Poderes, contrapesos y balances
Ernesto Evans E.
Stamos siendo testigos de disputas entre poderes públicos, y nos pre- guntamos si es normal dentro de un sistema democrático. Hace semanas, un grupo de diputados interpuso, en la Corte Suprema, una solicitud de remoción del fiscal nacional, Jorge Abbott. Nuestro ordenamiento jurídico permite que tanto el Presidente de la República como ministros y otras autoridades pueden ser acusadas constitucionalmente por la Cámara de Diputados, pero esto, evidentemente, genera tensión entre el Parlamento y un organismo autónomo como lo es la Fiscalía. Por otra parte, varias contiendas entre el Legislativo y el Tribunal Constitucional —organismo autónomo eindependiente que hace el “control preventivo y posterior de preceptos legales”— están llenando, con bastante frecuencia, las páginas de los medios de comunicación. Para algunos, está muy bien su rol proactivo y, para otros, el TC está excediendo con sus fallos sus atribuciones. En el caso del
Sernac, o el proyecto de ley sobre la DGA, incluso algunos han calificado su actuar como “desatado”, “ignorando todo límite a su competencia de oficio” (Atria). Contrario a esta visión es la de Francesco magistrado de la Corte Costituzionale italiana: el control que hace el Tribunal Constitucional “puede generar riesgos de interferencia con el proceso legislativo”, pero “cualquier forma de control de las leyes (ante el Tribunal Constitucional) es necesaria”. También la tensión entre el Ejecutivo y Legislativo se ha incrementado, por ejemplo, cuando el gobierno de Sebastián Piñera comenz Ó a impulsar grandes acuerdos nacionales: equidad de género, salud, infancia y el conflicto en La Araucanía. El Ejecutivo formó comisiones técnicas, a modo de un trabajo prelegislativo, y con miras a apoyar, transversalmente, estas iniciativas. Pero algunos parlamentarios sintieron que se les estaba pasando a llevar, acusando incluso que esta fórmula buscaba hacer del Congreso un
simple “buzón de los acuerdos”. Este conflicto está en desarrollo, y se ha vis- to, además, alimentado con frases co- mo “pónganse a trabajar” o las acusa- ciones de “sequía legislativa” por parte de la oposición. Volviendo a la pregunta original, ¿son normales las tensiones entre el Ejecutivo y el Legisla- tivo, o de este último con el Tribunal Cons- titucional? La expe- riencia histórica de- muestra que la con- centración política en un solo poder lleva al absolutismo y, como lo vemos en otras lati- tudes, a la falta de li- bertad, caos económico y deterioro so- cial. Es razonable, pues, que los pode- res del Estado tengan peso, pero tam- bién contrapeso. Hacer de esta tensión una realidad permanente es saludable, pero las fuerzas en pugna deben per- mitir avanzar en los temas prioritarios. De lo contrario, el estancamiento de la agenda de políticas públicas impedirá los cambios necesarios en niñez, salud o delincuencia.
“La experiencia histórica demuestra que la concentración política en un solo poder lleva al absolutismo”.
