Casi la mitad de la población rural en Chile no tiene agua potable. Nunca ha tenido. Pero hoy, producto del cambio climático, la deforestación y su sobreextracción desde napas subterráneas, muchas familias tampoco cuentan con ella en sus norias. Se han secado sus vertientes. En los últimos cinco años se han gastado 150 mil millones de pesos trasladando agua en camiones aljibes. Pero tampoco alcanza para todos.
Nunca vi ovejas pidiendo agua.. . Ahora hasta las gallinas tienen sed». Es Alfonso Manquel, 67 años, quien habla mientras mira a su alrededor en su campo ubicado en San Juan de la Costa, Región de los Lagos. Pertenece a la comunidad huilliche Puella la Cumbre. Siempre ha sido criancero y vive de sus animales. Asíeducó a sus tres hijos junto a María, su señora. Cuenta que antes se abastecía de un pozo que construyó, pero se secó hace unos seis años. Hasta su puerta no llegan los camiones aljibe que rellenan cada tres semanas los estanques verdes y azules alineados en las casas ubicadas en la orilla de la carretera. Con su familia, él vive un par de kilómetros camino adentro, hacia los cerros donde en invierno hay solo barro. Hasta hace un par de años, don Alfonso bajaba con bueyes a buscar agua a las correntadas. Dice que tiene en orden sus escrituras de derechos sobre ella. Pero ahora le faltan las fuerzas y es su hijo quien lo baja al río en camioneta para cargar bidones

para tres semanas. «Nos arreglamos con la gotera de la lluvia y con el agua que subimos con mi chico para cocinar, lavarnos, dar agua a los animales y regar la huerta», agrega doña María. La «gotera» es un sistema para recoger aguas lluvia, que luego ella sale a mostrarnos con orgullo. Más al sur, en el sector de Bellavista, vive la señora Mirta Marigual, a cargo de sus tres nietos, todos menores de seis años. Su hija trabaja en Osorno. Mirta pertenece a la comunidad Ñiecayen Mapu, en el sector de Cumuimo. Antes dependía de una vertiente ubicada a unos mil metros de su casa, que hoy es una poza aceitosa que aflora a ratos como una vena entre la tierra seca. A ella tampoco le llega el camión aljibe. El año pasado le compraba a un vecino que tenía pozo. Pero hace algunos meses fue beneficiaria de un proyecto gestionado por el representante de las comunidades de San Juan de la Costa, que la subía desde un estanque a través de bombeo con energía lograda de placas fotovoltaicas: hasta que se rompió el estanque y volvió a quedar en una situación

crítica. No llegó a acuerdo con su vecino, dueño del pozo. Así que ahora hierve varias veces el líquido oscuro y aceitoso de la vertiente. No tiene medios económicos para comprar agua envasada.

¿ CUÁNTAS PERSONAS NO TIENEN AGUA EN CHILE?

El Censo 2017 informa que 383.204 viviendas carecen de agua potable. La Casen 2017 precisa que son 1. 431.162 las personas afectadas por esta falta de abastecimiento y de servicios sanitarios básicos. Estas cifras han aumentado constantemente entre los años 2015 y 2077. Un estudio realizado el año 2018 por Fundación Amulén, junto al Centro Derecho y Gestión del Agua y al Centro de Cambio Climático —ambos de la UC—, expone con crudeza sus cifras: un 47,2 % de los habitantes de sectores rurales no cuenta con abastecimiento regular de agua potable. Este hecho tiene directa relación con índices de vulnerabilidad social, ambiental y económica («Pobres de
MARÍA ESTER ROBLERO
Agua. Radiografía del agua rural de Chile: Visualización de un problema oculto»). El estudio de Fundación Amulén señala que «si hacemos un cruce entre las personas que no tienen abastecimiento de agua potable a través de tuberías y la pobreza multidimensional reportada en la Casen 2015, vemos que existe congruencia entre ambas variables». De las 347 comunas que tiene Chile, 194 (55,9 %) cumplen con estos dos criterios: mayor índice de pobreza multidimensional y mayor carencia de agua que el promedio nacional. Las zonas más afectadas se concentran en el sur. La Región de la Araucanía ostenta el récord: 71,1 % de su población rural carece de acceso al agua, seguida por Biobío (68%), Los Lagos (64%) y Los Ríos (62%). ¿Cómo se abastecen de este elemento clave para la vida humana? Un 58% desde pozos, 25,8 % desde ríos, esteros, canales o vertientes, y un 15,4 % a través de camiones aljibe. Y son los pozos y vertientes familiares los que se han secado últimamente, dejando a estos hogares en una situación precaria.
Así ocurre, por ejemplo, en Tirúa. Juan Eduardo Fuenzalida S.J. Enumera: «Acá 128 hogares reciben camiones aljibe, con un total de 382 personas; más cuatro escuelas en Manqueche, Ponotro, Quidico y en Las Misiones».

DEFORESTACIÓN, SOBREEXPLOTACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO

Macarena Sánchez conoce San Juan de la Costa como la palma de su mano. Ella es ingeniero forestal y radiestesista; trabaja en un proyecto Indap para el desarrollo territorial indígena a través de Quilmay Consultores, asesorando a 180 familias de la comuna de San Juan de la Costa y a 120 un poco más al oeste, en San Pablo. Sobre las causas de la falta de agua para el consumo humano en esta zona explica: «Por las características geográficas no recibimos la que proviene de la cordillera y, antes de llegar donde nosotros, los ríos se desvían antes al mar. Nos alimentamos gracias a la lluvia que llega a pequeñas cuencas, pero estas son las que han sufrido las consecuencias del cambio
383.204

viviendas en Chile carecen

de agua potable (Censo 2017)
El 47,2 %

de la población rural en Chile se abastece de pozos, ríos, vertientes, esteros o camiones aljibe
Climático, que se une a procesos como la deforestación y la sobreexplotación del territorio. Cuando la naturaleza está en equilibrio, la lluvia cae sobre el bosque, esta va llenando las napas que, al saturarse, afloran a través de las vertientes. Por efecto de la deforestación, corre y se pierde. La sobreexplotación, por su parte, agota las napas. Por eso se han secado las vertientes y los pozos ahora deben hacerse más profundos». «La deforestación del bosque nativo partió en los años cuarenta del siglo XIX, cuando se talaron los árboles para cultivar trigo, que era muy demandado por la fiebre del oro en California. Luego, en los años sesenta del siglo pasado se instalaron muchos aserraderos y los lugareños también comenzaron a cortar indiscriminadamente para vender leña. Todo eso fue dejando el bosque al descubierto y la tierra degradada. El año 1974 se promulgó el Decreto Ley 701 que bonificaba fuertemente la reforestación para impulsar la industria maderera y la celulosa, y evitar que estas tierras se llenaran de sedimentos de ríos. El problema fue que se sembraron miles de hectáreas con pinos y eucaliptus, sin considerar el efecto que tendría sobre la vida de quienes viven acá», señala. Guillermo Donoso Harris, ingeniero agrónomo, PhD. En economía agraria y profesor titular de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal en la UC, ahonda en esta explicación: «Las regulaciones permitían un aumento sustantivo en la superficie de plantaciones de pinos y eucaliptus. Bajo la visión de que estas especies eran de secano, no se requirió mayor análisis de cómo iban a obtener riego. Pero si uno estudia la cantidad de agua que demandan estas especies en su etapa de crecimiento, efectivante se nutren a través de lluvia, pero también consumen humedad del suelo propiamente tal. Y el eucalipto, que tiene raíces más profundas, la extrae de cavidades subterráneas. Que esa sea la única causa es difícil, pero contribuye fuertemente a una mayor escasez hídrica. Y la gente que está más cercana a los bosques, lo ve más claramente», dice. Es lo que sostiene don Alfonso Manquel: «Estoy rodeado de eucaliptus. De

niño, yo crecí sabiendo que, si necesitaba secar un pantano para evitar que se enterraran los animales, tenía que plantar eucaliptus. Le oí a mi abuelo decir que era malo para las vertientes, que esos árboles las secaban. Crecí escuchando eso sin imaginar que un día lo vería».

EL AGUA POTABLE RURAL EN CHILE

Pero la falta de agua no solo está afectando a hogares que nunca han tenido acceso al agua potable y que antes se abastecían de vertientes y pozos, sino también a familias suscritas a comunidades de agua potable rural, conocidas como APR. Es lo que ha ocurrido en el sector de La ligua Petorca, entre otros. El Programa Nacional de APR se creó en 1964 para dotar de agua potable a localidades rurales concentradas, es decir, a aquellas con una población de entre 150 y 3. 000 habitantes. Cuando el año 2010 la población rural «concentrada» alcanzó cobertura universal de ese servicio, se sumó a este la población semiconcentrada. El programa APR ha sido exitoso, lográndose un alza en la cobertura desde un 6% el año 1960 a un 53% el 2018, registrándose una fuerte disminución en la tasa de morbilidad y mortalidad causadas por enfermedades vinculadas al consumo de agua de mala calidad. Sin embargo, algunos APR hoy presentan problemas. Especialmente las comunidades semiconcentradas han tenido fallas o cortes en sus suministros, que se atribuyen a falta de mantención, pero también a cambios en las condiciones climáticas, según señala el estudio de Fundación Amulén. Personas a cargo de APR de la zona central responsabilizan también a la sobreextracción de aguas subterraénas. Es lo que podría estar ocurriendo en Petorca-La ligua, zona que ya se nombra como «la nueva Lota». A sus pueblos, después de once años de sequía, llegaron la muerte y la carroña. «En Chile ha existido un sobreotorgamiento de derechos de aguas subterráneas. Hay muchos acuíferos donde se pueden extraer más litros por segundo, que los que se recargan en ellos. Este desbalance hace que el agua subterránea

baje de profundidad. ¿Por qué ha ocurrido esto? Por desconocimiento, conocimiento precario de los acuíferos, uso de conceptos que hoy ya no están vigentes —como «factor de uso previsible»— y mayor eficiencia en el uso del agua por sistemas tecnificados. Eso, sumado a la sequía prolongada que vivimos en Chile, explica que lo primero en ser afectado sea el agua superficial. Eso afecta el consumo humano rural», señala Guillermo Donoso. La Dirección General de Aguas (DGA) ha cursado veintiuna infracciones a la agroindustria por extraer más agua de la permitida. Sin embargo, su capacidad de fiscalización es muy limitada: tiene solo 52 fiscalizadores para 3. 300 pozos inscritos. Pero, además, mientras la gestión de las aguas superficiales (ríos, esteros, canales.. .) es supervisada por comunidades de usuarios, como juntas de vigilancia que cuentan con celadores y jueces de agua, y asociaciones de canalistas, sanitarias y APR, en las aguas subterráneas existen muchos vacíos legales y de gestión. «Se han inscrito sólo catorce organizaciones de aguas subterráneas en Chile contra tres mil de aguas superficiales», informa Daniela Rivera Bravo, abogada y directora del Centro de Gestión y Regulación del Agua de la UC.

EL PRECIO DEL AGUA, EL COSTO POLÍTICO Y LA SANCIÓN SOCIAL

La medida más socorrida para abastecer de agua a quienes no tienen ha sido a través de camiones aljibe: su solicitud se realiza vía decreto de emergencia directamente al Ministerio del Interior, donde se aprueba o rechaza. Silo autoriza, el Ministerio del Interior, a través de la SubDere, le entrega recursos a la gobernación, la cual contrata una empresa proveedora de agua potable a través de camiones aljibe y es cada municipalidad la que se encarga de la administración. Es una vuelta larga, con poca fiscalización. En los últimos cinco años ese gasto supera los 150 mil millones de pesos en Chile. Comparativamente, con estos fondos se podrían construir nueve hospitales de baja complejidad en el país.
En paralelo al auge de los camiones aljibes y a esta sequía que no acaba, aumentan las críticas al Código de Aguas de 1981 y a la Constitución de 1980, que en su artículo 19, n? 24 privatiza los derechos de aprovechamiento del agua y la gestión de los recursos hídricos. Se dice que la actual normativa chilena ha transformado el agua en un insumo productivo, que no diferencia entre agua para la industria y para el consumo humano, que no funciona en tiempos de crisis.. . Pero la DGA cuenta actualmente con herramientas legales para intervenir. Puede caducar derechos de agua provisionales y puede expropiar agua para reasignarla. No lo ha hecho y ha optado por comprar agua a privados para dotar a las APR. Entretanto, varios documentales están dando vuelta el mundo ahondando en el tema de la privatización de los derechos de agua en Chile con sugerentes títulos: «Secos», «La sabiduría del agua: cómo no secar un país» y «Día cero», entre otros. La cuestión del agua se instaló entre los primeros lugares de la discusión política.

DE LOS DERECHOS DE AGUA, AL DERECHO AL AGUA

«Pero toda discusión política a gran escala no sirve para solucionar pronto el problema de cada familia sin agua en Chile», asegura Macarena Sánchez. ¿Cómo lograr que cada hogar sin acceso al agua la reciba lo antes posible, considerando que es un requisito básico para la vida humana? «Creo que hay que partir por observar los mapas de erosión proyectados al 2050. Las condiciones futuras se ven peores a las que tenemos hoy. Necesitamos una mirada sistémica e integrada que nos diga cómo vamos a funcionar de acá a treinta años, cómo vamos a llevar agua y alimentar a la población, cómo vamos a ayudar a las familias que viven de sus cultivos», dice Juan Eduardo Fuenzalida S. ). «Me parece fundamental cambiar el paradigma y en vez de hablar de derechos de agua, empezar a hablar del derecho al agua de cada uno de los chilenos. Eso facilitaría las cosas, porque botaría barreras

burocráticas. Hoy se busca «impacto social», y ¿ qué impacto tiene solucionar el drama de una familia? Como radiestesista yo sé que hay agua subterránea y que cada familia podría tener un pozo. Pero, ¿quién lo construye? ¿ cuántos intermediarios en el proceso hacen que el precio de un pozo se multiplique?», pregunta Macarena Sánchez. En la discusión instalada actualmente se habla de derechos de privados versus el rol de Estado. Sin embargo, el primer informe de la Mesa n%1 de Compromiso País abre los ojos al respecto: sacar adelante un proyecto de agua potable rural tarda en promedio cinco años en Chile, el 56% de este tiempo se va en tramitación al interior del Estado. Por ello aparece como fundamental la activación de soluciones por parte de la comunidad. «Como directorio del canal Maule analizamos cómo podemos ir en ayuda de la municipalidad y de las personas para asegurar el consumo humano. El canal Maule pasa por el costado de muchas casas a lo largo de sus miles y miles de kms. Y tenemos la posibilidad de abastecer sus norias, con sistema de bombas y cifoneo. Hemos encargado un catastro de cuántas familias que podemos ayudar por esa vía», informa Alfonso Barrientos, agricultor y miembro del directorio del canal Maule. Hacerse cargo de la falta de agua de más de un millón de chileno implica también salvar un estilo de vida de nuestro mundo rural, con campesinos, pescadores y crianceros que viven de su trabajo. «Debiera haber planes para ellos que no impliquen simplemente ser absorbidos por empresas más grandes», señala Juan Eduardo Fuenzalida S.J. «Se han hecho leyes que ayudan a las empresas porque como país vamos a recibir más impuestos y se compensa con subsidios a las personas. Entonces lo que la gente hace con sus manos, su cultura, su estilo de vida.. ., lo hemos ido cortando por todos lados. Los jóvenes del campo se van a la ciudad porque sin agua no pueden sembrar ni cosechar, los mayores pierden sus cultivos, desaparecen las comunidades». Y es que sin agua no hay posibilidad de vida. MSJ
Alfonso Manquel, 67 años, y su señora María. Viven en San Juan de la Costa, Región de los Lagos. Pertenecen a la comunidad indígena mapuche huilliche Puella la Cumbre. Su pozo se secó, no le llega agua en camiones aljibe. Recoge aguas lluvia y cada tres semanas baja a buscar agua al río en bidones.
En los últimos cinco años el gasto en camiones aljibe supera los

150 mil millones

Con ese monto se podrían construir nueve hospitales de baja complejidad.

La Araucanía:

71% de su población rural no tiene acceso

al agua potable