Consulta ciudadana por parque
El domingo, los vecinos de La Reina, I.as Condes y Providencia fueron convocados a votar acerca de dos proyectos para remodelar el Parque Padre Hurtado. El resultado fue ampliamente favorable para la opción 2, que considera un mejoramiento acotado de las actuales instalaciones. Dicha propuesta consiguió el 72,5% de las preferencias, entre las casi 78 mil personas que emitieron su voto. La opción 1, que consideraba una remodelación más profunda y la instalación de una laguna cristalina, recibió menos de un tercio de los sufragios.
Hay numerosas interpretaciones acerca del resultado. Es posible, como han señalado algunos observadores, que hayan influido el abierto favoritismo del alcalde de Las Condes por una de las alternativas la forma en que fue planteado el voto o algunas simplificaciones en torno a la naturaleza pública o el financiamiento del proyecto. Pero resulta aventurado analizarlas en base a evidencia anecdótica y sin información acerca de las motivaciones de los votantes. Si bien no se trató de un plebiscito vinculante, la forma en que fueron planteadas las alternativas y el contundente resultado lo transforman en un mandato prácticamente obligatorio.
Hay mucho por mejorar en la forma en que fue planteada la consulta. La convocatoria a votar sobre proyectos cerrados y definidos no responde tampoco a los parámetros óptimos de un proceso de participación ciudadana. Pero no por ello la iniciativa de Joaquín Lavín y los municipios que comparten la propiedad del parque es menos valiosa. Es evidente que será cada vez más difícil que los alcaldes planteen intervenciones decisivas en e! espacio público, o que dispongan del uso discrecional de los recursos fiscales, sin considerar la opinión de vecinos y comunidades. En ese sentido la consulta abre un camino que será difícil deshacer.
Hay en ello, por supuesto, varios riesgos implícitos. Recurrir de manera sistemática a la democracia directa puede ser para alcaldes y otras autoridades, una forma de evadir las responsabilidades que les corresponden en la administración de la ciudad. También es probable que los argumentos del tipo N.I.M.B.Y. ("no en mi patio trasero") prevalezcan por sobre el bien común de la ciudad, como ha ocurrido en el caso de la definición de alturas y densidades en los planes reguladores comunales.
Pero la forma de neutralizar dichas amenazas debe apuntar a mejorar la calidad de la participación, y no a limitarla. Un trabajo publicado por el CEP (Hernando y Razmilic, 2015), a propósito de la instalación de proyectos de inversión, señala que ni las compensaciones ni la participación ciudadana centrada puramente en la información tienen efectos reales en la aprobación de los proyectos, en tanto las comunidades no tengan la posibilidad real de incidir en el diseño y la localización de los mismos.
"Será cada vez más difícil plantear intervenciones decisivas, o el uso de los recursos fiscales, sin considerar la opinión de los vecinos".
