Acelerar la descarbonización
De acuerdo con estudios del Ministerio de Energía, sería posible adelantar el cierre de todas las centrales en siete años respecto de las fechas ya anunciadas en junio pasado, si se cumplen ciertas condiciones. Más aún, se estima que hacia 2037, incluso en el peor de los escenarios de sequía, más de un 80% de la energía eléctrica nacional podría ser renovable. Así, es probable que hacia 2050 o antes se consiga la meta de la carbono neutralidad. Ello, considerando un uso más extendido de la electricidad en la matriz energética, con fuerte penetración en calefacción, aire acondicionado y procesos industriales, además de una penetración conservadora de la electromovilidad. Las proyecciones provienen del estudio de escenarios que, según la ley, debe desarrollar el Ministerio de Energía. Se definen allí cinco escenarios que consideran distintas tasas de crecimiento de la demanda eléctrica, de los costos de combustibles y de los costos de inversión de nuevas tecnologías solares y eólicas; también se incorpora la aceptación social de las inversiones en electricidad. Así, el análisis considera el cierre de las ocho plantas a carbón anunciadas en los próximos cinco años —incluyendo Puchuncaví—, que restarían 1074 MW de capacidad. Para el resto de las unidades a carbón se puso en junio como fecha tope de cierre el año 2040, pero el estudio advierte la factibilidad de adelantarla a 2033, aunque esta no sería una medida sin costos: a esa fecha muchas de estas centrales solo tendrán la mitad de su vida útil cumplida. El adelanto dependería críticamente de la disponibilidad de capacidad de transmisión. Esta permite trasladar las energías renovables solares y eólicas del Norte al Centro Sur, así como llevar al Norte las energías almacenadas en embalses del Sur en las horas en que la generación solar cae. Sin la referida capacidad de transmisión, ni la meta de 2040 ni menos su anticipación podrían conseguirse. Se hace así evidente la contradicción de quienes utilizan argumentos medioambientales para oponerse a nuevas líneas que permitirían acelerar la salida de los peores emisores de gases de efecto invernadero, como son las centrales a carbón. Estos estudios prospectivos no garantizan que el futuro vaya a ser igual a lo proyectado, pero indican con solidez que se podrá descarbonizar la matriz con costos marginales de la electricidad menores que los actuales, de US$ 50 a 55 MWh. Y dado que se trata de estudios públicos y abiertos, permiten diseñar políticas públicas de buena calidad para el sector. Por cierto, cabe advertir que en esta materia Chile no es líder en la región. Uruguay ya produce casi el 100% de su energía con medios renovables, incluyendo grandes proyectos hidroeléctricos conjuntos con Argentina, y gran uso de biomasa y de generación eólica. Brasil y Colombia, a su vez, reciben más del 75% de su energía de proyectos hidroeléctricos. Nuestro país, que no dispone de hidrocarburos y donde las grandes iniciativas de este tipo han enfrentado fuerte oposición, debe depender de las energías no convencionales, lo que hace el proceso más lento.
El adelanto dependería críticamente de la disponibilidad de
capacidad de transmisión.
