RAMIRO MENDOZA, PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR:
“Los funcionarios (públicos) quieren claridad y espacio para demostrar sus competencias y compromiso”
—¿Qué debe hacerse para que esta agenda no sea otro esfuerzo aislado como otras veces? —Cada gobierno ha relevado (y también sufrido) las dificultades en el ejercicio del poder y en la gestión de la administración. Lo que ha acontecido en los últimos años refleja un tránsito, con mayores y menores velocidades, desde ejes donde lo relevante era el tamaño del Estado, su número de personas y la magnitud del gasto, a nuevas formas de relacionamiento y exigencias donde cobran relevancia la transparencia, el acceso a la información, la probidad, los servicios, su calidad y oportunidad. El eje central pasó a ser la persona, que está muy atenta a los derechos que le conciernen frente al Estado. Todos los esfuerzos realizados, que han sido muchos, han carecido de una visión que refleje una política de gobierno, en tránsito a una política de Estado. La mejora del Estado, de la administración y del funcionamiento de las instituciones (políticas, legislativas, judiciales) no puede ser asumida sin una hoja de ruta que contenga determinación, arquitectura institucional, propuestas, proyección de instalación, prioridades, evaluación y participación. La creación del Consejo Permanente, que no se extingue con un
único entregable, ni en un período presidencial, puede constituir la principal diferencia con las anteriores propuestas. Seguramente requerirá refuerzos legales que consideren su permanencia, en la medida que vaya cumpliendo su rol.
Realista una agenda con 52 medidas? —La idea es que sea una hoja de ruta. Muchas de las medidas, en cuanto posibles por la vía reglamentaria, ya se han trabajado o están en período de afinamiento. Otra cantidad está en el Congreso y otras requieren proyectos de ley que se irán entregando en el período presidencial faltante. A veces nos atrapamos en la oferta, y la clave de lo que contiene la agenda es la arquitectura sistémica de quienes están encargados de la tarea, los roles (el Consejo Permanente, el Comité Ejecutivo de Modernización del Estado y la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda), y los principios que revelan qué es una modernización y qué es un simple ajuste legal. Además, el ministro de la Segpres fue do el jueves como la autoridad que tiene a su cargo este esfuerzo. Dicha identificación, como líder de la coordinación que esto supone, había sido sugerida y esperada por el Consejo.
—¿ Qué urgencias son ineludibles? —Hay un viejo dicho: quien mucho abarca poco aprieta. En este sentido, el consejo, al pronunciarse sobre la agenda, identificó una lista de diez prioridades que van desde modernizar el estatuto del empleo público (en primer lugar) hasta la flexibilidad en la organización del Estado, pasando por cuerpos directivos, Servicio Civil, Dirección de Presupuestos, evaluación de políticas públicas, fortalecimiento de la regionalización, entre otras. Hemos quedado atentos y estamos trabajando en asumir los retos y prioridades que nos hizo presente el Presidente.
—A la luz de su experiencia en la Contraloría, ¿cómo se consigue avanzar en cambiar el estatuto del empleo público sin entramparse en una negociación política costosa con la ANEF? —Hay un evidente problema en el empleo público. En el período de revisión y priorización de la agenda que propuso el Gobierno, tuvimos sesiones con los funcionarios, la Sofofa, profesores y varios centros de pensamiento que han identificado el problema y planteado soluciones razonables que no pueden demorarse mucho más. Un dato relevante: el 70% de los funcionarios son a contrata y solo alrededor del
30% sirve cargos de planta. Decisiones administrativas fundadas han dado permanencia a cargos de contrata y la judicatura laboral también regla decisiones que se refieren a funcionarios públicos, con oposición del Tribunal Constitucional. Ello genera desigualdades de trato, judicialización y costos impensados desde el punto de vista presupuestal. En ese sentido, este tema es de una trascendencia fundamental para la gestión de cualquier gobierno y merece también la atención de todo funcionario. En cuanto al momento de su abordamiento: nunca será el mejor momento si hay componentes políticos, pero ello no puede congelar la discusión, el reconocimiento del fenómeno y también la devolución de la dignidad del empleo público. Cuando uno avanza con los funcionarios, se advierte que todos están conscientes de que un régimen de empleo que supone solo judicialización para la resolución de sus quiebres impide avanzar en movilidad, carrera, perfeccionamiento, capacitación y calificación, dándose un espacio que termina por levantar murallas de arbitrariedad, amiguismo y poder. Los funcionarios también quieren claridad y espacio para demostrar sus competencias y compromiso. La clave del dilema es que la solución es con ellos y no contra ellos. WM
