van desde el suministro de energía hasta el espacio. Agitada jornada en La Moneda en busca de consenso para sumar a los militares en la vigilancia.
—Muchachos, ¿cómo están? —Bien, Presidente. Envidia! A casi 40 días del estallido de la crisis social, el breve diálogo entre el Presidente Sebastián Piñera y los reporteros gráficos y camarógrafos que cubren sus actividades, ayer, en el Salón Azul de La Moneda, ilustra el trance que vive el Gobierno. Un país convulsionado por las manifestaciones, una agenda social aún en ciernes, un acuerdo político para una nueva Constitución que no termina de asentarse y una economía herida por los saqueos e incendios son solo algunos de los frentes abiertos en medio del mayor desafío que enfrenta Chile desde el regreso de la democracia.
Apremiado por la necesidad de paz social, el Gobierno optó por acometer un quinto reto, retomar el orden público, con un proyecto de ley que autoriza a las Fuerzas Armadas para resguardar infraestructuras críticas. Libera a carabineros Recibida con dudas por algunos sectores de la oposición, ayer, la iniciativa fue analizada a todo nivel: en el Comité Político de La Moneda, en una reunión del Presidente con los otros poderes del Estado, en el Parlamento y hasta en los matinales de televisión.
El jefe de Estado anunció que el proyecto llegaría a más tardar hoy al Senado —al cierre de esta edición seguía en elaboración— y con discusión inmediata. Su propósito “no es que los militares salgan a las calles, como dicen algunos”, planteó Piñera, sino que protejan infraestructuras críticas —que ejemplificó en los servicios de electricidad, agua potable, telecomunicaciones y salud—, sin tener que declarar un estado de excepción constitucional ni, por ende, restringir las libertades de las personas. “Sin ellas (las Fuerzas Armadas), es imposible normalizar el país”, reafirmó el senador Andrés Allamand (RN). El ministro de Defensa, Alberto Espina, agregó un factor práctico: la medida liberaría a carabineros que hoy vigilan esas instalaciones para reforzar el control del orden público.
Los encuentros para preparar el proyecto comenzaron el sábado, cuando el Presidente Piñera recibió en su casa a los titulares del Interior y de Defensa, entre otras autoridades.
Desde allí llamaron a parlamentarios de la oposición, entre ellos, al presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), para evaluar su disposición.
Ayer y en reuniones con senadores, Felipe Harboe (PPD) advirtió a representantes del Gobierno que su definición de infraestructura crítica es demasiado amplia, lo que hará difícil sumar votos a favor. Según señalan en La Moneda, algunos criterios son que el Ejecutivo pida a las FF.AA. —mediante un decreto presidencial— que resguarde la infraestructura crítica cuando “exista un riesgo de la seguridad nacional”, que las tres ramas usen las mismas reglas de uso de la fuerza del reciente estado de emergencia (pero perfeccionadas a la luz de esa experiencia, según comentó Espina), las cuales las autorizan a disparar como legítima defensa cuando sean atacadas.
El apoyo de las FF.AA. Al resguardo de infraestructuras críticas es una práctica extendida en el mundo (ver nota relacionada). España, por ejemplo, tiene una lista de 12 sectores clave: energía, industria nuclear, tecnologías de la información, transporte, suministro de agua, suministro de alimentos, salud, sistema financiero, industria química, espacio, recursos naturales y administración. Desde el 18 de octubre, Chile suma ataques a nueve de esas infraestructuras: energía (edificio corporativo de Enel y tendidos de alta tensión en Antofagasta, Valparaíso y Biobío), tecnologías de la información (fibra óptica de Alto Hospicio y torre de telefonía celular en Caldera), transportes (metro de Santiago, buses de Red, plazas de peaje en autopistas de Tarapacá, Antofagasta, O'Higgins y Biobío), agua potable (sanitaria Aguas Antofagasta), alimentos (decenas de supermercados en casi todo el país), salud (posta de Pozo Almonte y Hospital de Coquimbo), sistema financiero (decenas de sucursales bancarias en al menos nueve regiones), recursos naturales (rutas que permiten llevar productos forestales a puertos del Biobío) y administración (intendencias, gobernaciones y diversas entidades públicas, además de AFP). No hubo firmas En el encuentro de ayer con los poderes del Estado (ver fotografía), el Presidente Piñera buscaba mostrar una opinión unánime sobre la importancia de resguardar el orden público. Solo horas antes, los invitados recibieron un correo electrónico que los convocaba a la firma de un “Acuerdo por la paz, la demo y contra la violencia”. Durante el encuentro se les entregó el documento, pero los presentes se excusaron de firmarlo, según trascendió, porque no fueron consultados previamente y porque contenía afirmaciones más allá de “un imperativo como lo es la búsqueda de paz social”, se comentó.
En público, Quintana y el diputado Iván Flores (DC) plantearon críticas a la iniciativa de las FF.AA. —el presidente del Senado dijo que no hay evidencia “categórica” sobre el aporte de las FF.AA.
Al control del orden público— y que la agenda social debe, en su opinión, avanzar con más rapidez. Con todo, el proyecto de ley es parte de una batería de siete iniciativas relacionadas con seguridad que, a su vez, son el pilar del citado acuerdo, el cual fue distribuido ayer a los dirigentes de Chile Vamos en el Comité Político. “Esta será la semana de la seguridad”, señaló uno de los presentes, aludiendo al impulso comunicacional que se dará a los proyectos sobre modernización de las policías, fortalecimiento al sistema de inteligencia, ley antiencapuchados, ley antisaqueos y antibarricadas (todos en trámite) y dos nuevos: el de las FF.AA.
E infraestructura crítica y un estatuto de protección de las policías.
Cerca de dos horas duró la reunión de ayer entre los poderes del Estado.
"Cuando esté en riesgo esa infraestructura crítica, me parece que es absurdo no permitir la colaboración de nuestras Fuerzas Armadas”. SEBASTIÁN PIÑERA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA "No podemos naturalizar la presencia de las FF.AA.
En las calles. Por esa razón esperamos revisar el proyecto en profundidad”. JAIME QUINTANA (PPD) PRESIDENTE DEL SENADO "Hay un sector de la oposición que dice que condenaría la violencia, pero cuando el Gobierno toma medidas para frenarla, se oponen.
Eso no es coherente” ALBERTO ESPINA MINISTRO DE DEFENSA
URGENCIA El proyecto ingresará al Senado con discusión inmediata (seis días para cada trámite constitucional).
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