FOPOS: AGENCIA UNO / VILAR RAVANAL
Rodrigo Zamorano C.
Rodrigo. zamorano(Daustraltemuco. Cl
| pasado lunes 9 de diciembre, el Presidente Sebastián Piñera irrumpía en los medios televisivos con un mensaje en cadena nacional respecto a la aplicación de una agenda “antiabusos” que tiene por objetivo combatir los delitos de “cuello y corbata” y que a juicio del propio Piñera, busca dar un trato justo ante la ley. El Presidente hizo referencia a tres grandes ejes dentro de la agenda: colusiones, derechos de los consumidores y protección para los trabajadores. Dentro del primer enunciado, el Mandatario en su discurso anuncia medidas para combatir con mayor celeridad las colusiones en los mercados, los delitos tributarios y de información privilegiada. Tales ilícitos, catalogados
La Fiscalía de Alta Complejidad y la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía tienen a su haber 69 causas abiertas por delitos de corrupción, 20 casos más que el año pasado. El delito de fraude al Fisco lleva la delantera en las indagaciones.
De corrupción, actualmente no terminan siempre con una condena de presidio efectivo y por el contrario finalizan con acuerdos reparatorios y penas sustitutivas a la cárcel. La realidad regional indica que en La Araucanía se investiga a la fecha un total de 69 causas por delitos económicos agrupados bajo la etiqueta de corrupción. Entre ellos, el que mayor aumento ha registrado respecto al año pasado es el ilícito de cohecho, con 13 causas abiertas en lo que va del año, seis más que en 2018. Entre ellas figura, por ejemplo, el bullado “Caso Colectivos”, el que terminó con una
exfuncionaria de la Seremi de Transportes condenada a cinco años de cárcel por el delito de cohecho reiterado y falsificación de instrumento público. El fraude al Fisco, en tanto, suma 24 investigaciones penales en la Región, un 33% más que las causas indagadas por el Ministerio Público el año pasado en La Araucanía. El tercer delito económico con mayor cantidad de investigaciones es la malversación de fondos públicos, con 12 ingresos en lo que va del año. En 2018 el mismoilícito tuvo un total de 11 casos a nivel regional. El resto de causas asociadas a la corrupción se disgrega en
delitos como la prevaricación, el tráfico de influencias, la negociación incompatible y la violación de secreto, todas con alzas en relación a los casos investigados el año pasado. En La Araucanía los delitos de carácter económico son investigados por dos unidades operativas: la Fiscalía de Alta Complejidad y la Fiscalía Local de Temuco a través de la Unidad de Delitos Económicos y Funcionarios. En estas dos unidades los ilícitos que se abarcan son delitos de corrupción en términos amplios, donde la mayoría de los casos corresponde a delitos que cometen funcionarios públicos en el
ejercicio de sus funciones y van en contra del funcionamiento de la administración pública o el patrimonio fiscal. En su mayoría corresponden a delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y cohecho. Siendo éstas las tres figuras más importantes.
SANCIONES Consultado por los anuncios hechos por el Presidente Sebastián Piñera respecto a las modificaciones sobre los tos de “cuello y corbata”, el fiscal vocero del Ministerio Público en La Araucanía, Roberto Garrido, afirma que “la Fiscalía valora este tipo de indicaciones que tienden a precisar mejor los delitos con el propósito de abarcar más conductas y que aumentan las penas, que en general son bajas con otro tipo deilícitos”. Garrido asevera que el catálogo de penas que contempla el Código Penal es diverso y es proporcional con la gravedad del hecho en comparación con otros delitos. “Vemos que losilícitos de corrupción y de carácter económico afectan a una cantidad importante de personas, estamos hablando de miles y millones, como es el caso de la colusión, y por lo tanto deberían tener una sanción que fuera acorde con el nivel de daño que produce en la sociedad”. El vocero de la Fiscalía precisa que en términos generales, los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y cohecho tienen una gravedad media a alta, con sanciones que van desde el presidio menor en su grado medio (que parte en 541 días de cárcel) hacia arriba y que pueden llegar a penas de presidio mayor (cinco años y un día hacia arriba). Sin embargo, tales sanciones difícilmente llegan a penas con presidio efectivo. “Cada vez que una persona sin antecedentes es sancionada a una pena menor a cinco años, puede optar a una pena sustitutiva, esa es la regla general. En estos delitos es posible que se dé este caso, porque no es tan frecuente encontrarse en estos casos con personas que sean reincidentes o que tengan antecedentes”, comenta Garrido. Misma apreciación tiene el
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A
EL JUICIO POR COHECHO Y FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTO PÚBLICO DEL LLAMADO “CASO COLECTIVOS”.
Diputado del Partido Por la Democracia (PPD), Ricardo Celis, quien en la Región ha denunciado diversos casos de fraude al Fisco y cohecho; y que además ha oficiado a la Contraloría una serie de antecedentes por malversación de fondos públicos. “Hay un clamor muy fuerte respecto a que Chile sea un país transparente y donde la corrupción sea altamente castigada con sanciones importantes para las personas que ocupan cargos políticos y cargos de personas en la administración pública”, señala Celis. El parlamentario sostiene que tales ilícitos en La Araucanía se dan “particularmente en los municipios, donde hay un ámbito de área gris respecto con delitos de cohecho, con licitaciones truchas y actos queestán reñidos con la ética y fundamentalmente con la fe pública”. Misma sensación tiene el diputado de Evópoli Andrés Molina, quien asegura que “estos son delitos que deben tener cárcel, así como también ilícitos como usurpaciones y tomas de terrenos que también requieren sanciones. Hoy en día el cohecho no tiene penas de cárcel efectiva y es muy difícil que se logre una sanción de presidio; por eso es importante poner una agravante en las penas de corrupción de tal manera que tengan presidio, tanto para los funcionarios públicos como para las personas que están detrás de tales irregularidades”. El parlamentario oficialista señala que “vemos que hay una cantidad de controles y de gastos administrativos en Contraloría para evitar este tipo de fraudes porque como no hay penas efectivas tenemos que llenarnos de controles. Si hubiera una pena alta de cárcel es probable que se puedan evitar múltiples controles y hacer más expedito el sistema público”. El congresista opina que las principales irregularidades se
viven en ministerios con gran presupuesto “y sobretodo en reparticiones que tienen alto nivel de recursos como el caso del Ministerio de Obras Públicas en la Región”.
INICIATIVAS Dentro delos anuncios hechos por el Presidente Piñera, centrados en los abusos del sector privado, el fortalecimiento de la competencia en los mercados y el aumento a sanciones efectivas por delitos económicos, hay un punto que es clave para la persecución delos delitos de cuello y corbata: la facultad exclusiva del Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Electoral (Servel) para interponer querellas por delitos asociados a la corrupción. Ante tal obstáculo, el Ministerio Público aboga porque la ley le entregue mayores atribucionesalos fiscales para iniciar investigaciones por delitos económicos que afectan el erario
nacional. “La Fiscalía estima
que los anuncios del Presidente son insuficientes en aspectos que son relevantes, como por ejemplo en cuanto a la titularidad de la acción penal”, señala el fiscal vocero del Ministerio Público en La Araucanía, Roberto Garrido. El portavoz sostiene que en una serie de delitos la Fiscalía no puede intervenir mientras no exista la decisión de otro órgano de carácter administrativo como el Sil ola Fiscalía Nacional Económica (FNE) o el Servel. “Por eso el delito de colusión existe pero no hay ninguna investigación en curso porque para poder hacerlo, la FNE, que no es parte del Ministerio Público sino que solo coinciden en nombre, tiene que formular esa denuncia. Lo mismo pasa en aspectos tributarios y en leyes electorales, que son denunciados por el Servel”, asegura Garrido. El vocero de la Fiscalía añade: “Ese es un aspecto muy relevante y fundamental para la Fiscalía a fin de poder abordar como corresponde este tipo de investigaciones y evitar que estas distinciones puedan generar algún grado de desigualdad y privilegios”. Otras medidas que merecen ser abordadas y que no contempla el anuncio, afirma Garrido, es la implementación de modificaciones en las técnicas de investigación que permitan abordar delitos que son sofisticados en su comisión y que son complejos. “Por ejemplo, medidas que yaseutilizan en otros delitos comolos agentes encubiertos, el al Zzamiento del secreto bancario, la interceptación telefónica y la recuperación de activos como un elemento disuasivo en la comisión delos delitos, porque estaría afectando directamente el patrimonio de quienes incurren en estetipode conductas”, puntualiza el vocero de la Fiscalía.
