Araucanía y policía se tienden a usar casi como sinónimos en Chile. Por décadas, sino siglos, la respuesta del Estado centralista y elitista frente al reclamo de los pueblos originarios ha sido la criminalización de su accionar. Con el regreso de la democracia en los go dos procesos paralelos se consolidaron. Por un lado, la invisibilización de los reclamos del pueblo mapuche en el sur del país, consolidando una mirada condescendiente, estigmatizadora y poco inclusiva. Una agenda que lentamente se fue tornando principalmente en un problema policial, cuando no militar. Se los acuso de criminales e incluso terroristas, se les probó poco y nada pero se los castigó bastante. Por otro lado, con la democracia crecieron los poderes policiales, se consolidaron enormes espacios de autonomía que se grafican en la negativa a entregar informes solicitados por las autoridades o la directa confrontación mediática contra el Ministerio Público. Así, la política a la policía le cree todo y a los mapuches nada, o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Mientras que los presupuestos se abultaban en las tareas policiales, en el sur se consolidaban los más altos niveles
POR LUCÍA DAMMERT*
de pobreza y abandono. Mientras que en La Moneda la policía tiene trato preferente, los pueblos originarios juegan roles secundarios. Los temas centrales de la agenda de la plurinacionalidad, de las cuotas de representación política, del reconocimiento de nuestras culturas ancestrales no fueron tan prioritarios como aumentar las dotaciones, desplegar blindados e incluso firmar acuerdos internacionales de cooperación. El injusto encarcelamiento de líderes comuneros mapuches basado en la evidencia de la ya famosa “operación huracán” pasó casi desapercibido. Se pueden permitir muchas cosas pero la ciudadanía no perdona la asociación ilícita que se había instalado en el centro de la institución policial y ya lleva defraudado más de 26 mil millones de pesos, así como las múltiples noticias que evidencian problemas de disciplina, vinculación con organizaciones criminales, abultamiento de evidencia, en fin. Malas prácticas que además casi nunca terminan en castigo sino en un manto bastante evidente de impunidad. La muerte de Camilo Catrillanca empezó siendo casi justificada. “tiene antecedentes” se dijo, “estaba en el robo del
vehículo” o “huía en un tractor” fueron las primeras declaraciones. Todas basadas en información policial inexacta, dado que la política al haber renunciado al gobierno efectivo de la seguridad pública se ha convertido en un amplificador de la información que entregan. No es la primera vez que ministros, subsecretarios e intendentes tienen que reconocer la equivocación de las declaraciones pero luego no generan los procedimientos necesarios para dejar de ser voceros de la policía. La muerte de Catrillanca debería generar expulsiones de la institución pero no hay que olvidarse que por Ley el ministro no puede sacar oficiales sin un sumario previo, lo que generalmente se convierte en una estrategia dilatoria y de protección. Por ende tiene que pedir que ojalá tengan a bien renunciar. Insólito. Otra cosa es con los suboficiales, los que han pagado con expulsión inmediata generalmente por las malas decisiones. Muchos piden responsabilidades políticas por la muerte de Catrillanca. Sin duda las hay para los que festinaron con la idea de un comando formado en Colombia para luchar contra el crimen organizado. O los que por años no re-
ponsabilidad política?
visaron las múltiples denuncias de uso innecesario de la fuerza en las cotidianas acciones vinculadas con el control del crimen en el sur del país. O los que compraron blindados sin darse cuenta que las comunidades no tienen asfalto y sus hijos caminan kilómetros para llegar a la escuela. O los que permitieron que se instale la impresión que la solución del conflicto es principalmente policial. Son tantas las responsabilidades que se terminan diluyendo. Sin embargo, las declaraciones del intendente son inaceptables, habló desde su prejuicio y no dudó en creer la información que le entregaron. Son décadas pidiendo un cambio de rumbo. Más que concentrarnos en un debate sobre las culpabilidades, este es el momento de una reforma que incluya cambios políticos serios para los pueblos originarios, cueste lo que cueste. También es momento de una reforma policial que brinde control civil, caiga quien caiga.
*Académica USACH
