Boric ante retiro de proyecto que protegía los glaciares por parte del gobierno

"En Chile, nos hemos acostumbrado a que unas cuantas empresas hagan negocios a costa del patrimonio ambiental y cultural de la población"

- La Región de Magallanes y Antártica Chilena posee 1.840 ventisqueros, lo que corresponde al 57% del total de superficie país cubierta.
El glaciar Perry en seno Almirantazgo es uno de los 1.840 ventisqueros presentes en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Vitalia González vgonzalez@laprensaaustral.cl Chile posee 5.784 glaciares que lo convierten en la tercera reserva mundial de agua detrás de Groenlandia y la Antártica.
Juntos suman una extensión de unos 22.000 km2 y representan más del 70% de todos los existentes en Sudamérica.
De acuerdo con datos presentados en la Estrategia Regional de Glaciares (DGA) 2009, la Región de Magallanes y Antártica Chilena posee 1.840 glaciares, que suman una superficie aproximada de 11.947 km2. Ello corresponde al 57 % del total de superficie del país cubierta. De ahí la preocupación porque el gobierno haya decidido retirar el proyecto de ley presentado el 2014 por un grupo de diputados que buscaba proteger los ventisqueros y que regulaba y prohibía las actividades que podían realizarse en ellos.
La iniciativa ya había sido aprobada por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, restando a la Comisión de Hacienda la revisión del articulado relativo a la creación del Registro Nacional de Glaciares.
Respecto de esta materia el diputado Gabriel Boric señaló que éste era un tema que trabajaron ampliamente en el período anterior y que es una discusión que no se ha zanjado.
"Hay una discusión respecto a si lo que hay es una protección general de ellos per sé por serlo o si cada vez que se quiera intervenir un glaciar hay que hacer una solicitud de protección respecto a ése. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces debajo de los glaciares hay minerales que son muy codiciados por grandes empresas, como oro y, a veces, cobre, por lo tanto hay una presión muy grande por parte de la industria minera para poder desafectarlos con el objetivo de hacer negocios" precisó.
El parlamentario magallánico agregó: "En Chile nos hemos acostumbrado a que unas cuantas empresas hagan negocios a costa del patrimonio ambiental y cultural de parte importante de la población destruyendo comunidades enteras. Un ejemplo de ello es el robo del agua, algo que pasa mucho en el norte del país, pero que también ocurre en el sector de Ultima Esperanza con las salmoneras", sentenció.
Desde Chile sustentable acusan que la iniciativa fue retirada por "la férrea" oposición de las mineras. De hecho Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, señaló en El Mostrador que "las autoridades deben buscar un equilibrio razonable entre el sector productivo y la sociedad civil porque Chile no puede ser declarado Parque Nacional".
Prioridad para el gobierno La ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, según consigna La Tercera afirmó que la protección de los glaciares sí es una prioridad para este gobierno. "La moción que estaba en discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara no otorgaba una eficaz protección a los glaciares y así lo manifestaron no sólo sus autores, sino el informe de la Corte Suprema y también del actual contralor y diversas ONG ambientalistas" explica.
La secretaria de Estado agrega que la manera más conveniente de procurar una protección adecuada esa través del Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas, hoy en discusión en el Senado. "El gobierno no apoya esa moción parlamentaria, pero sí respalda la protección jurídica de los glaciares. Además, se iniciará el trabajo hacia una ley marco de cambio climático que por supuesto incorporará el resguardo y el cuidado de los glaciares".
Instrumentos de conservación De esta forma hoy el único proyecto en tramitación que apunta a algún tipo de protección, además de la reforma al Código de Aguas que impide entregar derechos de agua en glaciares, es el que se presentara a principios de este año en la Cámara Baja con el mismo objetivo. El texto ya fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, en la cual se amplió su ámbito de acción avanzando en una definición de glaciar para "todo volumen de hielo y nieve permanente, que persista por periodos de al menos dos años y que cubra un área igual o superior a 0,01 Km2 incluyendo cualquier superficie
rocosa con evidencia superficial de flujo viscoso, producto de un alto contenido de hielo actual o pasado en el subsuelo".
Asimismo, los reconoce manifiestamente como "ecosistemas complejos asociados a los ambientes glaciares y periglaciares y son parte del ciclo hidrológico de las aguas" ampliando su constitución no "¿Cuál es el problema? Que muchas veces debajo de los glaciares hay minerales que son muy codiciados por grandes empresas como oro y, aveces cobre, por lo tanto hay una presión muy grande por parte de la industria minera para poder desafectarlos con el objetivo de hacer negocios" acusó Boric sólo al hielo sino al "material detrítico rocoso, las lagunas y cursos de agua que se encuentren en su superficie".
Y establece su protección mediante la prohibición de todas las actividades "que generen impacto significativo o daño irreversible" sobre estas masas de agua sólida. Incluye entre ellas las que involucren su remoción, traslado o destrucción; las que siendo realizadas en su superficie afecten sus funciones, dinámicas y propiedades esenciales. También el desarrollo de actividades bajo la superficie de los glaciares que puedan alterar su condición natural, acelerar o interrumpir su desplazamiento, o acelerar su derretimiento, y la liberación, vaciamiento o depósito de basuras, productos químicos material particulado, desperdicios o desechos de cualquier naturaleza o volumen. Y, por último, cualquier otra acción contraria al objeto de la ley o que pueda afectar directa o indirectamente las funciones del glaciar.
"La moción que estaba en discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara no otorgaba una eficaz protección a los glaciares y así lo manifestaron no sólo sus autores sino el informe de la Corte Suprema y también del actual contralor y diversas ONG ambientalistas" sostuvo la ministra de Medio Ambiente para justificar el retiro del proyecto